Una persona enciende un fuego de cocina de gas.
Comercializadoras y gasistas se movilizan para que el Gobierno cambie la tarifa regulada para tres millones de clientes
ACIE se reunirá con Transición Ecológica el miércoles para reclamar una indexación de la tarifa de último recurso (TUR) al mercado ibérico del gas.
Más información: Las comercializadoras de luz independientes cargan contra el veto a las llamadas: "Daña la competencia y al consumidor"
Las comercializadoras independientes y el sector gasista se movilizan para que el Gobierno modifique el cálculo de la tarifa regulada de gas para tres millones de clientes. La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) y la Asociación Española del Gas (Sedigas) han enviado una carta conjunta al Ministerio de Transición Ecológica para reclamar una indexación de la tarifa de último recurso (TUR) al mercado ibérico del gas.
"Y es muy probable que este asunto se eleve a nuestras asociaciones europeas", ha asegurado Víctor Hernández, presidente de ACIE y responsable del área legal de Eni Plenitude, en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.
Precisamente, la asociación llevará este asunto a una reunión convocada el próximo miércoles con Transición Ecológica, "lo que agradecemos muchísimo", revela el presidente de ACIE.
La actual fórmula de la TUR no se modifica desde 2009. "La TUR está indexada a valores como el barril de petróleo Brent en el segundo y tercer trimestre, mientras que en el primer y cuarto trimestre se indexa al mercado británico de gas (NBP)", explica Víctor Hernández.
"En su momento esto podría tener sentido porque era un mercado líquido, pero la realidad es que actualmente tenemos el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas)". Por este motivo, reclama quitar "la referencia al barril de Brent y al NBP, y hacer una indexación parcial al Mibgas, con una cesta de productos de futuros para darle estabilidad". "Así ocurre en la tarifa regulada de la electricidad (PVPC)", señala.
Este cambio en la fórmula de precios, no obstante, encarecería la factura de los consumidores acogidos a la tarifa regulada. "Pero si estamos hablando de descarbonización y propugnando las renovables, ¿por qué el coste del gas es muy inferior debido a una intervención regulatoria?", explica Hernández.
"¿Cómo trasladamos el mensaje de la descarbonización si el coste de la materia prima fósil es mucho menor que el de la electricidad?", reflexiona.
Además, según ACIE, la fórmula actual de la TUR trae un problema de fondo: "está acabando con la competencia". "Si liberalizas el mercado del gas, hazlo. No instaures una tarifa absolutamente regulada contra la que no se puede competir en un mercado libre", demanda.
En España hay 8 millones de clientes en el mercado de gas. El número de usuarios acogidos a la TUR es de 3,1 millones, lo que supone el 38,9% del total, según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El comercializador de último recurso con mayor cuota de mercado es Naturgy (52,6%), seguido de Iberdrola (20,7%), Endesa (15,2%) y TotalEnergies (11,5%).
Llamadas comerciales
Para ACIE, otro tema clave que interferirá en la competencia del mercado de comercialización es el fin de las llamadas comerciales. Se trata de una medida contenida en el proyecto de real decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Suministro y Contratación de energía eléctrica, que busca adaptar el actual marco normativo para dar respuesta a los desafíos y objetivos en política energética.
En concreto, este texto, que se sometió a consulta pública el año pasado, planteaba prohibir que las comercializadoras eléctricas realicen publicidad o prácticas de contratación no solicitadas por el usuario por vía telefónica, salvo que exista una petición expresa por parte del consumidor o la llamada sea originada por su propia iniciativa.
ACIE pide adoptar una regulación "adecuada y equilibrada" de las llamadas comerciales por parte de las compañías de luz, pero no por una "prohibición total".
"Nosotros somos los primeros preocupados por este asunto. El daño reputacional que nos hace que un cliente nuestro se vea afectado por las estafas telefónicas es irreparable", asegura el presidente de ACIE.
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"Y también nos impacta económicamente", porque las comercializadoras realizan un pago por la adquisición de clientes a cada una de estas empresas. "Si un cliente sale al segundo mes, cuando yo tenía presupuestado que iba a haber un contrato de 12 meses, eso tiene un coste económico para mí", ejemplifica Hernández.
Desde la asociación advierten que las empresas que pueden invertir más en publicidad son aquellas que ya tienen una base sólida de clientes. Si las comercializadoras independientes no pueden dar a conocer sus productos por la falta de recursos, el cliente podría estar pagando el doble en su factura por desconocimiento de otras alternativas.
Sin embargo, desde Transición Ecológica se mantienen críticos con estos modelos de venta. De acuerdo con sus datos, la mayor parte de los consumidores vulnerables cuyos consumos monitorizan no disponen de tarifa eléctrica regulada o PVPC ni cuentan con bono social.
"Y la mayoría es porque, en algún momento, recibieron una llamada que les prometía el oro y el moro, y precios competitivos", aseguró el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en la inauguración del Congreso Anual de ACIE.
Desde el ministerio creen que hay que compatibilizar mecanismos de captación de clientes, un mercado que sea competitivo y oferte diversidad, y que el consumidor entienda que, de un día para otro, puede cambiar "perfectamente" de comercializador.
