El año en que España vivió el gran apagón: así se pasó del colapso a la resiliencia de la red eléctrica después del 28 de abril

En aquella mañana primaveral y luminosa, se produjo una pérdida súbita de unos 15 GW de potencia, equivalente a en torno al 60% de la demanda en ese momento, que desencadenó un “cero energético” en la península y la desconexión automática de la red ibérica del resto de Europa.

El apagón afectó a prácticamente toda la Península Ibérica, con interrupciones de entre pocas horas y hasta cerca de 10 horas en algunas zonas, y perturbó de forma severa el tráfico, los aeropuertos, infraestructuras estratégicas y la operación de centrales nucleares.

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Ocho meses después, las teorías sobre las causas y las responsabilidades de aquel suceso siguen circulando, pese a que multiplican los informes oficiales, de parte, consultoras y expertos que difieren en su diagnóstico aunque con un consenso generalizado: el apagón se debió a una causa multifactorial.

A las pocas semanas del apagón, el primer informe vino de la mano del Comité de análisis que creó el Ministerio para la Transición Ecológica. Estaba compuesto por departamentos y organismos de la Administración General del Estado y algunos entes especializados, como el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) o el INCIBE.

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La síntesis asumida entonces por el Gobierno también hablaba de un origen “multifactorial”: inestabilidad de tensión los días previos, baja generación síncrona, debilidad de la red de transporte y un margen de seguridad insuficiente frente a sobretensiones.

La crisis se desencadenó por oscilaciones de frecuencia y sobretensiones en cascada mal amortiguadas, en un contexto de muy alta generación basada en inversores (principalmente solar) y escaso apoyo de tecnologías firmes (hidráulica, gas, nuclear).​

Guerra por las responsabilidades

El informe oficial y las comparecencias parlamentarias de la Secretaría de Estado de Energía y la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) atribuyen responsabilidades compartidas.

Cuestionan la planificación y operación de Red Eléctrica (REE), el operador del mercado, pero también el comportamiento de algunos grupos de generación convencional que no cumplían plenamente con la normativa de respuesta en tensión y frecuencia.

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REE, muy criticada en los primeros días, ha defendido que la planificación pudo ser mejorable pero subraya que la recuperación del suministro fue rápida, mientras el Gobierno pasó de sugerir “mala gestión” a pedir prudencia y remitir al informe técnico.​

Poco después se conocía el informe de AELEC (patronal de Iberdrola, Endesa y EDP), que concluía que el apagón se debió, principalmente, a un fallo sistémico en el control de tensión y a decisiones de operación del sistema, no a un mal funcionamiento de las plantas de generación de sus asociadas.

También ha habido un avance del informe de ENTSO‑E (la asociación europea que agrupa a los operadores de los sistemas de transporte de electricidad de casi toda Europa) sobre el apagón, pero de momento, es un “factual report”. Describe con mucho detalle qué pasó, cuándo y cómo se restauró el sistema, pero aún no fija causas definitivas ni reparte responsabilidades (eso se reservará para el informe final previsto para 2026).

Días después, Red Eléctrica de España (REE) lanzaba su propio informe técnico sobre el incidente y la reposición del sistema. Sostenía que el cero eléctrico se debió a una cadena de incidencias técnicas que provocó una “cascada de sobretensión” y disparos incorrectos de generación, no a un problema de falta de inercia ni de renovables en sí mismas o de gestión del operador del sistema.

Además del informe definitivo de ENTSO-E, también falta el de la CNMC. Y aunque no haya hecho público un informe técnico detallado como el de REE o el del comité del MITECO, sí ha aprobado un primer informe que describe el apagón y abre la puerta a sanciones, sin señalar todavía responsables concretos por nombre.

También hay estudios de terceros (NREL (institución estadounidense), el del regulador portugués ERSE, Fedea, universidades, consultoras, que han analizado causas y consecuencias, sin carácter oficial pero con bastante detalle técnico.

Impacto social y económico

Sean cuales sean las causas, lo cierto es que los recuentos iniciales hablan de al menos siete fallecidos en España y uno en Portugal por causas asociadas directamente a la falta de suministro (incendios por velas, intoxicaciones por generadores, fallos en servicios críticos), además de múltiples heridos y situaciones de riesgo en hospitales y transporte.

El apagón paralizó servicios sanitarios, redes de transporte, telecomunicaciones y actividad industrial y comercial durante horas, y ha sido descrito por varios análisis académicos y de think tanks como uno de los mayores fallos de infraestructura crítica de la historia reciente de España, con un impacto socioeconómico “masivo” aunque difícil de cuantificar aún.​

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Las estimaciones preliminares sitúan el coste directo e indirecto en varios miles de millones de euros, con efectos concentrados en industria, comercio y turismo.

El suceso ha deteriorado la confianza de consumidores y empresas en la seguridad de suministro, lo que tiene un coste económico difícil de medir pero real (decisiones de inversión, contratación de seguros, sistemas de respaldo propios, etc.).

Tras el informe, el Gobierno anunció un Real Decreto Ley para reforzar los requisitos técnicos de los generadores, actualizar los procedimientos de control dinámico de tensión y frecuencia, y aumentar los márgenes de seguridad operativa en un sistema cada vez más renovable.

Pero, sin lugar a dudas, el debate público y sectorial coincide en que el 28-A ha evidenciado la vulnerabilidad de una red con mucha generación electrónica, baja inercia y limitadas interconexiones, y se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo compatibilizar descarbonización, seguridad de suministro y resiliencia de red en la transición energética.