Almaraz
La mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear votarán a favor de la prórroga de la central de Almaraz
Debe haber mayoría entre los cinco consejeros del regulador nuclear para que la central cacereña continúe operando al menos hasta 2030.
Más información: El CSN recibe la petición del Gobierno para que realice el informe sobre la prórroga de la nuclear de Almaraz
La central nuclear de Almaraz (Cáceres) necesita un nuevo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la modificación de su autorización de explotación y el cumplimiento de todas las condiciones técnicas y de seguridad que el regulador imponga para poder operar legalmente hasta 2030.
Los informes y demás acuerdos del Pleno del CSN se aprueban por mayoría simple de los miembros. En caso de empate decide el voto de calidad del presidente. Según ha podido saber este diario, de los cinco consejeros que forman parte de esta junta, sólo uno podría dar su voto en contra, con lo que hay cierto optimismo en el sector eléctrico para ampliar la vida útil de Almaraz
Los cinco miembros del Pleno del CSN son Juan Carlos Lentijo (presidente), Pilar Lucio (vicepresidenta), Javier Dies, Silvia Calzón y Francisco Castejón (consejeros). Fuentes del sector apuntan que este último sería el único que podría votar en contra de aprobar el informe.
"Aún no saben qué van a votar los consejeros, dependerá del resultado del informe, y Castejón procederá del mismo modo que el resto", contradicen, sin embargo, fuentes cercanas al CSN al EL ESPAÑOL-Invertia.
"Tiene sentido que no haya ninguna reforma importante en la nuclear de Almaraz, porque en 2020 ya se revisó para que funcionara por 10 años más, es decir, hasta 2030", apunta por su parte fuentes del sector eléctrico a este diario.
El regulador es, en principio, un órgano técnico e independiente y sus miembros no actúan formalmente como representantes de ningún partido ni ideología política.
Este pasado 3 de diciembre ya se incluyó en el orden del día una Propuesta sobre la central nuclear de Almaraz de dictamen técnico sobre la solicitud de autorización de modificación del método de análisis de criticidad para el almacén de combustible nuevo y la piscina de combustible gastado.
Justo en el primer pleno en el que los consejeros tuvieron tiempo de incorporar en el orden del día la solicitud del Ministerio para que realice el informe sobre la prórroga de la nuclear de Almaraz.
Y también la de aprobar la propuesta de cambio al Estudio de Seguridad y a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas.
PP, PSOE y Podemos
Lentijo es ingeniero de caminos con larga carrera técnica, sin militancia pública conocida, pero cuyo nombramiento ha sido impulsado por el actual Gobierno. Lucio es ex diputada del PSOE y durante años portavoz socialista en la Comisión del ramo en el Congreso de los Diputados, así que junto a Calzón, médica, epidemióloga y economista, son los dos perfiles más afines al Ejecutivo.
Por su parte, Javier Dies es catedrático de ingeniería nuclear y fue propuesto en su día por el PP en un reparto de cuotas parlamentarias.
Por último, está Paco Castejón el reconocido doctor en Física, histórico activista antinuclear e integrante de Ecologistas en Acción, señalado como cercano a posiciones de izquierda.
"En principio sólo tienen que aprobar un informe técnico elaborado por su equipo donde se señale cuáles son las mejoras que debe acometer la nuclear de Almaraz para seguir funcionando, no es una decisión política", continúan las mismas fuentes.
Un plazo de un año
El CSN tiene de plazo hasta el 1 de septiembre de 2027 para enviar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico su informe sobre la prórroga de Almaraz, y en todo caso la normativa le exige emitirlo como mínimo dos meses antes de la caducidad de la autorización vigente.
Ese margen implica que el regulador dispone de casi dos años desde la entrada de la solicitud (noviembre de 2025) para completar su evaluación técnica y aprobar el informe en Pleno.
Pero Almaraz necesita tomar la decisión sobre comprar combustible, como muy tarde, alrededor de marzo de 2026. Es decir, en tres meses.
A partir de esa fecha el sector sitúa el “punto de no retorno” porque el ciclo de aprovisionamiento exige encargar el combustible con unos 18 meses de antelación, porque habría que parar la central, una situación que encarecería la reactivación posterior de la planta.
Y si consigue la luz verde del regulador nuclear, habría que modificar una autorización vigente, otorgada con una orden de 2020 (Orden TED/773/2020), que fijaba el cese definitivo en 2027 (unidad I) y 2028 (unidad II). Así que para llegar a 2030 es imprescindible cambiarlo.
