El fraude de los hidrocarburos le hizo un 'roto' a Hacienda de 1.200 millones en 2024: así evaden el dinero las operadoras

Best Oil Union, Aras Carburante, Biomar Oil, Biozenite Energy, Gasóleos Petroleum, Gold Petroleum, Jadash Petroleum SLU, Martankship, Medoil Energy, Mercapetrol, Metaway Combustibles, Stimilon Energy, Transalpina de petróleos o Vertix Petroleum son sólo algunos de una larga lista de deudores.

Todos ellos tienen más de dos dígitos en los millones que deben a la Agencia Tributaria. Y lideran el ranking Metaway Combustibles, con 195.781.813 euros. Le siguen Vertix Petroleum, con 194.746.886; Biozenite Energy, con 153.413.109, y Biomar Oil, con 119.133.093 euros.

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Sin embargo, la lista supera la cincuentena de compañías vinculadas al sector del petróleo, ya sea por compra al por mayor, por refino, por almacenamiento de combustible o por distribución (gasolineras).

Y no se circunscribe a ninguna región en concreto. Las sedes sociales están repartidas por todo el territorio, tanto peninsular como de las islas.

También aparecen algunas de las compañías vinculadas a la trama de fuel relacionada con Víctor de Aldama, un entramado de sociedades dedicadas al fraude fiscal, blanqueo de capitales y contrabando de carburantes. Suman entre todas más de 100 millones de euros.

Es el caso de Have got time, sociedad utilizada para canalizar la compra de bienes inmuebles, con una deuda de más de 66 millones de euros con Hacienda. También aparece el operador mayorista de hidrocarburo Villafuel S.L., la empresa central y epicentro de la trama, con más de dos millones de deuda. Y Salamanca Fuel, otra de las sociedades instrumentales de la red, actualmente en liquidación, con más de 33 millones sin pagar.

Menos que en 2023

Con estos datos, se puede concluir que el Gobierno consiguió atajar ligeramente este problema de grandes dimensiones -por el agujero económico y por la extensión en tiempo y número del fraude-.

Si el coste en 2023 para Hacienda fue dejar de recaudar unos 2.000 millones de euros, un año después el agujero ha bajado, aunque supera los 1.200 millones de euros.

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Habrá que esperar un año más para ver el efecto de la Ley 7/2024, en vigor desde el 20 de diciembre pasado, que introduce medidas clave para combatir el fraude fiscal en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) relacionado con la extracción de hidrocarburos de depósitos fiscales.

Estas disposiciones, que entraron en vigor el 1 de enero, buscaban reforzar la transparencia y evitar estas prácticas desleales. Desde este año, hay que contar con una garantía del 110% de la cuota del IVA correspondiente para poder comprar carburante al por mayor, lo que se conoce como la solución a la italiana.

El truco

¿Dónde ha estado el truco que ha provocado el agujero en la recaudación del Estado? Todo empezaba en el momento de compra de combustible al por mayor (gasolina y diésel, sobre todo). Es decir, cuando los operadores petrolíferos adquirían el producto.

Hasta principios de este año, funcionaba un régimen suspensivo a la hora de hacer la compra de ese combustible a una refinería española o a un barco proveniente de una refinería en el extranjero.

La ley decía que cuando se adquiría el producto no había obligación de pagar el IVA ni el impuesto de hidrocarburos correspondiente. Se suponía que ambos tributos se debían abonar cuando el combustible se vendía a los clientes.

La Administración permitía comprar cisternas de productos derivados del petróleo a las comercializadoras o en un puerto como el de Barcelona o de Tarragona. Ahí tampoco se pagaba ningún impuesto, sino cuando se vendía al distribuidor.

El problema estaba en que hay quienes aprovechaban esta situación y no pagaban ninguno de los correspondientes impuestos cuando se llevaba a cabo la venta. Y así es como se estaba gestando el fraude.

Ya se verá si la nueva normativa consigue atajar un fraude que hace millonarios a los que saben buscar la laguna en la ley para continuar estafando.