La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) surgió hace algo más de 10 años como el superregulador que —se nos vendió— tendría la fuerza y los recursos suficientes para acabar con los carteles que lacran por doquier nuestra economía.

Desde entonces ha regulado a las empresas de los sectores de la energía, las telecomunicaciones, el mercado audiovisual, el transporte y el sector postal, además de sancionar todo tipo de conductas anticompetitivas, tanto en los sectores anteriores como en el resto. A tenor del evidente desconocimiento generalizado de su existencia desde su ya larga vida cabe concluir que no con mucho éxito.

Cumpliendo con uno de sus acuerdos de la coalición, el Gobierno propone ahora la segregación de la CNMC de la rama de energía para resucitar la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) que, heredando funciones de su predecesora del ámbito exclusivamente eléctrico, tuvo durante 15 años la misión de velar por la competencia efectiva, objetividad y transparencia del sector.

Lo cierto es que, más allá del gasto adicional que siempre supone la creación de un nuevo organismo público y las habladurías que a buen seguro darán lugar a los previsibles nombramientos de sus nuevos siete consejeros, a la mayor parte de los ciudadanos la noticia les traerá sin cuidado.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) surgió hace algo más de 10 años como el superregulador que —se nos vendió— tendría la fuerza y los recursos suficientes para acabar con los carteles.

Paradójicamente, esos mismos ciudadanos sí están muy preocupados con sus facturas energéticas y se sienten masivamente engañados por sus mastodónticas compañías de suministro de electricidad, gas o derivados del petróleo e indefensos en sus reclamaciones frente a las mismas. Sugiero reflexionar, por ejemplo, cómo es posible que "lo normal" es que a uno le ofrezcan una aparente oferta para pagar menos luz o gas y al poco tiempo constate que está pagando más que antes.

Durante la reciente crisis energética encarnada por la invasión rusa sobre Ucrania todos nos hemos visto fuertemente afectados por el enorme incremento de las facturas que han llevado nuestra inflación a niveles que ya no recordábamos.

Nos dijeron que los incrementos de precio se debían a causas externas; se les olvidó comentar que meses después comprobaríamos que los mastodontes energéticos habían obtenido resultados récord durante la crisis y que, además, habían aprovechado para recuperar cuota de mercado en detrimento de las pequeñas empresas que luchan desde hace años para aportar su granito de arena en el cambio de modelo energético en curso. Si la CNMC tomó alguna medida para evitarlo está claro que no fue eficaz.

¿Podemos, pues, confiar en que la resurrección de un organismo regulador específico para el sector energético consiga, al fin, poner cerco a los abusos de las compañías que hacen de éste su particular coto de caza? Permítanme que lo dude. ¿Alguien en nuestro país va a obligar, por ejemplo, a la venta de centrales hidroeléctricas construidas en condiciones irrepetibles hace más de 50 años para limitar así los “beneficios caídos del cielo” por las prebendas obtenidas operándolas? No lo creo.

En todo caso, me conformaría si, como asegura la nota de prensa elaborada por el Gobierno, la nueva CNE añade a sus funciones (y la ejerce eficazmente) la de arbitraje en las numerosísimas reclamaciones presentadas frente a las empresas energéticas. Desechada, por ingenua, la opción de reestructuración profunda creo que sí sería un avance muy significativo hacia la mayor competencia un arbitraje ágil en el sector energético.

Por ejemplo: hace tres meses una gran compañía distribuidora de electricidad, propietaria de millones de contadores, cometió un error en el cobro del alquiler de éstos. Se trataba típicamente de un error de menos de un euro por factura, extensible a un periodo máximo de un año.

Nos dijeron que los incrementos de precio se debían a causas externas; se les olvidó comentar que meses después comprobaríamos que los mastodontes energéticos habían obtenido resultados récord durante la crisis.

La compañía decidió, en lugar de emitir una factura rectificativa por un importe de unos 10 euros en el peor de los casos, recalcular todas las facturas (millones) afectadas durante el último año. La mayor parte de las empresas comercializadoras —las que emiten la factura que reciben los clientes haciendo uso de los contadores de la ínclita— se vio obligada a refacturar a sus clientes.

Tenemos así ahora millones de clientes con decenas de facturas de la luz para un solo año que no entienden y que, enfadados, reclaman a la compañía que les suministra la energía. Ésta, incapaz de explicar al cliente que, una vez más, la culpa no es suya, sino de la empresa propietaria del contador, pierde al cliente.

Este tipo de frecuentes erosiones de la competencia perjudican la imagen de la compañía que da la cara debido a un servicio deficiente de quien actúa en régimen de monopolio zonal y que, en la mayor parte de los casos, goza de una posición de dominio que lleva a la indefensión de la primera.

Deseemos pues, que la resurrección de la CNE sirva, esta vez, para que los consumidores acaben conociéndola, al menos, por haber contribuido con sus arbitrajes a reducir su secular indefensión frente a los gigantes energéticos.