"Esta ilegalidad se lleva produciendo desde que en 2009 se aprobó la Ley de Hidrocarburos, y permitió que cualquier persona solo con una Declaración Responsable pueda comprar y vender productos petrolíferos al por mayor en España", explican desde UPI a este diario. 

"Y es cierto que este delito ha tenido épocas de mayor auge y de menor... pero es el dragón de las siete cabezas que se reinventa y, ahora, estamos viviendo uno de sus peores momentos. Para los operadores pequeños, como los que formamos UPI, como somos más vulnerables al no tener capacidad de refino, es nuestra ruina".

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La AOP, por su parte, reitera la necesidad de poner fin a las prácticas fraudulentas que se producen en el mercado de distribución de combustibles líquidos.

"El problema es que cometen el fraude, es decir, no pagan el IVA del combustible vendido a las estaciones de servicio, y cuando la Agencia Tributaria los localiza, esa entidad ya no existe o es difícil penalizarla", explican desde AOP.

Ya son casi 15 años de prácticas delictivas que la Guardia Civil desmantela de manera periódica, y que en muchos casos esconden tramas de dinero negro proveniente de actividades criminales de extensión internacional. El problema es que "puede que Repsol o Cepsa vendan producto a estas organizaciones que defraudan, pero no pueden saber qué van a hacer luego con esas compras", explica UPI en su web, alertando de que "es una manera de meter dinero en España para lavarlo".

"Hay que tener en cuenta que para entrar a operar al por mayor en el sector de los productos petrolíferos se debe contar con un importante capital inicial para hacer las compras", añaden las fuentes del sector. 

Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, solo en 2021, la deuda podría ser de más de 500 millones de euros.

Modus operandi

La trama es sencilla. El agujero legal permite que se compre combustible al por mayor y después se venda a las estaciones de servicio. Hasta ahí todo bien. El problema es que se debe realizar el pago del IVA de la venta y eso se queda sin hacer.

"Para cuando la entidad certificadora ha visto si se ha cumplido las obligaciones, estos han cerrado el chiringuito y al cabo de un tiempo abren otro", continúan las mismas fuentes a este diario.

El último caso destapado, en junio pasado, es el de Olivia Petroleum, radicada en Cádiz. Hacienda le reclama más de 40 millones por fraude en el IVA. La AEAT dice en su informe que la organización creada entre Olivia Petroleum y las sociedades interpuestas "fue utilizada para obtener un ahorro fiscal distribuyendo los beneficios obtenidos en inversiones difíciles de trazar por las autoridades fiscales".

La historia del sector está llena de casos parecidos. En 2012, la Guardia Civil destapó un fraude de 120 millones de euros, el primero contra las mafias de los hidrocarburos que llegó a la Audiencia Nacional. En 2013, la UCO volvió a desmantelar otra trama que llegó a defraudar a Hacienda más de 100 millones por el impago del IVA.

Entre 2014 y 2019, otros seis nuevos entramados fueron desarticulados por la UCO y la Agencia Tributaria, destapando una media de uno cada año. Cuatro están siendo investigados por la Audiencia Nacional y los otros dos están instruidos en juzgados territoriales.

Nuevo fraude: los biocombustibles

Otro de los problemas de este tipo de mafias es que tampoco cumplen con la obligación de porcentaje de biocombustibles que se debe añadir al convencional. "Ahora es el de un 10,5% de cantidad energética (12% en volumen)", continúan explicando desde AOP.

La venta de biocarburantes se verifica por un sistema de certificación, de forma que existe la posibilidad de cumplir parcialmente la obligación de venta de biocarburantes mediante un pago compensatorio.

AOP denuncia que conforme han aumentado las obligaciones de venta de biocarburantes, han incrementado los importes no ingresados en concepto de pago compensatorio por el déficit de certificados que a cada sujeto le corresponde obtener. En seis años, la cantidad adeudada se ha multiplicado por cincuenta, alcanzando los 72,5 millones de euros en 2021.

La Asociación señala que este fraude implica, en primer lugar, un perjuicio para el medio ambiente al retrasar el cumplimiento efectivo de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el ámbito de la movilidad. Además, esta práctica supone una alteración del buen funcionamiento del mercado, que perjudica la competitividad de los operadores que cumplen la normativa, frente a los que defraudan.

"Hay algunos gasolineros que saben que están comprando cubas de gasóleo ilegal, porque los precios de cotización son públicos, y solo hay que hacer la suma con los impuestos para saber el precio final", concluyen desde AOP.

"Pero claro, si te la venden mucho más barata, tú también puedes ofrecer a los consumidores finales un precio mucho más bajo, por lo que te haces, de manera desleal, con una cuota de mercado que de otra manera no tendrías".