A esta diferencia (gravar los beneficios en lugar de los ingresos) se aferró precisamente el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, para rechazar primero el impuesto de Sánchez y respaldar después la propuesta de Von der Leyen. Por su parte, el ministerio de Hacienda aseguró que estaba dispuesta a adaptar la tasa a lo que se decidiera en Bruselas.

Los ministros de Energía de la UE tienen previsto aprobar el impuesto a las petroleras en la reunión extraordinaria que celebran este viernes 30 de septiembre en Bruselas, tras una tramitación récord de 15 días. En esta negociacion, los Estados miembros han flexibilizado y descafeinado el texto original de la Comisión, con el fin de acomodar todas las especificidades nacionales. 

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El resultado es que la versión definitiva del reglamento permitirá a España y al resto de países mantener sin cambios las medidas que ya hayan adoptado. Es decir, aunque la norma mantiene como regla un tipo del 33% sobre los beneficios extraordinarios de las petroleras, Sánchez podrá acogerse a las excepciones y conservar su gravamen del 1,2% aplicado a los ingresos.

Algo similar ocurre con el nuevo tope a los beneficios de las tecnologías low cost, como las renovables o la nuclear. El nuevo reglamento fija un precio máximo de 180 euros por megavatio hora (MWh). La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, considera que se trata de un umbral excesivamente alto que no limita los beneficios de las eléctricas sino que los consolida.

Nuestro país ya aplica desde septiembre del año pasado un tope muy inferior, de 67 euros por MWh. Y la normativa europea permitirá que los Estados miembros que, como España, ya tengan sistemas para minorizar los beneficios de las energías de bajo coste puedan mantenerlos sin cambios.

Los Gobiernos deben destinar los ingresos obtenidos con estas tasas a ayudar a los hogares y empresas más golpeados por la crisis energética. Pero el reglamento no especifica qué medidas concretas deben adoptarse: de hecho, su función principal se limitará a servir de paraguas a iniciativas nacionales muy diferentes entre sí.

[Así es el plan de la presidenta para rebajar la luz: tasa del 33% a las petroleras y recorte de luz del 5% en horas punta]

De hecho, el Ejecutivo de Sánchez presume de que podrá mantener intacto su modelo de intervención en el mercado energético. Según su interpretación, la UE está adoptando ahora medidas que España ya tiene en marcha desde hace meses. A ello hay que sumar que la 'excepción ibérica' seguirá funcionando hasta mayo de 2023. Un sistema que otros países como Francia quieren adoptar porque consideran que tiene un impacto más directo a la hora de rebajar la factura de la luz.

Para España, la única novedad que introduce el nuevo reglamento es la obligación de recortar un 5% el consumo de luz en horas punta. Esta medida selectiva permitirá reducir el estrés en el sistema y aplanar la curva horaria de consumo, disminuir el uso de gas y rebajar los precios, sostiene Bruselas. Pero también aquí se han introducido flexibilidades y excepciones. Cada país será libre de designar cuáles son las horas punta y de escoger las medidas necesarias para cumplir los objetivos.

En la reunión de este viernes, los ministros de Energía discutirán por enésima vez la idea de imponer un precio máximo al gas importado. Sin embargo, las profundas divisiones que existen entre los Estados miembros hacen imposible que se llegue a ningún acuerdo, al menos a corto plazo.

España y otros 14 países han enviado una carta conjunta a la Comisión en la que sostienen que esta medida "ayudará a todos los Estados miembros a mitigar las presiones inflacionistas, gestionar las expectativas y proporcionar un marco en caso de posibles perturbaciones del suministro, limitando los beneficios extra del sector". El bando de los intervencionistas sostienen que el tope no tiene que ser fijo, sino que puede fluctuar en función de la evolución del mercado. Además, tendría carácter temporal y dejaría suficiente margen a los productores de gas.

En el extremo contrario, Alemania, Holanda y los nórdicos se oponen a cualquier intervención en el mercado del gas. Su principal argumento es que si Bruselas establece un precio máximo, los productores de gas natural licuado desviarán sus envíos a los países de Asia, justo cuando la UE intenta desengancharse del gas ruso y necesita suministros alternativos.