El sector de las renovables está preocupado por la oleada de movimientos vecinales que están surgiendo en el mundo rural en contra de la construcción de nuevos parques, eólicos y fotovoltaicos especialmente. Agricultores, ganaderos, hosteleros, amantes de la naturaleza… la lista empieza a ser larga. 

Y mientras tanto España tiene en el aire inversiones que superan los 60.000 millones de euros y, según un informe de la firma EY Parthenon, se crearán unos 192.000 empleos solo si se instalan 30 nuevos GW de energías renovables.

Podría ser un objetivo más que superable, porque más de 100 GW renovables han solicitado un permiso de punto de acceso y conexión a Red Eléctrica de España (REE). Su principal problema es el cuello de botella que se produce en las administraciones, tanto autonómica como estatal, para conseguir la ansiada Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, durante la última reunión de ministros de Energía en Bruselas UE

Sin embargo, la propia vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido el ritmo que llevan los trámites para los proyectos de construcción de parques eólicos y solares y así conciliar con el mundo rural anti-renovable.

“Es importante tener en cuenta a los habitantes de los territorios rurales", explicó a preguntas de EL ESPAÑOL-Invertia hace unos meses. “Es más importante encontrar el equilibrio entre promotores y vecinos. Hay que poder garantizar que se es respetuoso, riguroso y, al mismo tiempo, buscar los consensos sociales y la compatibilidad de las actividades".

Fiebre renovable

La fiebre renovable de los dos últimos años en España ha provocado que la construcción de parques fotovoltaicos en el territorio nacional crezca en números sorprendentes. Tanto es así, que los diez más grandes ocupan una superficie de 5.913 hectáreas, o lo que es lo mismo, 8.281 campos de fútbol con las dimensiones del Santiago Bernabéu. Y otro tanto pasa con la eólica, que sigue generando oposición por el impacto visual que supone su construcción. 

Pero las patronales del sector coinciden en afirmar que “todos los proyectos no solo necesitan pasar unos baremos de sostenibilidad cada vez más rigurosos, sino que además, los propios promotores incorporan medidas respetuosas con el medio ambiente y con la sensibilidad social que existe en el entorno rural”.

La asociación fotovoltaica UNEF ha lanzado un Certificado de Excelencia de Sostenibilidad para hacer frente a la resistencia social, buscando que las empresas eleven sus estándares más allá de las exigencias legales. 

El sector eólico también se defiende. "La eólica terrestre suele estar en zonas montañosas con un impacto menor, y los nuevos sistemas de señalización evita los problemas pasados con la avifauna". 

"Y la eólica marina va más allá. Tiene mayor factor de capacidad de generación y no hay ocupación territorial. Además, las zonas que se proyectan están a 12-15 km de la costa y en fondos a 200 metros como mínimo. Pero con la tecnología flotante no hay ni siquiera vibraciones en el momento de la instalación y evitaría la pesca de arrastre de fondo, uno de los peores y más devastadores sistemas de pesca. De hecho, se crearían santuarios para la biodiversidad", defienden.

Pesca contra eólica marina

Un argumento que también esgrimen desde el sector pesquero -incluso el de la pesca de arrastre- que defienden su labor como la única que mantiene la biodiversidad en los fondos marinos en contra de lo que haría, en su opinión, la propia eólica marina. 

Turbinas de parque eólico marino Orsted Omicrono

De hecho, esta semana el sector pesquero del Cantábrico-Noroeste se ha levantado en armas contra las renovables. ¿El motivo? La aprobación el pasado 10 de diciembre en el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la Hoja de ruta para el Desarrollo de la Eólica marina y de las energías del mar en España.

Esto implica que se estudie “la implantación de dos polígonos industriales de energía eólica marina en la zona del Cantábrico”, explica a este medio Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP). Proyecto que en principio parece estar liderado por Iberdrola y que “no está aprobado todavía porque aún faltan por aprobarse los planes de ordenación marítima”, recuerdan desde FNCP.

La federación se muestra a favor de las renovables, siempre y cuando no suponga una afectación a la actividad pesquera y sus caladeros de pesca. Y consideran que “los polígonos industriales de energía eólica marina son incompatibles con la actividad pesquera”. Algo que pone en peligro más de 4.600 buques de diferentes artes de pesca y 12.000 pescadores en la zona del Cantábrico. 

De ahí que se hayan unido en una plataforma para defender sus intereses. Plataforma a la que también se sumará el sector pesquero del Mediterráneo y el del Golfo de Cádiz, según ha podido saber este medio. Entre otras cuestiones piden una mesa de diálogo con el Gobierno.

Y, de momento, esta reivindicación ha sido escuchada. La ministra Teresa Ribera ha accedido a dialogar con cofradías de pescadores para vencer su rechazo a la eólica marina. 

Alquiler de tierras

Otro de los asuntos más espinosos de este enfrentamiento es conocer de cerca cada uno de los movimientos sociales contrarios a la construcción de proyectos renovables. 

“Un problema que se está generando entre habitantes y propietarios de terrenos de una misma localidad es que se están ofreciendo cantidades de dinero por alquilar el espacio para colocar los paneles fotovoltaicos o aerogeneradores a unos y a otros no, porque una ubicación es más soleada que otra”, explican fuentes del sector a este diario. Estas diferencias despiertan irritación y posiciones encontradas, añaden. No solo es a quién le toca, sino a los que no le tocan.

También se invita a dejar de cultivar para dar paso a los proyectos renovables. Es el caso de varias decenas de agricultores en Caniles, un municipio del Geoparque de Granada. Está previsto que se desarrollen tres paques eólicos y un proyecto de fotovoltaicas de 400 hectáreas, según explica a este medio la alcaldesa, María Pilar Vázquez.

Paneles solares. Flash Dantz, Unsplash.

“Les alquilan las parcelas por un precio insignificante, unos 1.400 euros por hectárea, hay muchas familias que viven de esto porque aunque no son grandes terratenientes crean jornales para la recolección de la almendra y las aceitunas”, crítica la alcaldesa de Caniles, que defiende ser defensora de las renovables, pero "no así".

Más allá de aquellos agricultores que voluntariamente hayan querido arrendar sus tierras, la polémica reside en la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la expropiación tanto de los que querían alquilarlas como de aquellos que habían rechazado esta propuesta. 

España vaciada y renovables

Hay muchas críticas de plataformas como Alienta (Alianza Energía y Territorio), Plataforma Salvemos los Campos, Renovables sí pero así no, Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, viticultores de Alicante, Plataforma Alta Valduerna, ANSAR y Amigos de la Tierra, y así un cada vez más largo etcétera. Protestan porque sacrificando las áreas agrícolas en pos de estos proyectos lo que se hace es castigar a la agricultura y ganadería, que en algunos casos, juega un papel clave en la fijación de población al territorio. 

Las provincias más despobladas de España llegan a tener una densidad de ocho habitantes por kilómetro cuadrado. Además, el Gobierno reconoce que la intensidad de la despoblación es mayor que la de los países de nuestro entorno europeo.

En el punto opuesto, existe una elevada concentración de población en superficie y solo el 12,7% de la población de España está poblada, frente a porcentajes mucho mayores como el 67,8% de Francia, el 59,9% de Alemania y el 57,2% de Italia, según datos de un informe del Banco de España citados por el Ministerio de Agricultura. 

A pesar de la que la superficie poblada es bastante inferior a los países del entorno, la incidencia de los municipios en riesgo de despoblación está en línea con los datos de países del norte de Europa como las repúblicas bálticas de Estonia y Letonia, y Finlandia. 

La fauna autóctona, amenazada

Otra de las consecuencias más inmediatas de las grandes concentraciones de placas solares o de molinos de viento es la amenaza a la fauna autóctona. En Andalucía, las aves esteparias como la alondra ricotí, el cernícalo primilla, el aguilucho cenizo, la avutarda, la ganga ortega o el sisón común se encuentran en declive poblacional

El asunto ha llegado a manos del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. El motivo de la disminución de estas aves está estrechamente relacionado con una menor superficie de cultivos cerealistas a favor de otros cultivos más rentables y de la instalación de grandes plantas fotovoltaicas, según critican la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y la Plataforma por la Conservación de Aves Esteparias.