En esos meses, más de 100 GW renovables podrían perder su permiso de punto de acceso y conexión si no se conectan a tiempo a la red eléctrica. Su principal problema es el cuello de botella que se produce en las administraciones, tanto autonómicas como estatal, principalmente para conseguir la ansiada Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Por eso, el sector necesita que, al menos, "haya una prórroga de seis meses".

Según el RDL 23/2020, de junio, los proyectos renovables que consiguieron el permiso de acceso antes del 31 de diciembre de 2017, deberían tener la DIA positiva antes de finalizar este mes de diciembre (18 meses). Esto supone que unos diez GW, según datos del sector eólico, y cerca de un GW, según el fotovoltaico, podrían perder la posibilidad de construir su parque renovable al no llegar a tiempo.

Pero en abril la cifra sería muy superior. "En el caso de la fotovoltaica, será ese mes donde finalicen la mayoría de los plazos de los desarrolladores solares", confirman fuentes del sector.

Con datos de octubre pasado, solo 3,2 GW eólicos disponían ya del permiso de construcción y más de 15 GW de proyectos eólicos aún no habían iniciado el trámite de información pública. Un trámite necesario previo para obtener la DIA.

Rango de RD Ley

Si el Gobierno quiere "modificar los plazos por otro modo normativo que no sea Real Decreto Ley, no daría tiempo a hacerlo este mes de diciembre, así que el único rango jurídico posible sería por RDL", explican fuentes jurídicas especializadas en energía a este diario.

"Dada la claridad del RD-L, que fija en 18 meses la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable, y bajo el principio de jerarquía normativa, solo otra norma con rango de ley (y por los plazos que se manejan, únicamente mediante otro Real Decreto-ley) podría prorrogar ese concreto plazo de 18 meses", confirma por su parte Covadonga del Pozo, socia del despacho Del Pozo & De La Cuadra, especializado en Medio Ambiente y Energía.

"Hay proyectos viables que les falta pocas semanas o meses para salir adelante", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Yann Dumont, director general de Reolum, empresa especializada en la promoción y desarrollo de energías renovables.

"Sabemos que la Covid ha podido crear un atasco en la administración y, por tanto, sería entendible que se ampliara unos pocos meses el plazo determinado en el RDL 23/2020. Una decisión que no perjudica, ni tampoco afectaría a los especuladores, porque seis meses no es tiempo para ellos y sí para los proyectos reales que participan en los objetivos del PNIEC (Plan de Energía y Clima)".

"Además, si a los proyectos reales les quitas de la mesa, volveremos tres años hacia atrás en la transición energética", ha puntualizado. 

Exceso de proyectos

"No es el RDL 23/2020 el que crea cuellos de botella, sino el interés desbordado y con dificultades de visibilidad para saber si los proyectos que cuentan con puntos de acceso y conexión son proyectos reales o no", señalaba la ministra Teresa Ribera en la rueda de prensa del martes.

"Cuando aprobamos ese RDL había 150 GW de potencia renovable con permisos de acceso y conexión para evacuación a la red que estaban copando prácticamente toda la capacidad disponible. Una cantidad muy por encima de lo que nunca se ha manejado ni como necesario ni como viable, porque las previsiones son que España necesita instalar unos 35 GW en 2025 y unos 60 GW en 2030".

Si se sigue la senda del >PNIEC, se deberían instalar unos cinco GW de potencia renovable al año, es decir, que en los próximos cinco años habría 25 GW más de potencia en el sistema.

Problemas judiciales

Otro de los problemas es la judicialización de la pérdida de avales, que dependiendo de los casos, unos suponen 10.000 euros/MW y otros 40.000 euros/MW.

"Si no llegas al hito, no significa que pierdas los avales, sino que REE te retira el punto de acceso y conexión", explica Dumont.

Así lo señala la abogada del Pozo. "Si lo que se pretende es no ejecutar las garantías, aunque caduquen los derechos de acceso y conexión, el apartado 2 del artículo 1 del RDL 23/2020 señala que si no se produce una DIA favorable 'por causas no imputables al promotor' no se procederá a la ejecución de la garantía depositada".

Sin embargo, las fuentes jurídicas señalan que "para evitar perder los avales, se puede alegar que el problema es de retraso administrativo, y solicitar garantía patrimonial porque es la Administración la que falla". 

"Debe hacerse cargo de los daños y perjuicios que conllevan sus cuellos de botella y si se judicializan los puntos de acceso y conexión se queda paralizado el proceso, ni se puede avanzar ni se pueden otorgar a otros proyectos".

La vicepresidenta tercera reconoce que "la gestión para conceder permisos o declaraciones de impacto ambiental corresponde parte a las comunidades autónomas, parte al Estado, y es cierto que los servicios de las Administraciones Públicas estén desbordados".

De hecho, "la unanimidad de las CCAA sienten una gran preocupación al respecto, y nos lo están trasladando". 

Pese a que el Gobierno quiere mantener las garantías a los desarrolladores de proyectos, "al mismo tiempo no queremos que se minoren o mermen las garantías para las personas que viven en el territorio y que ven con preocupación un despliegue de proyectos que ocupan su término municipal y que son difícilmente viables".