Tras el fiasco de la cumbre de la semana pasada, Teresa Ribera vuelve a la carga en Bruselas en su petición de una respuesta conjunta de la Unión Europea frente al alza imparable del precio de la luz. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica ha insistido este lunes en que la UE no puede permanecer como un "testigo mudo" ante la crisis energética y ha reclamado una reforma en las reglas comunitarias que permita reaccionar en "situaciones excepcionales".

Tras un Consejo Europeo maratoniano de 15 horas, Polonia y República Checa tumbaron la madrugada del viernes la declaración de mínimos sobre energía que habían consensuado el resto de socios por considerar que no reflejaba sus pretensiones: una reforma radical del mercado europeo de CO2 que pondría en peligro la transición verde. El único acuerdo fue volver a debatir la subida de los precios de la electricidad en la próxima cumbre de marzo de 2022. Ribera ha lamentado la falta de consenso entre los líderes, pero ha dejado claro que España no cejará en su empeño.

"Creemos que es responsabilidad del conjunto de los Gobiernos y de las instituciones europeas hacer un análisis sobre qué más se puede hacer (frente al alza de la luz). No podemos ser testigos mudos frente a esta situación que impacta en las familias, en los hogares, pero también en la industria y en general en la capacidad de recuperación. Y drena recursos del conjunto de las economías europeas que podrían estar destinados a medidas sociales, a medidas de innovación o a inversiones que aceleren la transición energética", ha dicho la vicepresidenta a su llegada a la reunión de ministros de Medio Ambiente de la UE.

Una "situación insólita" que en su opinión se debe en su mayor parte a "razones exógenas": los precios de los combustibles fósiles en mercados internacionales, y en particular el gas, en un "contexto geopolítico difícil". "Pero no nos puede bastar conformarnos con constatar que esto es así o con constatar que los mercados funcionan", ha apuntado.

Ribera ha reclamado cambios en el mercado eléctrico europeo para poder responder a la crisis tanto a corto como a largo plazo. En primer lugar, la creación de un menú de "opciones políticas" para poder "reaccionar en situaciones excecionales" de crisis de precios. El segundo pilar consistiría en en una reforma "de largo recorrido" para adaptar los mercados energéticos en Europa a la realidad actual, que es "completamente distinta a la de hace 10 o 15 años" cuando se aprobaron las normas vigentes.

La vicepresidenta primera ha reiterado que los Estados miembros, incluyendo España, ya han hecho su parte con medidas nacionales para responder a la crisis. "Una muy buena parte de los Estados miembros está destinando un volumen de recursos de presupuesto o de reducciones fiscales muy importantes para poder acompañar a las familias. Y creemos que esto hay que hacerlo porque sí, porque no se puede dejar a las familias sin cobertura en una situación en la que se produce una súbita subida del precio de la electricidad", ha alegado.

A su juicio, ahora le toca el turno a las instituciones de Bruselas. "No basta sólo con acompañar a las familias a través de medidas fiscales o presupuestarias", ha resaltado. "El marco regulatorio de los mercados energéticos corresponde fijarlo a la UE, por tanto tendremos que insistir en que aquellas cuestiones que dependen del marco regulatorio puedan evolucionar correctamente", sostiene la vicepresidenta.

Ribera asegura que España no está sola en sus reivindicaciones y admite que la situación de la Comisión "no es fácil". Pero se ha quejado de que "tomar una decisión e implementarla a nivel europeo desgraciadamente tarda mucho más tiempo del que nos gustaría". "Ponernos de acuerdo entre los 27 Estados miembros tiene también un valor en sí, y creemos que de este debate debemos salir con inteligencia, enriquecidos y fortalecidos, son las reglas del juego", ha concluido.