El Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo comunitario ni siquiera coinciden en el diagnóstico del problema. La vicepresidenta Ribera sostiene que se trata de una crisis sin precedentes que amenaza la recuperación económica, y por tanto requiere medidas extraordinarias y urgentes a escala europea. En contraste, Bruselas lo considera un fenómeno transitorio que se corregirá a partir de abril de 2022 y por eso descarta reformas de calado.

La Comisión Europea se alinea así con las tesis de Alemania, Holanda, Austria y los países nórdicos y bálticos, que se oponen a cualquier "reforma ad hoc del mercado mayorista de electricidad" como la que pide España. En total, ya son 11 los Estados miembros que han firmado la declaración en defensa del modelo actual de fijación de precios, cuyo diseño marginalista se traduce en que es la tecnología más cara (en estos momentos el gas) la que determina el precio mayorista de la luz. Bélgica y Suecia han sido los últimos en sumarse al manifiesto.

Los ministros de Energía de la UE han celebrado este martes una reunión extraordinaria en Luxemburgo UE

Pese a las reiteradas negativas anteriores de Bruselas, el Gobierno español ha vuelto a la carga con la presentación de un nuevo documento de propuestas durante la reunión extraordinaria de ministros de Energía de la UE celebrada este martes en Luxemburgo. El texto desarrolla en más detalle las tres principales demandas de Ribera: romper el vínculo entre los precios del gas y de la electricidad, crear una plataforma de compra conjunta de gas y reforzar el combate contra la especulación en el mercado de CO2.

La novedad más importante es que, por primera vez, el Gobierno de Sánchez amenaza con salirse del mercado eléctrico europeo y crear su propio sistema de fijación de precios al margen de la UE si Bruselas no actúa. Es decir, una especie de brexit energético. "En situaciones excepcionales, se debe permitir a los Estados miembros que adapten la formación del precio de la electricidad a sus situaciones específicas (cesta energética, recursos, nivel de interconexiones)", señala el documento.

Riesgo de apagones

Pero las presiones de Ribera siguen sin surtir efecto. La comisaria de Energía, Kadri Simson, ha vuelto a hacer una defensa cerrada del sistema europeo de fijación de precios de la luz. "El modelo de mercado actual proporciona un marco estable que ofrece más energías renovables, mejora la integración transfronteriza y, en general, garantiza una energía más barata para todos los consumidores. El año pasado, durante los periodos en los que las energías renovables proporcionaron la mayor parte de la producción de electricidad, no fue inusual ver precios negativos de la electricidad", ha indicado.

A su juicio, las ideas de España y Francia para reformar el mercado eléctrico aumentarían el riesgo de apagones. "La propuesta de algunos Estados miembros que sugiere que rompamos el vínculo entre las renovables y el gas en la formación de precios significaría posiblemente crear mercados paralelos con el fin de fijar precios para las diferentes tecnologías. De esta forma, el precio de la electricidad sería la media ponderada de dos precios", ha relatado la comisaria de Energía.

La comisaria de Energía, Kadri Simson, durante la rueda de prensa de este martes en Luxemburgo UE

"No está claro cómo un sistema en el que los precios son diferentes para las distintas fuentes de energía funcionaría en la práctica y si sería una mejor alternativa al actual diseño del mercado de la electricidad. Cambiar el actual modelo plantea riesgos a la previsibilidad del mercado, a la competitividad y a nuestra transición energética. El actual modelo de mercado garantiza la adecuación entre la oferta y la demanda en todo momento. Esto es muy importante para la seguridad de suministro y ha evitado el riesgo de apagones", sostiene Simson.

El Ejecutivo comunitario tampoco está convencido de la utilidad de crear una plataforma conjunta de compra de gas. "Debemos analizar las ventajas e inconvenientes de este sistema. Hay muchos problemas que hay que considerar: quién pagará los costes de la adquisición y el almacenamiento del gas o cómo se transportará el gas a las diferentes regiones de la UE", ha apuntado Simson.

España tiene un problema nacional

Finalmente, la comisaria de Energía ha repetido que, contra lo que sostiene España, "no hay pruebas en la información de mercado reciente de que la especulación sea un impulsor importante del precio en el mercado de CO2". Aún así, Bruselas ha encargado estudios sobre los mercados del gas, la electricidad y el CO2 para responder a las inquietudes de Ribera. Los resultados preliminares se esperan para mediados de noviembre. Los líderes europeos volverán a discutir la crisis energética en la cumbre de diciembre.

"No debemos poner expectativas demasiado altas en las medidas a nivel de la UE, porque no podemos influir en los precios mundiales del carbón, el petróleo y el gas", ha dicho el secretario de Energía de Alemania, Andreas Feich. "No creemos que haya que tomar medidas apresuradas, que conducirían a precios más altos a largo plazo o podrían socavar nuestros objetivos climáticos", ha agregado.

Por su parte, el ministro de Energía de Luxemburgo, Claude Turmes, el promotor del manifiesto de 11 países contra las propuestas de Ribera, avisa de que crear una plataforma conjunta de compra de gas costaría "años y años" y que luego está el problema de dónde almancenarlo. "El Gobierno español está haciendo demasiadas promesas al decir que la compra conjunta de gas resolverá la crisis. La solución está en invertir en eficiencia y renovables y lo que más necesita España son interconexiones", ha dicho.

El ministro luxemburgués sostiene que "España tiene también un problema nacional" porque, dentro del mercado ibérico, Portugal se beneficia de unos precios minoristas muchos más bajos. "Los precios al consumidor españoles están demasiado vinculados al mercado inmediato, por eso suben, mientras que Portugal tiene un sistema mucho mejor para devolver los ingresos de las energías renovables a los consumidores", ha apuntado Turmes.

Nuevas medidas para bajar la luz

Y mientras se dirimen las diferencias entre el Gobierno español y Bruselas, la vicepresidenta Ribera acaba de anunciar la aprobación de un nuevo paquete de medidas para mitigar los altos precios de la luz en la economía. En concreto, se quiere ampliar la protección de los consumidores domésticos vulnerables y del sector industrial.

En el primer caso, se ampliará la cobertura del escudo social tanto en el bono eléctrico como en el del gas. Se alargará la prohibición del corte de suministro básico hasta el 31 de marzo de 2022 rebajando aún más el coste energético.

Los hogares vulnerables que tenían hasta ahora una reducción de su factura eléctrica de un 25% se aumenta hasta el 60%, y los vulnerables extremos, del 40% al 70%. Para el consumo de gas, los hogares vulnerables acogidos al bono social térmico se beneficiarán de un cheque mensual de 90 euros que podría estar disponible en diciembre.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa de este martes Moncloa

En el caso del segundo bloque de medidas, la ministra del ramo ha dicho que solo tendrán que minorar su retribución aquellas compañías eléctricas que en sus contratos con los clientes hayan incorporado los beneficios extraordinarios por el alto precio del gas. Para ello el MITECO revisará los documentos firmados entre generador y consumidor para poder saber qué contrato está indexado al mercado mayorista y cuál no.

"Es una medida que dará transparencia al mercado y reforzará la capacidad de supervisión sobre los mecanismos de formación de precios en contratos intragrupo y en terceros, incluida la cobertura financiera", ha dicho Ribera.

Por último, al mismo tiempo, se buscarán incentivos para que la industria se asegure su suministro con contratos a precio fijo. "Tenemos que acompañar a los consumidores de gas industrial y proteger a las comercializadoras independientes que tienen problemas de liquidez para hacer frente a la situación extrema del mercado".