El Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado un nuevo documento a Bruselas en el que reclama "medidas extraordinarias con carácter de urgencia" a nivel europeo para hacer frente al alza del precio de la energía. Si la UE no da respuesta a la actual crisis energética, el Ejecutivo español pide que al menos se le permita salirse del mercado eléctrico europeo para poder así actuar por su cuenta para amortiguar el impacto de la subida del gas en la factura de la luz.

Las nuevas demandas de España se han presentado durante la reunión extraordinaria de ministros de Energía que se celebra este martes en Luxemburgo. Se trata del contraataque de la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la declaración promovida por Alemania que rechaza cualquier reforma del mercado eléctrico europeo. 

A los signatarios originales de esta declaración -Alemania, Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Letonia y Holanda- se han sumado este martes Bélgica y Suecia. Es decir, un total de 11 países han hecho frente común contra la petición del Gobierno de Sánchez de modificar el sistema de fijación de precios de la electricidad en la UE, cuyo diseño marginalista se traduce en que es la tecnología más cara (en estos momentos el gas) la que determina el precio mayorista de la luz.

"Dado que los picos de precios se deben a factores globales, debemos tener mucho cuidado antes de interferir en el diseño de los mercados interiores de la energía. Esto no será una solución para mitigar la subida de los precios de la energía, que está vinculado a los mercados de combustibles fósiles", sostiene la declaración de Alemania y los nórdicos.

"Unos mercados de la energía transparentes y competitivos generan eficiencia y precios competitivos a los usuarios finales. Por lo tanto, no podemos apoyar ninguna medida que entre en conflicto con el mercado interno del gas y la electricidad, por ejemplo, una reforma ad hoc del mercado mayorista de electricidad", concluye el texto apoyado por 11 países. 

Pese a que se celebra a petición de España, la vicepresidenta Ribera no ha acudido a la reunión en Luxemburgo por tener que participar en el Consejo de Ministros. En su lugar, el Gobierno ha estado representado por la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. Las propuestas españolas cuenta con el apoyo total o parcial de Francia, Italia, Grecia, Portugal o Polonia.

"Un enfoque europeo común es nuestra preferencia para el conjunto del mercado interior europeo de la energía. Esta es la forma más eficiente y razonable de evitar distorsiones adicionales. No obstante, en ausencia de una respuesta europea, la Comisión podría conceder a los Estados miembros flexibilidad para adoptar medidas en esta situación extraordinaria", reclama el documento español.

Cada incremento de un euro por megavatio hora en el precio del gas representa 2.700 millones de euros al año en costes de la electricidad adicionales para los consumidores europeos, según denuncia el Gobierno. Un encarecimiento que pone en riesgo la recuperación económica y también la transición climática en la UE.

"Esta distorsión de precios no puede repercutirse sobre los consumidores, especialmente en tiempos de recuperación económica. Se necesitan medidas europeas para evitar asimetrías y garantizar que los Estados miembros trabajan en la misma dirección, evitando medidas diferentes que puedan causar distorsiones adicionales", asegura el documento.

Tope al precio del gas natural

La prioridad para España, según este documento, es desligar el precio de la electricidad del precio del gas y establecer en su lugar un vínculo directo entre el coste medio de producción de la electricidad en cada país y el precio pagado por el consumidor. De esta forma, se protegería a los consumidores de una volatilidad excesiva y se les permitiría beneficiarse del menor coste de las renovables.

El Gobierno de Sánchez reclama además fijar un tope al precio del gas natural, con una compensación que se recuperaría con posterioridad. Pero dado que no existe la mayoría necesaria en la UE para llevar a cabo estas reformas a corto plazo, la vicepresidenta Ribera reclama que al menos se permita a España tomar estas medidas a nivel nacional por su cuenta.

"En situaciones excepcionales, se debe permitir a los Estados miembros que adapten la formación del precio de la electricidad a sus situaciones específicas (cesta energética, recursos, nivel de interconexiones)", señala el documento.

El resto de propuestas españolas son bien conocidas. En primer lugar, constituir una plataforma europea de compra conjunta de gas natural con el fin de reforzar el poder de negociación de la UE frente a proveedores como Rusia. Alemania y los nórdicos ya han anunciado que no tienen intención de participar en estas compras conjuntas, aunque no las bloquearán si son voluntarias como sugiere la Comisión.

Finalmente, el Gobierno de Sánchez reclama medidas para evitar la especulación financiera en el mercado europeo de emisiones de CO2. El Ejecutivo comunitario sostiene que esta especulación no existe, pero ha encargado a la Autoridad Europa de Mercados y Valores (ESMA, por sus siglas en inglés) que refuerce su vigilancia.

La secretaria de Estado de Energía ha vuelto a tachar de insuficiente la "caja de herramientas" presentada por Bruselas para hacer frente al alza de la luz, ya que sólo contempla medidas nacionales a corto plazo, como rebajas de impuestos y ayudas a los hogares y empresas más vulnerables.

Aagesen todavía espera persuadir a Alemania y los nórdicos de que levanten su veto a la reforma del mercado eléctrico. "Venimos a convencerlos y venimos sobre todo a explicar que es una situación extraordinaria y urgente que requiere de acciones urgentes", ha dicho.