Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola España, ha propuesto, a raíz de la polémica sobre la escalada del precio de la luz, que se revise la fijación de los precios de la tarifa regulada (el precio PVPC) para evitar que la factura no oscile tanto para los consumidores, al igual que ocurre en otros países, como Francia.

De esta forma, "las subidas y bajadas son mucho más suaves y la gente tiene mucha más previsibilidad sobre su factura", ha apuntado durante el XXXVIII seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) y BBVA en Santander.

"Esta particularidad en España del PVPC es una de las cosas que debería revisarse y hacerse de forma más similar [a otros países]", ha apuntado, con el objetivo de que no haya "este tipo de alarma social".

Según ha explicado, mientras que existe una tarifa libre, una "pequeñísima parte" de la energía consumida en España se rige por la tarifa regulada. El PVPC se fija en el mercado mayorista y los cambios se trasladan directamente al consumidor, pero en otros países no ocurre así porque se estima a partir de los futuros, como ha manifestado.

Por otra parte, en relación con la polémica por los beneficios caídos del cielo, Santamaría ha explicado que "no hay tales beneficios" y ha criticado que quienes se refieren a esta expresión no tengan en cuenta "todo el entorno económico de esas centrales". En todo caso, ha declinado valorar el anteproyecto de ley dirigido a compensar estos beneficios caídos del cielo para hacer pagar a estas centrales por derechos de emisión. "Habrá que evaluarlo cuando toque", ha dicho.

Sin comentarios sobre Sánchez Galán

Preguntada en varias ocasiones por la imputación de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, en el llamado caso Villarejo, Santamaría ha declinado hacer comentarios.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, encargado del caso, ha dictado este martes una resolución en la que da la condición de investigados al presidente de Iberdrola y al director general de negocios, Francisco Martínez Córcoles, por la contratación del excomisario José Manuel Villarejo para la realización de trabajos de seguridad en los que se emplearon métodos ilegales, siguiendo el criterio de la Fiscalía. El directivo declarará el próximo 7 de julio en la Audiencia Nacional.