Una tienda de Decathlon.
Competencia detecta algunos “riesgos” en la operación de compra de tiendas de Intersport por parte de Decathlon
La CNMC ve “elevada concentración” en el mercado de venta de artículos deportivos e inicia una segunda fase de análisis.
Más información: Decathlon 'pincha' en España: reduce un 42% su beneficio y un 1,4% sus ventas en 2024 pese a las mejoras en web y tiendas
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado el inicio de la segunda fase del análisis de la operación de compra de algunos activos de la quebrada Intersport por parte de Decathlon tras identificar riesgos.
En la primera fase del análisis, la CNMC ha detectado una elevada concentración en el mercado de venta de artículos deportivos, concretamente, en la venta de equipamiento, ropa y calzado deportivos de uso técnico.
Según la CNMC, “la operación podría reducir la presión competitiva debido a la existencia de barreras de entrada en el mercado de venta de artículos deportivos, como la dificultad para que nuevos operadores accedan a ubicaciones físicas atractivas para desarrollar la actividad”.
Esta situación podría generar “riesgos como una menor oferta y variedad de productos deportivos -especialmente de marcas de terceros- y la reducción de la calidad y especialización del servicio”,
También alerta de que haya menos cobertura geográfica o la disminución de los incentivos a la innovación en los establecimientos.
Recordemos que la operación consiste en la adquisición del control exclusivo de varios activos de Intersport, en proceso de liquidación, y afecta al mercado de venta de artículos deportivos en la isla de Tenerife.
Ante esto, Decathlon ha presentado compromisos destinados a mitigar estos riesgos, pero la CNMC ha considerado insuficientes para resolver los problemas identificados.
Segunda fase
El paso a segunda fase no prejuzga las conclusiones de la operación. La CNMC podrá requerir más información a los distintos operadores.
Decathlon y terceros interesados podrán presentar alegaciones para la defensa de sus legítimos intereses.
La resolución final podrá autorizar, acordar compromisos, subordinar condiciones o prohibir la operación de concentración.
