Tras salvar su presupuesto en Europa, arranca otra cuenta atrás para el Plátano de Canarias en España. El martes finaliza el plazo para presentar enmiendas a la Ley de la Cadena Alimentaria, una normativa que -tal y como está establecida- obligaría a la destrucción del 30% de la producción anual de Plátano de Canarias e incluso a la desaparición de este producto en unos años por la entrada de uno similar y más barato: la banana. Solo la excepcionalidad puede salvar a este producto marca España. 

Y a esa excepcionalidad es precisamente la que se agarran los productores para el plátano español dentro de la Ley de la Cadena Alimentaria. Esta medida excepcional que proponen se aplicaría particularmente a las condiciones de rigidez de adecuación de oferta y demanda, así como al establecimiento de la obligación de fijación de un precio mínimo de venta para todas las transacciones y categorías de plátanos por parte de las organizaciones de productores canarios.

Ante esta situación, la solución está en manos ahora del PSOE tras presentar parte de la oposición una enmienda para exceptuar en la práctica al plátano de Canarias de los preceptos de precio de la Ley. “La oposición nos apoya y ahora estamos negociando con el Gobierno”, afirma a Invertia Domingo Martín Ortega, presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan). 

Pero los antecedentes no son buenos. En diciembre, se llevaron un duro golpe con el rechazo del Grupo Socialista en el Senado a la enmienda que habían pactado CC, PP, ASG, Cs, PNV, ERC e Izquierda Confederal. Ahora el mismo trámite debe pasar por el Congreso de los Diputados. 

Domingo Martín Ortega, presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan).

“El plátano de Canarias es una producción ultraperiférica que se enfrenta todos los días a multinacionales bananeras que no respetan las normas europeas. Exceptuar al plátano de Canarias de la ley es imprescindible para nuestra supervivencia”, reivindica Domingo Martín, quien se muestra esperanzado.

La letra pequeña

Para comprender esta reivindicación hay que ir a la letra pequeña del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, del 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

El origen de la polémica está en el establecimiento del coste de producción como verdadero precio mínimo para ofertar sus productos. Esta obligación supone que no es posible colocar producto en el mercado a precio inferior al coste de producción. La medida, a priori, viene a defender al productor español, pero el problema está en que solo le afecta a él. 

¿Qué significa eso? La imposibilidad de competir con otros productos de terceros países, como la banana que procede África y América, que entrará libremente en el mercado español a precios bajos porque su producción no está afectada por esta ley y no tienen que cubrir los costes de producción. A esto se añade, además, que su mano de obra ya de por sí es más barata que la española.

Con lo que se corren varios riesgos. El primero es que las cadenas de alimentación se decanten por la banana como producto sustitutivo y más barato. Hay que tener en cuenta que de cara al consumidor, el Plátano de Canarias tiene un precio de entre 0,8 euros y un euro superior al de la banana. Algo que podría ir a peor con esta ley. 

Última oportunidad para salvar al Plátano de Canarias: el Gobierno tratará de evitar el recorte de Europa

“La Ley obliga a fijar un precio mínimo para la venta que cubra el coste de producción pero nuestros clientes cuentan con un producto sustitutivo, la banana, que se ofrece a mitad de precio. El problema surge cuando uno acude al mercado y los clientes no están dispuestos a comprar todo nuestro volumen a ese precio por simples leyes de oferta y demanda”, señala Domingo Martín Ortega.

Otro de los peligros es que se obligaría a la destrucción del 30% de la producción anual de Plátano de Canarias. “La Ley tiene letra pequeña y la aplicación práctica de la norma nos conduce a tener que dejar de vender innecesariamente hasta 100 millones de kilos al año o si no, arriesgarnos a asumir sanciones millonarias que acabaremos pagando los productores”, reivindican desde Asprocan.

En una encrucijada

Y en este escenario, el Plátano de Canarias se encuentra en una disyuntiva. Si cumplen la ley, perderán cuota de mercado hasta el punto “de facilitar la entrada de la banana y estar fuera del mercado en un quinquenio”, asegura el presidente de Asprocan. Pero si no la cumplen, serán sancionados con multas millonarias que acabarán con el cierre de las empresas plataneras. 

Plantaciones de Plátano de Canarias.

Hay que tener en cuenta que Plátano de Canarias, además de ser marca España, es una industria 100% centralizada en las Islas Canarias y da empleo (directo e indirecto) a más de 15.000 familias.

Al año se producen una media de más de 400.000 toneladas de plátanos que suponen más del 85% de las exportaciones agrícolas del archipiélago, con una contribución económica directa de más de 430 millones de euros. Diariamente se exportan a la Península más de un millón de kilos. Toda esta economía estaría en peligro.

Negativa del Gobierno

Según el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al que ha tenido acceso este medio, ya en septiembre este órgano alertó al Gobierno de la obligación de que los precios de los contratos alimentarios cubran los costes de producción, concepto que no se define con precisión en la norma. 

Para Competencia, esta condición puede provocar una mayor complejidad en los contratos por la necesidad de concretar el cálculo de costes, y favorecer la utilización de índices comunes como referencia sobre los costes, lo cual puede provocar alineamientos de precios. 

Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura ya explicó a Invertia hace un mes que no tenían intención de cambiar la ley para que se pueda vender por debajo de los costes de producción. Si bien es cierto, reconocieron estar trabajando en Bruselas para solucionar, por otra vía, el problema de los precios con los que en ocasiones entran producciones de terceros países en la Unión Europea.