Distribución

Adiós al aceite a un euro: así afectará a la cesta de la compra la reforma del campo

No se podrán regalar productos como reclamo de una campaña promocional.

26 febrero, 2020 02:16

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El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria y, con ella, pone fin a la venta a pérdida, prohíbe las promociones engañosas y establece el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones contractuales entre agricultor y distribuidor. Una reforma legislativa que genera dudas como la reacción de los supermercados o la posibilidad de que suban los precios de venta al consumidor. ¿Cómo afectará a la cesta de la compra?

La reforma tiene tres puntos importantes. El primero es la fijación de precios. Se introduce el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones contractuales, que se incluirá como un factor obligatorio a tener en cuenta para establecer el precio en los contratos. Y ese precio debe cubrir los costes de producción. 

Pero, ¿quién y cómo determinarán los precios? Agricultores y distribuidores pactarán el precio de venta entre ellos. El Ministerio de Agricultura tendrá en su web referencias de precios que se irán ampliando. No obstante, fuentes ministeriales avisan de que “no jugará un papel arbitral, sino que son las partes las que negocian”. Imponer precios por la fuerza se considerará fraude.

En ningún caso el precio de venta puede ser inferior a los costes de producción por vendedor y comprador. Intentamos, como debería ser lógico, que los precios se formen de abajo a arriba”, explicó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En este sentido, el sector lácteo es uno de los más beneficiarios. ¿Estará, por ejemplo, prohibido vender la leche a 0,6 euros? Solo incumplirá la normativa cuando los costes de producción sean superiores a esa cifra. En este caso, el vendedor se enfrentaría a sanciones económicas.

Adiós a la venta a pérdidas

Al hilo de este punto, la reforma termina con la venta a pérdida, es decir, aquella que se realizan por debajo del precio del coste de producción de un producto y por las que cadenas como Dia y Lidl han sido denunciadas en algunas ocasiones. Para ello cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción.

En España, entre 2014 y 2019, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) recibió un total de 53 denuncias por la venta a pérdidas realizada por estas superficies.

En este caso se incluye una excepción con los productos perecederos o próximos a caducar. Por ejemplo, la fruta o los yogures podrán tener descuentos -que en algunos casos llega al 50% en las tiendas- ante la posibilidad de acabar en la basura.

Campañas engañosas

Para evitar la banalización de los productos, se exige que el lanzamiento y desarrollo de promociones no podrán inducir al error sobre el precio o imagen de los mismos, ni perjudicar la percepción en la cadena sobre la calidad o el valor.

Es decir, un supermercado no podrá ofertar durante un periodo largo de tiempo un litro de aceite a precios de 1 euro cuando su precio de venta suele ser más alto porque invitan al engaño al consumidor y suponen un daño reputacional al producto, según explican desde el Ministerio. Tampoco podrán regalar, por ejemplo, fresas por la compra de dos botes de detergente.

En el nuevo Real Decreto-Ley se consideran graves infracciones que antes eran leves, como no formalizar por escrito los contratos alimentarios, no incluir el precio o realizar modificaciones en el precio. Se consideran como infracciones graves la destrucción de valor en la cadena alimentaria, así como realizar actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos.

¿Subirán los precios?

Estas medidas, que buscan reequilibrar la cadena alimentaria, reducirá los márgenes de ganancias de los supermercados. En este caso, ¿aplicarán la subida al precio de venta final al consumidor? Aquí pueden darse dos situaciones: que las seis grandes distribuidoras (Mercadona, Carrefour, Dia, Lidl, Eroski y Alcampo) pacten precios y los suban.

Sin embargo, el Gobierno se encomienda a las leyes del libre mercado y al poder del consumidor para regular con sus elecciones de compra los precios. Es decir, al ser pocos los supermercados se espera que no suban los precios, ya que si una cadena los baja, será esta la que se lleve al mayor número de consumidores.