El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Europa Press

Construcción e Infraestructuras

España triplica el nivel de contratos públicos con un único licitador que Bruselas vincula al riesgo de corrupción

La CNC contabiliza 747 contratos con un único licitador.

La UE fija el umbral aceptable en el 10%.

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Las claves

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España adjudica el 33% de los contratos públicos con un único licitador, triplicando el nivel que la Comisión Europea considera aceptable.

La Comisión Europea alerta de que un alto porcentaje de contratos con un solo licitador aumenta el riesgo de fraude y corrupción.

La principal causa de la falta de competencia es la pérdida de atractivo económico de los contratos públicos, debido al aumento de costes y la falta de revisión de precios.

En el primer semestre de 2026, más de 1.130 contratos públicos en España quedaron desiertos por falta de empresas interesadas.

España registra un porcentaje de contratos adjudicados con un único licitador que triplica el nivel que la Comisión Europea considera satisfactorio.

Un indicador que, además de medir el grado de competencia, figura en las guías antifraude comunitarias como una señal de alerta ante posibles riesgos de fraude y corrupción.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) advirtió este jueves de que, sólo entre enero y junio de 2026, se adjudicaron 747 contratos públicos con un único licitador.

La patronal incluyó este dato en su informe sobre licitaciones desiertas para alertar del deterioro de la competencia en los concursos y la falta de actualización de precios durante los trabajos.

La Comisión Europea utiliza este indicador dentro del 'Single Market Scoreboard', la herramienta con la que evalúa el funcionamiento de la contratación pública en los Estados miembros.

Su criterio es claro. Considera satisfactorio que menos del 10% de los contratos públicos se adjudiquen con un único participante.

Entre el 10% y el 20% el resultado es intermedio. Por encima del 20%, el nivel de competencia pasa a considerarse insatisfactorio.

España se sitúa muy lejos de ese umbral. Según los datos citados por la CNC, el 33% de los contratos públicos cuentan con un único licitador.

La media de la Unión Europea es del 28%. Esto significa que España no sólo supera el límite que Bruselas considera aceptable, sino que también se encuentra por encima del promedio comunitario.

Para la Comisión Europea, cuantos más licitadores participan en un concurso público, mayor competencia existe y mejores opciones tiene la Administración para conseguir una mejor relación entre calidad y precio.

Cuando sólo concurre una empresa, desaparece esa competencia y se reducen las alternativas para elegir la oferta más ventajosa.

La Comisión Europea advierte de que, cuando el porcentaje de este tipo de adjudicaciones únicas aumenta, se convierte en un indicador de riesgo porque pueden ser más susceptibles a prácticas irregulares.

En sus guías antifraude señala que los contratos con un único licitador constituyen una red flag o señal de alerta, ya que pueden estar asociados a un mayor riesgo de fraude, corrupción, favoritismo o colusión.

Bruselas aclara que esta circunstancia no demuestra por sí sola la existencia de irregularidades, pero sí recomienda analizar estos procedimientos con mayor atención, para comprobar qué ha provocado la falta de competencia.

La propia CNC sostiene que el principal problema en España no está en unos pliegos restrictivos ni en la falta de publicidad de los concursos, a su juicio, la causa principal es la pérdida de atractivo económico de los contratos públicos.

La patronal explica que muchas empresas han dejado de presentarse porque los precios de licitación ya no cubren el fuerte incremento de los costes registrado durante los últimos años, tras la guerra en Oriente.

Y es que ahora, si los costes aumentan durante la ejecución de la obra, las compañías deben asumir ese sobrecoste, ya que el precio del contrato apenas puede modificarse con la normativa actual.

El informe recuerda que numerosas obras se ejecutan durante varios años y que, sin un sistema de revisión de precios, las constructoras asumen un riesgo que muchas prefieren evitar.

Un fenómeno que explica el aumento de las licitaciones desiertas. Según la CNC, durante el primer semestre de 2026 más de 1.130 contratos públicos quedaron sin adjudicar por falta de empresas interesadas.

Las constructoras prefieren no concurrir a los concursos públicos para evitar ese riesgo.

Temen asumir sobrecostes durante la ejecución de la obra y que no les paguen después todo el dinero invertido.