El Consejo de Ministros ha aprobado el Saldo de Compensación de Liquidación de las actuaciones realizadas en cumplimiento del Convenio entre la Administración General del Estado y la sociedad concesionaria Acesa (Abertis). Se trata de 1.070 millones que el Gobierno pagará a Abertis por la reversión al Estado del tramo catalán de la AP-7.

Ese tramo, en agosto del año pasado, eliminó sus peajes pasando a ser gratuita. El pago tendrá que realizarse antes de que concluya este mes de febrero. El Saldo de Compensación de Liquidación asciende a 1.069,9 millones de euros. De ellos, 505,5 millones de euros corresponden a la inversión ejecutada; 143,5 millones de euros corresponden al efecto impositivo; y el resto a la capitalización del saldo de compensación.

Esta cantidad contrasta con los 4.200 millones de euros que la concesionaria de la autopista (Acesa, de Abertis) reclama al Estado como consecuencia de las inversiones realizadas y por los descuentos en el peaje que la compañía llevó a cabo en este tramo de la AP-7 que discurre entre Tarragona-Barcelona y Barcelona-La Junquera. Pero también por las compensaciones al descenso del tráfico durante la crisis financiera y la nueva crisis originada por el Covid-19.

El cálculo del Gobierno recoge solo el saldo por las inversiones realizadas y no la compensación por el descenso del tráfico, ya que, en 2017, el Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy acordó no abonar ninguna compensación derivada de la caída del tráfico como consecuencia de la crisis.

Acesa interpuso un recurso contra esta resolución para anular este acuerdo del Gobierno, pero el Tribunal Supremo lo desestimó en junio de 2019, una decisión con distinta interpretación para las dos partes. Mientras Abertis sigue calculando para su reclamación los descensos de los tráficos, tal y como acordó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, el Ministerio se escuda en el acuerdo de 2017 y en la sentencia del Supremo.

Larga historia

Fue en 2006 cuando la concesión se modificó por real decreto para la construcción de un tercer y cuarto carril dependiendo del tramo de la autopista y la implantación de un sistema de peaje cerrado con el fin de eliminar las barreras troncales y evitar así los atascos que generaba.

El coste de estas obras fue asumido por la empresa, aunque compensado con el peaje recaudado del tráfico adicional que se generase por el aumento de la capacidad de la autopista, algo que no pasó tras el estallido de la crisis en 2008. En caso de que este incremento del tráfico no fuese suficiente, el Estado se comprometió a abonar a la empresa la parte proporcional al vencimiento de la concesión, es decir, en agosto de 2021.

No obstante, en 2011, el nuevo Gobierno comenzó a plantear dudas sobre la interpretación de este acuerdo en cuanto a las compensaciones por tráfico, lo que abrió un infructuoso intercambio de consideraciones e informes entre Abertis y el Gobierno, derivando finalmente a los tribunales.