Cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por Naciones Unidas dentro de la Agenda 2030 requerirá una inversión pública para España de 103.633 millones de euros solo en infraestructuras en los próximos diez años, según los cálculos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

Esta enorme cantidad de dinero que ha calculado Seopan está repartida en cinco de los 17 objetivos a los que se ha comprometido el Gobierno de España. Para reducir el número de muertes y lesiones por accidentes de tráfico (ODS 3), 2.200 millones de euros; para garantizar la disponibilidad y gestión del agua y del saneamiento (ODS 6), 5.253 millones; para incrementar la resiliencia y calidad de nuestras infraestructuras (ODS 9), 17.548 millones; para la sostenibilidad medioambiental y social de nuestras ciudades (ODS 11), 74.784 millones; y para combatir la sequía y las inundaciones (ODS 15), 3.848 millones.

“Al ritmo de inversión y contratación actuales, será imposible alcanzar los ODS”, ha señalado este martes Seopan. Su presidente, Julián Nuñez, ha afirmado que “la Agenda 2030 es un desafío mundial y en materia de infraestructuras el modelo actual no sirve porque estamos invirtiendo poco”. En concreto, según la asociación, en niveles equivalentes a 1980 en términos de PIB y con la ratio más reducida de la Unión Europea (UE).

Según los cálculos de Seopan, para garantizar el cumplimiento de la Agenda 2030 sería necesario un esfuerzo inversor adicional en el periodo 2020-2030 similar al 8,3% del PIB. Algo que resulta “imposible” ya que implicaría incrementar un 40% la inversión pública anual en el PIB los próximos diez años, del 2,12% previsto al 2,95%.

Ante este panorama, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras plantea actuar en dos palancas. Por un lado, recuperar el modelo concesional en la contratación. Por el otro, implementar nuevos modelos de gestión de infraestructuras públicas con mayor participación del capital privado.

Los peajes pagarían la inversión

Dado que las cuentas no salen con los niveles de inversión actuales para cumplir con Naciones Unidas, la Seopan ha diseñado un escenario base con el cual mide los impactos que supondría tarificar (poner peajes) toda la red viaria interurbana de gran capacidad del conjunto de las administraciones públicas (estado, comunidades autónomas, diputaciones y cabildos). En total, más de 14.130 kilómetros.

Julián Núñez ha partido de la base de que “nuestro modelo actual de gestión de carreteras no garantiza ni la sostenibilidad ni la calidad del stock de capital público que tenemos en nuestro país”. Según el presidente de Seopan, “genera una desigualdad social clara y manifiesta, induce una desigualdad territorial por las comunidades que tienen peaje y las que no, supone una falta de armonización en nuestro modo de transporte, representa la ausencia de competitividad en transporte de mercancías terrestre interior interior y genera una detracción anual de recursos públicos de 2.000 millones solo en conservación de toda la red viaria”.

“Consideramos un modelo concesional de gestión y operación por parte del sector privado con un sistema free flow sin barreras y con un plazo de concesión de 25 años”, ha señalado Julián Núñez. Según sus cálculos, podría suponer hasta un pago inicial del sector privado al Estado de 104.000 millones o anual de 4.800 millones.

Además, ha ahondado el presidente de la Seopan, habría que tener en cuenta el impacto fiscal de esta actividad a través de IVA, IBI e Impuesto sobre Sociedades. “Devengaría ingresos públicos por valor de prácticamente 4.700 millones y un ahorro de gasto anual de 850 millones en conservación de estos 14.130 kms. de autovías”, ha explicado Julián Núñez.

El plan de las grandes constructoras y concesionarias para alcanzar los 104.000 millones de euros para por concesiones a operadores privados la operación y mantenimiento de esas autovías durante 25 años, implementar las tarifas medias en su rango más alto (9 céntimos de euro/km para vehículos ligeros a 19 céntimos de euro/km para pesados) y medir los impactos.

“Como hay un exceso de tarifa entre lo que se cobra a los conductores y las necesidades de mantenimiento implicaría un pago anticipado al sector público por parte del sector privado que en el caso de que se hiciera un pago a la firma de los contratos se cuantifica en 104.000 millones de euros”, ha afirmado Julián Muñoz.

España concentra actualmente el 73,5% de las autovías libres de peaje de toda Europa, tras la revisión de las AP-1, AP-4 y AP-7. Mientras, hay 23 países del Viejo Continente con el 100% de su red tarificada y cuatro parcialmente, entre los que se incluye nuestro país que tiene la ratio más baja (17%). En total, 61.000 kilómetros de autovías con peajes.

“El modelo está estudiado con todo detalle”, ha sentenciado el presidente de Seopan. Para tranquilidad de los conductores, si cabe, Julián Nuñez ha explicado que esta propuesta de poner peajes en todas las autovías del país “tiene muchas discriminaciones, ya que se pueden aplicar con la tecnología actual muchos conceptos diferenciadores en una tarificación”.

Como ejemplo, ha señalado que en Alemania hay seis tipos diferentes de tarificación en función de vehículo, la renta del conductor, número de ejes del vehículo, contaminación del coche, si festivo o laborable, etc.