El juicio del 'caso Popular' será entre enero y junio de 2027 y finalizará una década después de la resolución del banco

Por tanto, las sesiones de la vista oral finalizarán, aproximadamente, una década después de la resolución del Banco Popular, que tuvo lugar a principios de junio de 2017.

La Audiencia Nacional ya había reservado la primera mitad del próximo año para este juicio y acaba de establecer las fechas exactas en las que se celebrará.

En esta causa judicial, el juez José Luis Calama investigó la ampliación de capital que, en 2016, suscribió esta entidad financiera por valor de 2.505 millones de euros..

En 2017, el Popular quebró, fue resuelto por la JUR (Junta Única de Resolución) y adquirido por el Banco Santander.

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En marzo de 2024, al finalizar su investigación, el juez Calama propuso juzgar al expresidente del Banco Popular Ángel Ron, a otros doce directivos de su cúpula y a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) por los supuestos delitos de estafa a inversores y falsedad contable.

Ahora, una resolución fechada este lunes fija las fechas en las que se celebrará el juicio del caso Popular.

A partir del 19 de enero y hasta el 30 de junio, las sesiones tendrán lugar los martes, miércoles y jueves en la Audiencia Nacional, ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal.

No se celebrarán en las dos semanas que hay entre el 22 de marzo y el 4 de abril.

La mencionada resolución judicial otorga un plazo de los días a las defensas de los acusados, a fin de que comuniquen a la Sala si los mismos van a declarar al inicio del juicio o al final.

Tras su instrucción, el juez Calama concluyó que los inversores que suscribieron la ampliación de capital de 2016 acudieron a ella "engañados".

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A ojos del magisrado, los estados financieros de ese año y de 2015 "no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio", sino que el folleto incluía información "conscientemente alterada".

Por contra, la defensa de Ángel Ron sostiene que la devaluación de las acciones de estos inversores no se deriva de la ampliación de capital, sino que se produjo cuando encabezaba el banco su sucesor, Emilio Saracho.

En su escrito de defensa, el abogado de Ron, José Antonio Choclán, señaló que, tras la ampliación de 2016, "quedó un banco solvente, viable y rentable".

Y culpó de la quiebra del banco a la "crisis de liquidez" que la entidad sufrió en el "segundo trimestre de 2017, bajo la presidencia del señor Saracho".

Asimismo, la defensa de Ron negó que éste hubiese falseado las cuentas de cara a la ampliación de capital y a fin de atraer inversores, como sí concluyó el juez.

De hecho, en el recurso presentado contra la decisión de Calama de abrir juicio oral contra el exdirectivo, Choclán subrayó que su cliente, como presidente de la entidad, había invertido "gran parte de su patrimonio" en la ampliación de capital de 2016.

"No tiene ningún sentido atribuir la elaboración y formulación de unas cuentas que el Juzgado califica de falsas, cuando el señor Ron, como otros consejeros, invirtió gran parte de su patrimonio en la citada ampliación de capital", exponía aquel recurso, que fue desestimado

"Ello presupone, para un observador objetivo, que el señor Ron confiaba en la veracidad de la información y obviamente en que expresaban la imagen fiel de la entidad, sencillamente porque este hecho es un hecho cierto", defendía el abogado.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicita seis años y medio de prisión para Ron, al que acusa, en línea con la tesis del juez instructor, de haber falseado las cuentas "para captar el dinero de los potenciales inversores".