La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor.

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. Diego Radamés / Europa Press

Empresas

Indra, Telefónica, Redeia y Talgo: las empresas estratégicas señaladas en rojo en la agenda del Partido Popular y de Feijóo

Las cuatro grandes cotizadas son objeto de deseo del poder político.

Más información: Los jefes de empresas participadas por el Estado se acercan a Feijóo para preparar el cambio de ciclo

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El PP sitúa a Indra, Telefónica, Redeia y Talgo entre sus compañías estratégicas y, si llega al Gobierno, priorizará despolitizar su gestión y reforzar perfiles técnicos.

Fuentes consultadas indican que el PP no prevé vender de inmediato las participaciones estatales: primero quiere ordenar las empresas y asegurar planes industriales alejados de intereses partidistas.

El Estado controla el 28% de Indra, el 20% de Redeia, el 10% de Telefónica y el 7,8% de Talgo, tras reforzar su presencia y promover cambios en sus presidencias.

El margen de actuación sería distinto en cada grupo: Telefónica tiene el plan de Murtra avanzado; Simón inicia etapa en Indra; Redeia ejecuta inversiones de 6.500 millones; y Talgo cuenta con el peso de Jainaga y fondos vascos.

El Partido Popular (PP), y su líder Alberto Núñez Feijóo, tienen marcado en rojo en su agenda el futuro de cuatro compañías que consideran clave por su valor estratégico: Indra, Telefónica, Talgo y Redeia.

Son precisamente cuatro empresas que el Gobierno ha intentado controlar en los últimos tres años. En las cuatro ha nombrado presidente después de consolidar su control accionarial, con polémica en algunos casos.

Y todo se ha acelerado precisamente después de retener el Gobierno por la mínima gracias a sus pactos con PNV y Junts tras las elecciones de julio de 2023.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia indican que -por el momento- no hay intención por parte del PP de desprenderse de estas participaciones y que ejercerán su derecho de nombrar el presidente que consideren más adecuado.

La línea liberal del PP cree que no debe mantener el control de cotizadas en el medio y largo plazo, pero hay otra corriente que considera que lo primero debe ser ordenarlas y enderezar su marcha antes de una hipotética venta.

Quieren asegurarse de que la gestión de las mencionadas cotizadas esté completamente despolitizada y que sus responsables sean técnicos que piloten un plan industrial que esté alejado de los intereses partidistas.

Es quizás un aviso a navegantes para distanciarse del Gobierno de Pedro Sánchez, obsesionado durante toda la legislatura con el control político de las grandes cotizadas.

En estos momentos el Estado tiene el control sobre Indra (28%), Redeia (20%), Telefónica (10%), Ebro Foods (10%), Talgo (7,8%), Enagás (5%) y Airbus (5%). Y en algunas empresas ejerce con mayor fuerza esta supervisión.

En Indra, el plan pasa por convertir a la compañía en el gran campeón europeo de defensa y en el eje desde el cual pilotar todo el tejido empresarial del sector.

En febrero de 2022 autorizaron la compra de hasta el 29%, poco menos de un año después de que Marc Murtra fuera nombrado presidente no ejecutivo en sustitución de Fernando Abril-Martorell, más cercano al PP.

Pero todo estalló este 2026 cuando el Gobierno y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a través de la cual se gestionan estas participaciones, entraron en guerra contra el entonces presidente, Ángel Escribano.

En febrero del año pasado Escribano fue designado presidente en sustitución de Murtra, que se marchó a Telefónica, pero menos de un año después estalló el conflicto con Moncloa por el control de la compañía.

Después de varios meses de acoso, Escribano finalmente renunció a finales de marzo y Ángel Simón (ex CEO de Criteria Caixa) fue designado en su puesto a petición de la SEPI. Los Escribano terminarían fuera del consejo y del capital.

En el caso de Telefónica, el Gobierno forzó la salida de José María Álvarez Pallete tras lograr un acuerdo con el resto de los accionistas: Criteria, STC, BBVA y BlackRock.

Lo hizo sólo un año después de convertirse en mayo de 2024 en el primer accionista tras gastar 2.300 millones de euros y quedarse con el 10% de la compañía.

En relación a Talgo, el Gobierno bloqueó cualquier intento de entrada de una empresa extranjera, usando incluso el escudo antiopas contra la húngara Magyar Vagon. Y terminó apoyando la entrada de José Antonio Jainaga como accionista y presidente.

Como los números no salían, la SEPI entró con el 7,8% del capital desembolsando 75 millones de euros, los que incluían un préstamo participativo que podría llevarle por encima del 10% de la compañía.

En cuanto a Redeia, el control del 20% del gestor eléctrico es heredado, pero no por ello menos relevante. El Ejecutivo nombró a Beatriz Corredor, como presidenta en 2020 tras ser entre 2008 y 2010 ministra de Vivienda de José Luis Rodríguez Zapatero.

Un control que se hizo patente durante la crisis del gran apagón acontecida hace un año en donde Redeia y Corredor se pusieron claramente de parte de la versión de Moncloa. Y culpabilizaron a las empresas privadas actuando casi como una extensión del Ministerio de Transición Ecológica.

¿Y qué hará el PP? En principio, garantizarse la mejor gestión posible, lo que deja la puerta abierta incluso a mantener a parte de los actuales equipos si garantizan que están lejos de intereses políticos.

Este diario ya avisó este fin de semana de los movimientos que algunos directivos de empresas cotizadas vinculadas al Estado han estado realizando en las últimas semanas para acercarse al entorno del líder del PP.

Desde antes del verano se han producido encuentros en los que los jefes de estas empresas han transmitido al PP el carácter industrial de sus respectivas hojas de ruta y la importancia de mantenerse en el cargo. Un acercamiento al PP a espaldas de la SEPI y de Moncloa.

En cualquier caso, estamos ante casos muy diferentes. En el caso de Telefónica, Murtra lleva en marcha ya un año de su plan estratégico y tiene una hoja de ruta muy definida después de 20 meses en el cargo.

Murtra, Simón, Corredor y Jainaga

En cuanto a Indra, Simón está en una etapa mucho más inicial. Acaba de remodelar su equipo directivo y preveía presentar su nuevo plan antes de finalizar el año. La convocatoria de elecciones podría frenar este calendario.

Del lado de Redeia, el plan estratégico para el periodo 2026-2029 se presentó en febrero de 2026 y prevé una inversión total de 6.500 millones de euros, lo que supone un aumento del 70 % respecto al ciclo anterior.

Por último, en Talgo quizás el PP lo tendría más difícil para nombrar un presidente cercano ya que podría encontrarse con la oposición de Jainaga -que es accionista- y de los fondos vascos que representan en conjunto hasta un 30% de la compañía.