Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia.
La UE debate a puerta cerrada un nuevo 'plan de recuperación' para financiar las redes digitales
¿Necesita la Unión Europea un nuevo plan de recuperación con ayudas públicas? Los 27 se enfrentan a un nuevo debate que puede marcar los próximos meses y que pasa por la forma en la que se tienen que financiar las futuras infraestructuras digitales.
Diferentes países llevan insistiendo en los últimos meses -de manera extraoficial- en la posibilidad de que la Comisión Europea apruebe un gran plan para completar (o sustituir) las redes de 5G, la fibra óptica y la infraestructura que dé soporte a las nuevas tecnologías como el 6G.
Bajo el argumento de la soberanía estratégica y de la necesidad de igualarnos a Estados Unidos y China, se ha hablado de nuevas ayudas públicas en un esquema similar al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) aprobado tras la pandemia. Un espejo de los fondos europeos Next Generation.
De momento, el debate ha sido a puerta cerrada y no ha trascendido a la opinión pública, pero los diferentes Estados miembros ya se están posicionando.
En el último consejo de ministros de Telecomunicaciones, realizado hace un par de semanas en Bruselas, se debatió sobre la actualización de la ley de ciberseguridad (CSA2) y quedó de manifiesto que hay una escasa unanimidad entre los Gobiernos.
![La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11290526.jpg?p=w:1706\/h:960&h=AVRqegue"])
La piedra de toque es -ahora mismo- ver quién deberá asumir la potestad de vetar proveedores críticos o, lo que es lo mismo, suministradores de redes estratégicas chinos como Huawei y ZTE.
España y Alemania defienden públicamente que deben ser los Estados miembros los que decidan para no perjudicar sus alianzas comerciales y estratégicas con China.
![María González Veracruz, secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10243742.jpg?p=w:1706\/h:960&h=pVD6EJf8"])
El argumento técnico es que no creen apropiado introducir requisitos para gestionar factores no técnicos, porque tendría impactos significativos en otros sectores estratégicos, geopolíticos, institucionales e industriales.
España, además, sostiene que los esquemas de certificación desarrollados bajo la CSA deben mantenerse exclusivamente de naturaleza técnica. Sin embargo, ya en reuniones a puerta cerrada, Francia, apoyada por Países Bajos, pidió exactamente lo contrario: no separar los aspectos técnicos del resto de condicionantes.
![José Luis Escrivá y María González Veracruz charlan con la ministra holandesa Alexandra Van Huffelen en el Consejo europea de ministros de Telecomunicaciones.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10541953.jpg?p=w:1706\/h:960&h=A1H8ogsV"])
En estas mismas reuniones a puerta cerrada, España y Grecia pidieron que -en todos los casos- se garantizara una financiación adecuada para realizar esta transición y sustituir equipos de proveedores de alto riesgo en las infraestructuras críticas.
Desde el Gobierno español insisten a este diario en que no han pedido ayudas públicas en el marco de esta última reunión de ministros de telecomunicaciones y remiten a la declaración oficial. "No estamos todavía en ese debate", insisten.
En efecto, el tema no está recogido en el comunicado final donde solo se incluye la discrepancia sobre quién debe decidir sobre los proveedores de alto riesgo. Pero es que el debate de las ayudas se produjo a puerta cerrada y sin que trascendiera oficialmente su contenido.
Lo que es indudable es que el tema está sobre la mesa. La diferencia es que, desde el entorno de Bruselas, se habla de otro tipo de justificaciones para las ayudas y no para sustituir, exclusivamente, a los proveedores chinos.
Cadena de suministro
Se habla de toda la cadena de suministro -incluso en redes energéticas- para completar el despliegue que no se ha finalizado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Este plan ha permitido que se aumente la cobertura de redes fijas y de 5G, pero no todos los países han hecho los mismos avances. Mientras España ha cumplido con todos los hitos y casi llega al 100% de cobertura, otros como Alemania siguen lejos de un despliegue óptimo.
Esto implica que hay una Europa de dos velocidades en cobertura de redes digitales, una situación que impide avanzar hacia nuevos niveles de despliegue, en particular en tecnología móvil, redes industriales y el futuro 6G.
Las necesidades están claras, pero hay una gran división entre los países por la forma en que se deben abordar estas ayudas. Y ni siquiera hay cifras medianamente creíbles de los montantes que se necesitan.
Proveedores de alto riesgo
La primera discrepancia es el uso de eventuales ayudas públicas. España o Grecia sugirieron a puerta cerrada usarlas para sustituir a Huawei, pero República Checa, Países Bajos y Finlandia pidieron que se asumiera el trabajo sobre el conjunto de herramientas europeas 5G en el marco del CSA2.
Es decir, que antes de pensar en ayudas hay que desplegar las herramientas ya existentes para aislar a los proveedores chinos. Este argumento pasa porque algunos países consideran que han hecho los deberes y que no hay que financiar a quienes no han movido ficha para aislar a Huawei.
En once países de la Unión Europea ya hay restricciones y sus operadoras de telecomunicaciones ya han asumido el coste de expulsar a los proveedores de alto riesgo de sus redes.
¿Por qué sus contribuyentes tendrían que pagar a los países que no han tomado decisiones desde el 2020?, se preguntan. Por otro lado, existe el condicionante de que muchas operadoras con redes obsoletas utilicen este paquete de ayudas para sustituir su falta de inversión.
Inversiones necesarias
En las operadoras españoles se defiende que España ya ha hecho toda la inversión en la primera generación de redes digitales, por lo que ahora es necesario completar la sustitución de equipos de alto riesgo con ayudas públicas. Y no solo para reemplazar a Huawei sino para garantizar la sostenibilidad de las redes digitales en el medio plazo.
Con todo, nadie duda de que hay un importante déficit de inversión en redes digitales. Una inversión que ha quedado postergada por sucesivos paquetes de inversión en defensa o Inteligencia Artificial (IA).
El Informe Draghi, que se publicó en septiembre de 2024, indicaba que Europa requiere una inversión adicional de entre 750.000 y 800.000 millones de euros anuales, el 5% del PIB de la UE, para cerrar déficits en competitividad, digitalización, energía y defensa. Cifra que Oliver Wyman elevó recientemente a 1,4 billones.
Según Mario Draghi, al menos 200.000 millones de euros son necesarios hasta 2030, específicamente para el despliegue de redes digitales avanzadas, como 5G y fibra óptica, con un enfoque en la financiación privada y la emisión de deuda conjunta.
Cálculos de la GSMA
Por su parte, la patronal de las operadoras de telecomunicaciones, GSMA, calcula que Europa necesitará 475.000 millones de euros hasta 2035 para completar su transición al 5G y recuperar liderazgo digital.
Aunque -indican- solo hay previsión de movilizar unos 270.000 millones, lo que deja una brecha inversora de 205.000 millones.
En cuanto a la sustitución de proveedores chinos, cuando la Comisión Europea presentó la actualización de la CSA estimó el impacto entre los 17.000 y los 21.500 millones de euros. Aunque las operadoras indican que esta cifra podría duplicarse.
En tanto, esta semana la Comisión Europea presentó su Paquete de Soberanía Tecnológica que incluía una ley de Chips 2.0, con una inversión estimada de 120.000 millones, y una ley de Desarrollo de la Nube y la IA que busca movilizar hasta 200.000 millones de euros para triplicar la capacidad del continente en centros de datos en los próximos cinco a siete años. Nada para infraestructuras clásicas.
Fondos 'Next Generation'
En cualquier caso, demasiadas cifras y pocas certezas. La clave está -por tanto- en definir cuánto dinero se necesita, pero en especial cómo se financiará y a qué se dedicará. Pero, de momento, no hay ningún acuerdo entre los Estados miembros. Ni en la Comisión Europea.
El Informe Draghi ya hablaba de emisión de deuda conjunta y de aportaciones privadas. Aunque, si nos queremos mirar en el espejo de los fondos europeos Next Generation, hay algunas sombras que hay que considerar.
En la pandemia se aprobaron 750.000 millones de euros, aproximadamente la mitad en créditos y el resto en ayudas no reembolsables. En el caso de las ayudas estaban ligadas a una inversión privada que complementara los recursos públicos.
Pero, seis años después de su adjudicación, la mayoría de los países están teniendo problemas para gastarlos. España renunció a 20.000 millones en créditos y todavía tiene al menos 26.000 millones sin repartir.
Infraestructuras digitales
Esto debería dar algunas lecciones a Bruselas. Un gran plan de recuperación para infraestructuras digitales debería tener muy claro dónde se quiere llegar y qué objetivos se quieren cumplir.
Y privilegiando las ayudas por sobre los créditos. Además su adjudicación debe hacerse de manera descentralizada y en sintonía con las empresas privadas, no como ha pasado con los 'NextGen'.
Está claro que un plan de este calado -de 300.000 millones de euros como mínimo- debería atribuirse a deuda pública mutualizada de la Unión Europea, pero también deberían afinarse los procedimientos para asegurarse que el dinero se gaste de manera eficiente y eficaz.
Por otro lado, es clave definir qué infraestructuras se quiere reforzar y sustituir. Parece claro que la tecnología clave debe ser la móvil y el 5G y 6G, pero tampoco hay que dejar de lado las redes fijas como la fibra óptica, los cables submarinos, la comunicación satelital, los centros de datos o el cloud.
El problema, como siempre, es llegar a un pacto de mínimos. Y, por lo que se ha visto en las últimas semanas, no parece que estemos ante un camino fácil de recorrer, ni que tenga una resolución rápida. Bruselas en estado puro.
