El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
La investigación del caso Zapatero usa la base de datos del Notariado que una reforma legal socialista quiere desactivar
No se descarta que a medida que avancen los interrogatorios y se analice la documentación de los registros salgan más sociedades en el exterior.
Más información: El juez sostiene que Zapatero creó una sociedad en Dubái para cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra y le atribuye haber recibido hasta 2 millones.
Una de las claves de la investigación que la UDEF ha realizado sobre el caso Zapatero ha sido el uso de las principales bases de datos sobre la titularidad real de las participaciones sociales que tienen todas las empresas implicadas en la trama y sus titulares.
Además de la intervención en las comunicaciones, los datos de la Agencia Tributaria o de embajadas extranjeras, en este caso es básico para la Policía Judicial el uso de la Base de Datos de Titularidad Real de los notarios, que permite interrelacionar sociedades y seguir el rastro de las inversiones tanto dentro como fuera de España.
La paradoja del tema es que la nueva ley anticorrupción (Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública) que el Grupo Socialista ha presentado en el Congreso plantea un cambio que dejaría bajo mínimos el funcionamiento de esta base de datos. Y con ello su eficacia para llegar a descubrir casos como el de Zapatero, las implicaciones de Cerdán en el caso Koldo y otros escándalos similares.
Fuentes de la investigación abierta sobre el denominado Grupo Zapatero, aseguran que gracias a esa base se mantiene un rastreo permanente de todos los movimientos societarios que se realizan en el entorno más cercano de cada uno de los implicados.
Tanto es así, que no se descarta que, a medida que se conozcan más datos y que se desarrollen los interrogatorios y las comisiones rogatorias en marcha, se puedan detectar más sociedades instrumentales fuera de España utilizadas por la trama, además de la ya conocida de Dubái.
![Carlos Alberto Parra Delgado y la entrada a la gestoría desde la que se pagó al 'Grupo Zapatero'](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/05\/21\/actualidad\/1003744255297_263076064_320x180.jpg"])
Expertos consultados en el derecho de los negocios aseguran que abrir cuenta en una entidad financiera con los titulares en secreto en Dubái es algo muy básico. Los investigadores sólo han tenido que buscar transmisiones societarias y relaciones económicas en el círculo de actividad y amistades más cercano a Zapatero y sus socios para llegar a ello.
Una base de datos de titularidad real, basada en escrituras que pasan el control de legalidad y veracidad de un notario, permite establecer vínculos dentro de una trama o red de sociedades que de otra forma es imposible detectar. Su utilidad es máxima en los casos de blanqueo internacional de capitales.
Lo fundamental en estos casos es tener un testaferro en el país de destino de la cuenta, que siempre negará cualquier relación con el transmisor real del dinero que le llega. "Una persona que actúa sólo en Dubai y cuya función primordial es que nunca aparezca su amigo en esa cuenta", asegura un experto en blanqueo.
El gran reto que se presenta ante los investigadores de la trama en este momento es conseguir que la entidad financiera del paraíso fiscal coopere y se abra a revelar los titulares reales de la cuenta. Eso es fundamental para poder completar el tipo delictivo del blanqueo. Pero también lo más difícil de conseguir.
![La trama del caso Zapatero que pudo influir en el expediente Plus Ultra.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/05\/21\/actualidad\/1003744255332_263087846_320x120.jpg"])
Operar con dinero en paraísos fiscales es una práctica habitual en muchos negocios que manejan beneficios altos y rápidos a nivel global. Es típico de intermediarios que van a comisión. La tarifa del 1% del volumen de la operación, utilizada en el caso Zapatero, es además la que se maneja entre los profesionales del sector.
Con antiguos paraísos fiscales, como Suiza, se logró llegar a un acuerdo bilateral para el intercambio de información sobre cuentas ocultas. Pero con Dubai y otros destinos, eso permanece oculto. Se conoce el banco al que va el dinero, pero no el ordenante del pago ni el beneficiario, con lo que no hay culpables a los que acusar.
Eso sí, cuando se intente traer ese dinero (que no ha pasado por Hacienda) a España, deberá realizar por un proceso de regularización en el que pagará tanto los impuestos pendientes, como el recargo correspondiente y alguna posible sanción.
"Seguir el rastro del dinero, con las bases de datos que hay en España y los sistemas de pagos internacionales, es fácil", aseguran juristas expertos en este tipo de procesos. "Pero lograr que las entidades financieras y las autoridades de esos paraísos fiscales colaboren con la justicia, es muy complicado", rematan.
Anotaciones de los notarios
Hace dos meses, los notarios lanzaron la voz de alarma ante los cambios en la Ley de Sociedades de Capital que planteaba la nueva norma anticorrupción del Gobierno. Se pretende que los traspasos de participaciones en sociedades limitadas se puedan registrar como documento privado, sin pasar por el notario y con la mera declaración de veracidad de quienes los realizan ante el registrador.
Hasta ahora, a la hora de registrar y dar validez constitutiva a un contrato o acuerdo privado, se exige hacer una escritura pública, en la que debe constar la identificación de los socios, la legalidad de la transacción y, según los casos, hasta el origen o la forma de pago.
![La portavoz del PP en el Senado, Alicia García.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/05\/21\/actualidad\/1003744254384_263062775_320x180.jpg"])
Es más, para las investigaciones que realizan instituciones como la UCO o la UDEF, son fundamentales también las anotaciones que en muchas ocasiones realizan los propios notarios sobre aspectos sospechosos o poco habituales de algunas operaciones.
Del cruce de datos de la base salen a veces titulares o sociedades implicados en otras tramas o en operaciones que ya estaban con anterioridad investigadas, algo que es muy útil para las pesquisas policiales, que no siempre las realizan expertos en derecho societario o tráfico mercantil.
Si se elimina la obligación de elevar una operación entre sociedades limitadas a documento público (escrituras), todo queda en manos del Registro, que otorga siempre carácter legal (constitutivo) al negocio jurídico de que se trate, pero no controla el posible uso de testaferros, el flujo de fondos de dudosa procedencia y otras prácticas fraudulentas en las operaciones entre particulares.
Desde el Notariado advierten que un documento privado, incluso con firma electrónica, solo “presume” la titularidad y la capacidad de obrar en un negocio, pero no se garantiza su transparencia. Y eso abre la puerta a la suplantación de personalidad, pues no se controla quién tiene el uso real de la firma electrónica.
![20260520_Zapatero trama_16-9.png](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/05\/20\/actualidad\/1003744253759_263055057_320x180.jpg"])
Notarios y académicos han alertado que este cambio legal que introduce la propuesta socialista, facilitaría las transmisiones simuladas, la manipulación del capital social en la empresa para eludir responsabilidades patrimoniales o el uso de estructuras societarias casi imposibles de rastrear.
La base de titularidad real de los notarios ha aglutinado en estos años datos de más de 3,3 millones de entidades jurídicas. Y en todas ellas consta la cadena completa de transmisiones de capital desde la constitución de la sociedad. Incluye además 250.000 sociedades extranjeras o más de 25.000 entidades no mercantiles.
Su utilización en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales desde hace más de dos décadas ha recibido el reconocimiento de instituciones como el Parlamento Europeo y los organismos internacionales dedicados a la lucha contra este de tipo de delitos.
