Cuerpo evita dar detalles del impuesto a las energéticas pero reconoce que debe ser Bruselas la que "tome la iniciativa"

Durante su comparecencia de este miércoles en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, Cuerpo ha reconocido eso sí que espera que sea Bruselas la que lidere una iniciativa de este calado.

Con ello descarta implícitamente que España mueva ficha sin que haya un consenso europeo, una decisión que ya había adelantado este diario.

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Además, el ministro se ha mostrado bastante más contenido que la carta que envió a Bruselas el pasado Viernes Santo.

"Lo que hemos hecho ha sido pedirle a la Comisión Europea que haga una valoración respecto de la potencial existencia de beneficios extraordinarios por la guerra de Irán, incluso en los combustibles que se negocian fuera del marco de la UE", ha señalado.

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Aunque ha indicado, en todo caso, debe ser Bruselas la que lidere cualquier iniciativa. "Lo que queremos es que sea la UE la que tome la iniciativa" en una respuesta comunitaria y homologada para todos, ha dicho en respuesta a las preguntas de varios diputados asistentes a la comisión.

Del mismo modo, ha recordado que a esta medida, de carácter coyuntural, se suman otras de forma estructural que buscan la soberanía energética "reduciendo la dependencia de España de los combustibles fósiles".

España le pide ayuda a la UE: un nuevo impuesto sobre las energéticas para financiar ayudas y frenar la inflación

Este viernes santo -día festivo en España- el Gobierno pidió a la Comisión Europea -junto a Alemania, Italia, Austria y Portugal- que ponga en marcha un nuevo impuesto coordinado sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas.

En una carta, estos países reclamaron al comisario de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, que elabore un marco jurídico para gravar las ganancias inesperadas del sector. Está firmada por Cuerpo y sus homólogos Giancarlo Giorgetti (Italia), Joaquim Miranda Sarmento (Portugal), Lars Klingbeil (Alemania) y Markus Marterbauer (Austria).

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"Una solución europea de este tipo actuaría como una señal para los ciudadanos de nuestros Estados miembros y para la economía en general, demostrando que estamos unidos y somos capaces de tomar medidas. También enviaría el mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben poner de su parte para aliviar la carga sobre el público general", dice la misiva.

Una estrategia que se basa en el marco legal que ya se aprobó en 2022, cuando la Unión Europea dio luz verde —a través del Reglamento (UE) 2022/1854— a una contribución temporal de solidaridad para hacer frente a la crisis de precios desencadenada por la invasión rusa de Ucrania.

Esto supondría comenzar el mismo camino que la norma ya recorrió en 2022 cuando la UE avaló el reglamento el 6 de octubre de 2022, que fue el germen de la ley española 38/2022, de 27 de diciembre. Iniciativa aprobada con el apoyo de PSOE, Podemos, Sumar, PNV y Bildu y la abstención del Junts.

Es por ello que -como ha informado este diario- el Gobierno busca cobertura legal para recuperar este impuesto que impuso de manera temporal a finales de 2022 y que estuvo en vigor ese curso y el posterior. Pero que fue derogado al final de 2024 por el bloqueo de Junts y PNV a una prórroga.

Críticas de las empresas

Como ha explicado este diario, las grandes empresas no han encajado bien las intenciones del Gobierno español.

Y la preocupación no es solo entre las compañías que se verían más perjudicadas como las petroleras o las gasistas, sino que la indignación es generalizada entre buena parte de las corporaciones del Ibex.

Tanto tras la invasión rusa en Ucrania, como ahora, las empresas consideran que no hay beneficios extraordinarios, sino una gestión del negocio que debe amortiguar los vaivenes de los precios que también afectan a su producción.