Indignación en las grandes empresas por las maniobras del Gobierno en la UE para retomar un 'impuestazo' a las energéticas

Y la preocupación no es solo entre las compañías que se verían más perjudicadas como las petroleras o las gasistas, sino que la indignación es generalizada entre buena parte de las corporaciones del Ibex.

En principio, en España las más perjudicadas con este impuesto extraordinario -de salir adelante- serían Repsol, Moeve, BP, Galp y Naturgy.

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Oficialmente, ninguna compañía prefiere pronunciarse y piden prudencia a la espera de que la iniciativa coja cuerpo y se conozcan más detalles.

Pero en privado reconocen que la música no les suena bien, en particular porque se comienzan a cumplir los mismos pasos que ya hace cuatro años empezó a recorrer el Gobierno con el impuesto extraordinario de 2022.

Las grandes empresas temen un nuevo 'impuestazo' de Sánchez justificado por la crisis de Irán

Recordemos que este impuesto fue ampliamente recurrido por el sector ante la Audiencia Nacional (AN), cuestionando su legalidad y su impacto en la inversión. Un camino que han recorrido las empresas a título individual y también su patronal.

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la AN a comienzos de 2023.

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La patronal que reúne a las principales eléctricas de España, Iberdrola, Endesa y EDP, calificó el impuesto de "discriminatorio e injustificado".

En este sentido, este diario ya adelantó hace un mes el temor de las grandes empresas porque el Ejecutivo utilizara la excusa de la guerra de Irán para impulsar nuevos impuestos.

Cuando Sánchez demonizó a las empresas y lanzó los impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas

Y así ha ocurrido. Este viernes santo -día festivo en España- el Gobierno pidió a la Comisión Europea -junto a Alemania, Italia, Austria y Portugal- que ponga en marcha un nuevo impuesto coordinado sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas.

Es la cobertura legal que el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca para recuperar este impuesto que impuso de manera temporal a finales de 2022 y que estuvo en vigor ese curso y el posterior. Pero que fue derogado al final de 2024 por el bloqueo de Junts y PNV a una prórroga.

Ese impuesto del 1,2% sobre el importe neto de negocios de empresas con una facturación sobre los 1.000 millones afectó a todas las energéticas, porque la justificación era la subida del precio de la luz por la crisis de suministro de gas ruso y su impacto en la electricidad.

Entonces, los mayores contribuyentes fueron Repsol, Iberdrola, Endesa, Naturgy y Cepsa que desembolsaron unos 2.800 millones entre 2023 y 2024, poco menos de 1.200 millones cada año.

Cinco países

En el nuevo caso, la carta enviada por los ministros de Economía de España, Alemania, Austria, Italia y Portugal solo habla de empresas energéticas en genérico.

Pero en la petición advierten directamente que la propuesta pretende "amortiguar el impacto económico derivado del encarecimiento del petróleo tras la escalada bélica en Oriente Próximo" y el conflicto con Irán.

Es así como se apunta a las petroleras, pero es lo suficientemente ambiguo para incluir a cualquier energética que se beneficie de la crisis.

Una situación que molesta en el sector empresarial. En primer lugar, porque no se ha consultado con las patronales ni con las empresas supuestamente afectadas.

Carlos Cuerpo

Pero además porque -creen- pone nuevamente en el punto de mira a las grandes empresas, como ya se hizo en la crisis de Ucrania.

La carta, que el propio ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, compartió en sus redes sociales el sábado, indica que se busca "evitar que el coste de la crisis energética recaiga exclusivamente sobre los consumidores y las arcas públicas".

Es decir, se considera que se empieza el camino para señalar a las empresas por un supuesto enriquecimiento ilícito a costa de la crisis, algo que niegan.

De hecho, advierten que los riesgos de cualquier negocio son intrínsecos, tanto como si el petróleo está a 110 dólares como ha empezado a cotizar esta semana, como si lo hace a 70 dólares, antes de la guerra de Irán.

Subida del gas y el petróleo

Tanto tras la invasión rusa en Ucrania, como ahora, las empresas consideran que no hay beneficios extraordinarios, sino una gestión del negocio que debe amortiguar los vaivenes de los precios que también afectan a su producción.

Y es que el hecho de que el petróleo subiera un 40% y el gas un 70% constituye una coyuntura que afecta a las empresas, al menos, al mismo nivel que a los consumidores, aunque a estos últimos con un efecto mucho más directo.

Por otro lado, se teme que se eleve al debate político el rol de la gran empresa y de las energéticas en esta crisis.

Hace cuatro años el propio presidente Pedro Sánchez, jaleado por sus socios de Sumar en el Gobierno, cargó duramente contra las grandes empresas, les culpó de beneficiarse de la crisis y les invitó a contribuir más.

Nuevos impuestos

Una exigencia que se materializó en el impuesto extraordinario al que acompañó una tasa temporal la banca que se mantiene hasta la fecha.

Es por ello que en muchas grandes empresas creen que, si sale adelante nuevamente este gravamen energético, podría ser solo el comienzo de más impuestos a sectores específicos.