José Vicente de los Mozos, CEO de Indra, y Ángel Escribano, presidente de la compañía.

José Vicente de los Mozos, CEO de Indra, y Ángel Escribano, presidente de la compañía. EFE efe

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Escribano 'versus' De los Mozos: la industria de defensa da por descontado que sólo puede quedar uno en Indra

La crisis en la cúpula de la tecnológica y su pelea con el Gobierno ha generado una gran incertidumbre en cientos de pymes que colaboran en sus proyectos.

Más información: El conflicto con Indra trastoca la nueva industria de defensa: ¿qué es mejor, una empresa de 10.000 millones o diez empresas de mil?

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Las claves

Indra vive un enfrentamiento interno entre su CEO, José Vicente de los Mozos, y el presidente, Ángel Escribano, que pone en riesgo la estabilidad de la compañía.

El Gobierno, a través de SEPI, busca el relevo de Escribano como presidente, pero no cuenta aún con los apoyos suficientes en el consejo de administración.

La tensión se produce en un momento clave para la industria de defensa, con grandes contratos en juego y cientos de pymes dependientes de las decisiones de Indra.

El posible desenlace, incluido el uso de la Junta General de Accionistas, podría afectar significativamente el desarrollo tecnológico y la seguridad en España.

El malestar en la cúpula de Indra por la falta de entendimiento entre el CEO, José Vicente de los Mozos, y el presidente, Ángel Escribano, y su guerra con el Gobierno, es visto con  preocupación en el sector de la defensa.

Un complejo entramado empresarial que depende del papel de la tecnológica en la nueva industria de defensa.

El presidente no perdona la deslealtad que supuso para él la reunión de su CEO con el Gobierno a sus espaldas, para hablar de la integración, ya descartada, de la empresa familiar de los Escribano con la tecnológica controlada por el Estado.

El consejo de administración de este miércoles, aunque haya quedado descafeinado por la suspensión de la operación, se ve como un duelo (sin espadas) entre los dos dirigentes de la compañía, en el que sólo puede quedar uno.

La fecha elegida es, además, el día que De los Mozos debe decidir si se queda en su puesto y se pone a diseñar el nuevo plan estratégico hasta 2030, o recoge el bonus millonario de los hitos cumplidos con creces en el anterior Leading the future y sale en busca de otros retos.

Hay quien ve ya al CEO al frente de la Fórmula 1 que la presidenta Ayuso va a traer a Madrid este año. Pero también hay quien desde dentro de la empresa considera que es imprescindible para marcar la nueva hoja de ruta.

La intención declarada del Gobierno, que tiene un 28% del capital y tres de los quince consejeros a través de la SEPI, es mover la silla a Escribano. La pérdida de confianza de Moncloa en el presidente es evidente. Lo difícil es lograr los apoyos suficientes en el consejo para hacerlo.

Idéntico problema tiene Escribano. En su entorno asegura que no se moverá porque es el segundo accionista del grupo y lo respalda la mayoría. Pero también es un secreto a voces que si no cesa a De los Mozos es porque no tiene apoyos en este momento para hacerlo. 

Este enfrentamiento a dos bandas, dentro y fuera de la empresa, se produce después de un año en el que Indra se ha dado un baño de multitudes con sus miles de proveedores y socios potenciales, con la promesa de que les extenderá parte del pastel millonario de los programas que le ha adjudicado Defensa.

Este mismo martes, un día antes del polémico consejo, De los Mozos y Escribano (uno en cada esquina) presentaban el acuerdo con la empresa coreana a la que quieren adjudicar uno de los mayores trozos de su pastel: los 4.400 millones del blindado de cadenas para el Ejército español.

Eso es trasvase de tecnología y una forma de llenar, a largo plazo, las nuevas instalaciones de El Tallerón que han comprado en Asturias. Es mucho dinero y cientos de pymes involucradas en la cadena de valor que se generará.

Pero sobre el encuentro sobrevolaba la incertidumbre sobre su realización final. Ese es uno de los grandes contratos sobre cuyos créditos a tipo cero debe decidir el Tribunal Supremo, tras la demanda de GDELS-Santa Bárbara. Y cuya adjudicación llegará a la Audiencia Nacional.

Guerra interna en la cúpula de la empresa; enfrentamiento con el Gobierno, su accionista mayoritario; y judicialización de los dos grandes contratos, con la intención de llegar hasta Europa si es necesario. Son demasiados obstáculos para que el desasosiego no se apodere de las pymes que dependen de Indra.

Una retirada a tiempo

Las voces más serenas desde dentro de la propia compañía aseguran que lo más normal es que no pase nada en el consejo. Pero no parece ser ese el clima que se respira desde fuera.

La nota que hizo pública la SEPI la semana pasada, sobre la necesidad de resolver el conflicto de interés que generaba la fusión con la empresa del propio presidente antes del consejo, fue determinante para dejar claro que el mismo Gobierno que puso a Ángel Escribano al frente de la compañía ya no lo quiere.

Fuentes empresariales cercanas a ese proceso aseguran que tampoco debe haber prisa por hacer el relevo, ni se deben tomar decisiones traumáticas en el consejo que sólo perjudicarían a la empresa. Y con ella, a la reestructuración de la industria de defensa en España, en un momento geoestratégico crítico.

A pesar de que el propio Escribano se ha atrincherado y está dispuesto a vender cara su derrota, hay quien defiende que la mejor opción sería que se diera cuenta de una vez por todas de que, en esa situación, debería echarse a un lado por el propio bien de la empresa y del país.

Todo el sector de la industria de defensa española y europea está pendiente de esta situación. Y saben que el Gobierno tiene fórmulas muy poderosas para presionar a Escribano. Solo hay que pensar en que todos los planes de participación industrial previstos y su desarrollo dependen del dinero público.

El Gobierno reclama y espera los proyectos que Indra y Escribano deben presentar para sacar adelante los miles de millones que les han adjudicado.

Tanto para demostrar a la OTAN que la inversión en capacidades de defensa sigue al alza en España, camino de superar el 2% del PIB, como para vender a los ciudadanos votantes en año electoral las ventajas que conlleva la tecnología dual de la defensa, el empleo que se genera y la seguridad que ofrece.

Indra es una empresa estratégica en la que el Estado no está sólo para mover y ganar dinero, como defendería una mente empresarial. Está también para generar un sector industrial a largo plazo, con un modelo financiado con dinero público que viene de lejos y que le debe dar crédito político, además de beneficios.

Puestos en la solución traumática de una decisión del consejo, a la parte contraria a Escribano le bastaría con el apoyo de tres de los siete consejeros independientes para desbancar al presidente. Considerando que De los Mozos se queda y su voto respaldaría al interés del Estado.

Como último recurso, si Escribano no se da por aludido y descarta echarse a un lado, queda la opción de usar la Junta General de Accionistas para plantear su salida.

El 28% de la SEPI y la parte de la guipuzcoana Sapa, contraria a los planes de Escribano, elevarían mucho su proporción en una votación en la que el quórum no es previsible que llegue al 100% del capital.

Puede que en el consejo de este miércoles no pase nada, y en el duelo en la cúpula no rueden cabezas todavía. Pero nadie puede negar que hay un elefante en la habitación que puede dar al traste con todos los muebles de un momento a otro.

El problema es que eso ocurriría en una empresa clave para la seguridad y la defensa en España, su desarrollo tecnológico y el devenir de un sector en pleno auge que mueve más de 9.500 millones de euros en España y muchos puestos de trabajo. Una retirada a tiempo, también puede ser una victoria.