Las tensiones internas en la CNMC ponen en riesgo los expedientes del apagón a dos meses para que venza el plazo

El análisis de la documentación se dio por cerrado en Navidad y la presidenta, Cani Fernández, está a la espera de que le lleguen los documentos del área de energía con el reparto de responsabilidades, para que se aprueben las sanciones antes del 28 de abril.

Cualquier retraso más allá de esa fecha dejaría sin efectos jurídicos los expedientes abiertos de cara a futuras demandas de los afectados. Hay un año de plazo para abrir y sancionar con un expediente administrativo. Luego, servirá para demandar por daños en los tribunales a quienes se vieron perjudicados por el apagón.

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Muchas empresas o particulares pueden tener listas las demandas contra quienes no les dieron el suministro de luz, por las pérdidas o los daños que sufrieron. Pero si no hay un culpable último, la litigiosidad que se derive de aquel desastre va a ser mucho menor.

Fuentes jurídicas consultadas advierten de que los jueces de lo civil necesitan una declaración de responsabilidad mediante la resolución de un expediente administrativo para poder acusar al responsable último de cada siniestro y fundamentar los casos.

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De lo contrario, se ven obligados a buscar ellos la causa y la consecuencia de cada uno de ellos. "Ningún juez civil va a entrar donde la CNMC no ha entrado primero", alerta un magistrado experto en estos procesos.

Hace más de un mes que se sabía la decisión de la CNMC de no publicar ningún informe oficial en el que se culpara a unos u otros del apagón. La idea es abrir expedientes directamente a quienes se considere responsables.

Eso sí, desde la cúpula de la institución se pretende que todos esos expedientes se realicen y salgan a la luz el mismo día, con plena justificación de las decisiones adoptadas y las sanciones administrativas propuestas (entre 6 y 60 millones dependiendo de la gravedad).

Las prisas de última hora y el desacuerdo en el seno de la institución que se arrastra desde la aprobación de las circulares eléctricas del mes de diciembre, han despertado las alarmas sobre un posible retraso en los expedientes más allá de la fecha límite.

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Fuentes empresariales aseguran que entre los técnicos de la propia institución han surgido las dudas a la hora de achacar a entidades como el operador de sistema (Redeia) o alguna de las grandes eléctricas (como Iberdrola) la culpa de un siniestro que les puede costar miles de millones.

Hasta ahora, todos los análisis apuntan hacia una responsabilidad compartida entre Redeia, por una supuesta planificación fallida, las eléctricas y algunos productores de energía solar que pudieron presionar el sistema o se desconectaron demasiado pronto.

Frente a ello, en el ámbito empresarial del sector eléctrico se vería con muy buenos ojos una vía alternativa que sustituyera los expedientes por un simple informe con recomendaciones a llevar a cabo para que no vuelva a ocurrir algo así.

En el lado del operador del sistema, si no se abre un expediente grave sobre Redeia se salvaría la posible responsabilidad de su presidenta, Beatriz Corredor, que de otra forma tal vez no podría aguantar en el cargo.

Determinación en la CNMC

Pero todo eso es algo que no concuerda con la determinación de la presidenta de la institución y su equipo, que se han mostrado decididos en todo momento a buscar todos los resquicios de responsabilidad que sean necesarios y aplicar la normativa vigente, caiga quien caiga.

Es más, desde la CNMC se está a la espera de que Redeia termine de certificar los nuevos procesos de control de tensión en las instalaciones fotovoltaicas, exigidos en el nuevo procedimiento operativo reforzado, para dar por sentado que se toman las medidas que pueden evitar un suceso similar al vivido en abril pasado.

Una vez en marcha, la idea es proceder con los expedientes cuanto antes. En el seno de la institución se esperarán a conocer, en marzo, las conclusiones del informe que elabore el gestor europeo de redes de transporte eléctrico ENTSO-e, con recomendaciones para el sector eléctrico español.

Con el calendario sobre la mesa, los expedientes debieran salir a la luz después de Semana Santa y antes del 28 de abril, para que no prescriba su responsabilidad contractual y pierdan validez ante los tribunales ordinarios.

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Ese periodo de tiempo se antoja muy corto si tenemos en cuenta que el procedimiento administrativo que suponen los expedientes consume mucho tiempo.

Una vez recibida la documentación técnica que establezca, caso a caso, quiénes fueron negligentes y provocaron la caída de la red eléctrica, hace falta tiempo para fundamentar cada expediente y establecer posibles sanciones administrativas.

Hay que añadir un margen de diez días antes de la fecha límite para notificar a todas las partes implicadas las conclusiones alcanzadas y el grado en el que se considera que pudieron tener responsabilidad en el cero total eléctrico.

Si a ese calendario se le recorta la Semana Santa, a primeros de abril, el tiempo que queda para poner en marcha la maquinaria final se queda en mes y medio. Y obliga a adelantar gran parte del trabajo a marzo, para tenerlo todo listo a tiempo.