Un juez investiga al presidente de Sidenor por "complicidad en el genocidio" por vender acero a Israel para armas "sin permiso"

Esta compraventa se habrían realizado "con pleno conocimiento" de que ISMI es un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para ese fin.

Por el momento, De Jorge les investiga por contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio. Así lo ha anunciado este viernes la Audiencia Nacional en un comunicado.

En un auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el juez levanta el secreto de las actuaciones. Además, según cree el magistrado instructor, la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente.

Así lo constata un informe de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, fechado el pasado 10 de septiembre.

Este procedimiento se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa.

Los tres investigados ya han sido citados a declarar como investigados ante el juez el próximo 12 de noviembre.

El magistrado señala en una resolución que los hechos ocurridos en Gaza, en el marco del conflicto entre Palestina e Israel, son de "dominio público", tanto por la información publicada a diario en prensa y televisión como por la calificación provisional como delito atribuido a estos acontecimientos por el Tribunal Penal Internacional.

También, en base a las denuncias presentadas por la Relatora  Especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la UNRWA, entre otras personas y agencias vinculadas a Naciones Unidas.

Asimismo, la Fiscalía española investiga las vulneraciones de derechos en Gaza, por parte del Estado de Israel, por si constituyen un delito de genocidio.

Por todo ello, a juicio del instructor, los hechos investigados en este procedimiento serían constitutivos de un delito de contrabando, contemplado en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, y de otro de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad de los artículos 29 y 607 bis del Código Penal o, alternativamente, de complicidad en un delito de genocidio del artículo 607 del mismo texto legal.

De Jorge considera que los hechos también son imputables a la sociedad mercantil Clerbil SL, que ostenta el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa.

Por el contrario, entiende que no procede, por el momento, considerar como persona jurídica investigada a la sociedad mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU.

¿Por qué? Dado el "papel activo" que tuvieron los trabajadores de esta empresa para impedir "la continuación" de la actividad supuestamente delictiva.

De Jorge, en este caso, se basa en la directiva europea que protege a las personas que informen de infracciones en sus empresas contrarias al interés público y que ayuden a luchar contra la corrupción (los conocidos como whistleblowers).

Por otro lado, tal y como ha constatado EL ESPAÑOL, el 1 de julio de 2025, la metalúrgica Sidenor envió a los medios un comunicado en el que se comprometía a romper relaciones comerciales con Israel.

La compañía tomaba esta decisión en línea con la postura del Gobierno de España de suspender un contrato con dicho país.

En aquel difundido, Sidenor prometía cesar la venta de acero a Israel. "En 2024, la relación comercial de Sidenor con empresas de dicho país representó menos del 0,5% de sus ventas totales", expresó la compañía.