El asturiano se ha visto entre ayer martes y hoy miércoles con miembros del Gobierno y de la Generalitat para explicar el plan de reestructuración que los fondos acreedores de Celsa van a implantar en la multinacional catalana del acero.

El lunes el Juzgado Mercantil número dos de Barcelona comunicó su sentencia sobre la refinanciación de Celsa, que homologa el plan elaborado por los fondos acreedores de la compañía y retira de los mandos del grupo a la familia Rubiralta.

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De acuerdo a fuentes conocedoras de las negociaciones, Martínez-Fidalgo se ha visto ya con Manuel de la Rocha, secretario general del Departamento de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Y esta mañana se ha entrevistado con Roger Torrent, expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat [no Lluis Torrens, Secretari d'Afers Socials y Famílies de la Generalitat de Catalunya, como publicó por error anteriormente este diario].

Según las mismas fuentes, el encuentro de Torrens de esta mañana se ha desarrollado en un marco de diálogo "razonable", enfocado en el empleo y bajo la premisa impuesta por la Generalitat de que la sede de Celsa siga instalada en Cataluña, algo que no supone "ningún problema para los fondos".

Los encuentros se producen después de que desde el Gobierno de Pedro Sánchez, y también desde el consejo de administración de Celsa, se advirtiera que la operación de toma del 100% del control del grupo por parte de los fondos acreedores requiere el permiso del Consejo de Ministros.

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Los fondos ya han designado al exconsejero de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, como la persona que sustituirá a Francesc Rubiralta como primer ejecutivo de Celsa, cuando se haya consumado la entrada de los acreedores en el grupo, tras recibir la previsible autorización del Gobierno para ello.

El banco de inversión estadounidense Houlihan Lokey representa a la mayoría de los fondos acreedores de Celsa y ha elaborado el plan de reestructuración para la compañía. 

Manuel Martínez-Fidalgo, que ha trabajado en las mayores reestructuraciones empresariales acometidas en España, entre ellas Martinsa Fadesa y Abengoa, declaró en julio en el juicio de Celsa.

En el juicio, el directivo concluyó que si la compañía realmente no tuviera ningún problema financiero, no se encontraría en la situación actual, y defendió que el plan de reestructuración elaborado era la única solución para evitar la quiebra de Celsa.