Directivos de la compañía, que emplea a 10.000 personas, admitieron el lunes ante el juez del Juzgado de lo Mercantil número dos de Barcelona, que han contabilizado como a largo plazo la deuda que el grupo tiene con los fondos acreedores, superior a los 2.000 millones, a pesar de que buena parte de la misma ya está vencida.

La contabilización de esa deuda a corto plazo, consideran fuentes cercanas a los fondos acreedores, supondría que Celsa se encontraría en situación extremadamente delicada. Por su parte, fuentes de la compañía consultadas por este diario defienden que al ser una deuda pendiente de una decisión judicial, no la contemplan como a corto plazo.

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El auditor de las cuentas de Celsa, EY, advierte en su informe de auditoría de 2022 que la compañía debía haber contabilizado esa deuda como a corto plazo, y no a largo plazo, según reveló ayer una directiva del grupo.

"El auditor introduce un párrafo en el que explica que la deuda de la compañía debería registrarse a corto plazo y nosotros la tenemos registrada a largo plazo", explicó ayer en el juicio Ana Sayas, al frente del departamento legal y fiscal de Celsa. "Es un tema de criterio temporal. Nosotros, para ser coherentes con la extensión solicitada en los juzgados, la tenemos a largo plazo", añadió.

Al ser preguntada por el abogado de los fondos sobre cómo computará esa deuda la compañía en sus cuentas de 2023, la directiva del grupo no pudo contestar con precisión. "Me resulta un poco complicado hablar a futuro, dependerá de lo que ocurra en los próximos meses", dijo.

Los fondos ofrecen convertir 1.291 millones de euros de deuda de Celsa en acciones y tomar el control del grupo. La familia Rubiralta está dispuesta a ceder hasta el 49% del capital y han judicializado la deuda vencida exigida por los fondos.

Celsa lleva desde mayo de 2020 sin pagar las cuotas de un crédito denominado Jumbo, de 961 millones de euros, en manos de los fondos. El grupo dejó de atender los pagos a los acreedores con motivo del impacto del Covid en su negocio, asunto que ha terminado en los tribunales. 

"Trabajar con los fondos da miedo"

El lunes comenzó en Barcelona el juicio en el que se dirimirá el futuro de Celsa, después de que los fondos acreedores, liderados por Deutsche Bank, presentaran el pasado mes de septiembre un plan de reestructuración ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de Barcelona.

Los fondos estrenaron así la nueva Ley Concursal, que ofrece la posibilidad a los acreedores de presentar una propuesta de reestructuración que evite activar el concurso de acreedores.

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Representantes de los fondos acreedores de Celsa admitieron el lunes ante el juez que buscarán un consejo de administración alternativo al actual, prescindiendo de los Rubiralta si logran hacerse con el control de la compañía. También trataron de descartar medidas traumáticas para la plantilla, pero no fueron capaces de responder a cuestiones precisas de negocio planteadas por el magistrado.

Los directivos cercanos a la familia Rubiralta que declararon el lunes como testigos dibujaron, sin embargo, un futuro sombrío para la compañía si los fondos se hicieran con el control.

"Trabajar con los fondos da miedo", comentó en su declaración el vicepresidente de Celsa, Francesc Mesegué. "El negocio de estos señores es vender", advirtió. Xavier Pujol, consejero independiente de Celsa, aseguró que la implantación del plan de reestructuración propuesto por los fondos sería "muy perjudicial" para la compañía. "El plan industrial de Celsa", declaró Pujol, "se tiene que vivir, y los fondos no han tenido ningún interés".

El juicio de Celsa se celebrará durante toda esta semana, en sesiones de mañana y tarde, y está previsto que el juez exponga las conclusiones el próximo día 11 de julio. En la sesión de ayer lunes, quedó claro que las posiciones de los fondos y la familia Rubiralta están totalmente enfrentadas, sin posibilidad de negociación amistosa.