Desokupa, la empresa calificada por la líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, como "problema democrático grave" y "comando parapolicial", registró en 2021 sus primeras pérdidas y una caída del negocio por debajo del millón de euros.

La compañía, que se define como "especialistas en recuperar inmuebles mediante la mediación con okupas (...)", y que emplea una estética cercana a la de la ultraderecha radical, controlada por Daniel Esteve, fue constituida en Barcelona a finales de 2016, bajo la denominación social de Conciencia y Respeto 1970.

De acuerdo a las últimas cuentas de la empresa a las que ha podido acceder este periódico, del ejercicio 2021, Desokupa perdió ese año 180.000 euros y su cifra de negocio cayó a los 888.000 euros.

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Se trata de las primeras pérdidas contabilizadas en las cuentas de la compañía que este periódico ha podido consultar en Registro Mercantil a través de una plataforma, de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021.

Al menos desde 2018, Desokupa registró cada año una cifra de negocio superior al millón de euros (1,08 millones en 2018; 1,75 millones en 2019; 1,43 millones en 2020) y beneficios (0,32 millones en 2018; 0,24 millones en 2019; 0,24 millones en 2020).

En 2017, según las cuentas de 2018, la empresa alcanzó una cifra de negocio de 0,49 millones y ganancias de 88.337 euros.

El administrador único de la compañía, Daniel Esteve, ha recibido anualmente una remuneración en el entorno a los 200.000 euros, entre los años 2019 y 2021. La empresa informa de dicha retribución en sus cuentas en el apartado de 'operaciones vinculadas'.

Desokupa no cuenta apenas con deuda financiera y los años en los que registró beneficios pagó impuestos por importe cercano a los 100.000 euros.

Reforma del Código Penal

Unidas Podemos registró el jueves en el Congreso una Proposición de Ley Órganica de modificación del Código Penal, que iría contra empresas como Desokupa.

En su proposición, el partido asegura que, "en los últimos tiempos", han proliferado empresas que para conseguir sus fines "realizan actos de acoso, coacción y violencia que provocan, directa o indirectamente, sentimientos de odio, violencia o de discriminación esencialmente hacia personas en situación de vulnerabilidad económica y social".

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Unidas Podemos quiere introducir en el Código Penal un nuevo supuesto para castigar las conductas de quienes, motivados por un ánimo de lucro, hostiguen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad, "aun cuando ello sea un mero medio para la consecución de sus fines lucrativos".

De acuerdo a la propuesta del partido liderado por Ione Belarra, se incluiría un nuevo apartado en el artículo 150 de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, según el cual las personas que, con ánimo de lucro, realizaran actos de violencia u hostigamiento contra personas en situación de vulnerabilidad, "serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses".

Las penas se establecerían en el rango más alto contemplado cuando una actitud violenta o de intimidación hubiera estado precidida por publicidad o de una oferta comercial. Si dicha oferta se expusiera en internet, "se ordenará el bloqueo de dicho acceso o de la interrupción de la prestación".

Ione Belarra declaró el miércoles que, empresas como Desokupa, "son un problema democrático grave, son el germen de un comando parapolicial y no vamos a permitir que haya gente que se lucre extendiendo el odio al vulnerable, la aporofobia". 

La propuesta de Unidas Podemos se produce en plena aprobación de la nueva Ley de la Vivienda y las dudas que ha suscitado sobre si la norma dificultará los desalojos de inquilinos morosos y okupas (la Real Academia de la Lengua admitió en 2007 el término okupa, "que propugna la ocupación de viviendas o locales deshabitados").