La compañía presidida por Rafael del Pino espera poder acogerse al régimen FEAC (para fusiones y escisiones), que permite evitar que las plusvalías que genere este movimiento tengan que tributar al 25% en el Impuesto de Sociedades. Sin embargo, para ello tiene que contar con razones económicas suficientes que, además, tengan más peso que la mejora fiscal que va a lograr Ferrovial con su mudanza a Holanda (dejará de pagar el 5% de impuestos por los dividendos en el extranjero a los que obliga España).

Pese a que es la Agencia Tributaria la que decidirá respecto a esto, varios expertos tributarios consultados por EL ESPAÑOL-Invertia consideran que la compañía ha puesto argumentos suficientes sobre la mesa para avalar económicamente el traslado. 

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Uno de ellos es que, según Ferrovial, la compañía no puede cotizar dualmente en las bolsas de España y Estados Unidos. El Gobierno ha objetado que esto no es así, y defiende este posicionamiento con un informe de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) y Bolsas y Mercados Españoles (BME). 

Pero no es la única razón. La compañía maneja un importante catálogo de ellas. Van desde la centralización de servicio a la mejora de imagen para financiar proyectos y elevar su calidad crediticia.

También están los acuerdos bilaterales entre Países Bajos y Estados Unidos, que permitirán que Ferrovial tenga mejor acceso a los mercados del otro lado del Atlántico. Cabe recordar que se trata del mercado en el que más factura, a día de hoy, la compañía de Rafael del Pino. 

"Las alegaciones presentadas como justificación del cambio de ubicación de la sede corporativa de Ferrovial a Países Bajos tienen el fundamento económico del creciente peso dentro del grupo de las operaciones con base en Estados Unidos y Canadá", indica Isabel Giménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. 

Entrada al auditorio ONCE, en Madrid, donde este jueves se celebró Junta de Accionistas de Ferrovial. Europa Press.

"Son mercados más profundos y líquidos, y la base de inversores a los que se puede acceder desde Estados Unidos es mucho mayor que en Europa o en España. Y, además, al ser un operador con marca conocida en Estados Unidos y en Canadá tiene mayor sentido que sus inversores sean de allí", añade. 

Giménez recuerda que el movimiento de Ferrovial "no es una práctica aislada, más bien al contrario. Algunas empresas europeas cambian su sede a Países Bajos, y numerosos fondos de capital riesgo originan sus operaciones desde allí, porque su regulación es más flexible para pivotar operaciones de M&A, y evitar normativa heredera del derecho romano más limitativa para las operaciones corporativas, como, por ejemplo, el código civil español y su interpretación de la ejecución de garantías con acciones". 

"La Agencia Tributaria revisa muchas de estas operaciones", indica Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales del Consejo de Economistas. "No es un dos y dos son cuatro". En cualquier caso, para desechar las causas económicas que pueda presentar Ferrovial para el traslado, "la Agencia tiene que demostrar que la principal razón para mudarse es tributaria. Y no lo va a tener fácil".

Lo cierto es que, en ocasiones anteriores, la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda ha dado el visto bueno a las causas económicas esgrimidas por las empresas en operaciones similares. Sin embargo, Del Amo recuerda que cada caso es individual y requiere un dictamen nuevo. De hecho, dada la trascendencia de esta cuestión, "no es una locura que este caso acabe en los tribunales". 

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Otras fuentes tributarias con experiencia en este tipo de operaciones insisten en la validez de los motivos económicos (con mucho más peso que los fiscales) que esgrime, y puede esgrimir, Ferrovial para rebajar el coste fiscal de la operación.

Sin embargo, temen la influencia que podrían tener las últimas acciones del Gobierno sobre el dictamen que pueda hacer la Agencia Tributaria. Hacen hincapié, en particular, en la dura carta que el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García de Andrés, envió a principios de esta semana al CEO de Ferrovial, Ignacio Madridejos. 

Pese a que Moncloa ha dado la orden de bajar el tono, fuentes del Gobierno aseguran que la vía del golpe fiscal sigue abierta. Lo cierto es que varios miembros del Ejecutivo sostienen amenazas no tan veladas respecto al coste tributario que va a tener el movimiento de Ferrovial. 

Conocidos son los argumentos de Unidas Podemos, que incluso ha reclamado que la compañía de Rafael del Pino tenga que devolver todas las ayudas públicas que haya captado. Con todo, esta alternativa ya ha sido desechada. 

El propio José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, insistió este jueves en que si se observa que no hay causas económicas en el traslado podrían anularse esas exenciones fiscales. 

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y MIgraciones. Eduardo Parra / Europa Press

"Lo que el Gobierno ha hecho es simplemente alertar de que cuando hay beneficios fiscales, dado que esto es una renuncia a ingresos públicos, tiene que estar muy justificado. Habrá que revisar si se cumplen las condiciones", expresó en su viaje a Washington, en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. 

"Creo que todo el mundo que crea en la responsabilidad fiscal tiene que estar de acuerdo en que un Gobierno tiene que evaluar con muchísimo cuidado y muchísima precisión si las condiciones que dan lugar a un beneficio para un particular, en este caso para una empresa, se materializan o no. Creo que nadie puede sorprenderse por eso", ha concluido el ministro.

¿Hay presión sobre la Agencia Tributaria? "La Agencia no recibe ninguna indicación del Gobierno", recordó este martes Soledad Fernández, su directora general. "Es una operación como otras muchas que se hacen en España. La Inspección Tributaria comprueba estas fusiones y operaciones cuando toca para ver si existe un motivo económico válido. Si existe no pasa nada".

Pero si los motivos económicos no se encontraran, se haría un "análisis para ver si hay plusvalías latentes". Dichas evaluaciones son a largo plazo, "duran un año o dos. Son comprobaciones largas y costosas".

Soledad Fernández, directora de la AEAT, en la presentación de la Campaña de la Renta. Eduardo Parra / Europa Press

Por ello, consideró que sería imposible adelantar "una cifra" sobre el coste fiscal de la operación de traslado de Ferrovial. Aunque sí matizó que "normalmente sería una regularización de importe elevado".

En no mucho tardar la Agencia dará su dictamen sobre las razones económicas argumentadas por Ferrovial y Rafael del Pino sabrá el coste tributario final del traslado de la compañía.