Alrededor de 1,5 millones de visitantes duermen cada año en apartamentos turísticos de toda la Unión Europea, que a menudo se ofrecen a través de plataformas digitales como Airbnb. Los servicios de alquiler a corto plazo se han convertido en una alternativa a alojamientos más tradicionales como los hoteles y crean nuevas oportunidades para anfitriones, clientes y proveedores de servicios de gestión, recepción o limpieza, que a menudo son pymes.

Al mismo tiempo, el "rápido crecimiento" del sector también "genera preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible de las ciudades, la seguridad del consumidor y la igualdad de condiciones regulatorias", según el diagnóstico de la Comisión Europea.

Por todo ello, el Ejecutivo comunitario sopesa regular por ley el sector de los apartamentos turísticos a escala de la Unión Europea. Se trataría además de poner orden en el actual mosaico de reglas unilaterales y menudo contradictorias que ya han aprobado diferentes Estados miembros, autoridades regionales o ciudades, y que atentan contra el mercado único.

Como primer paso para elaborar la nueva normativa, Bruselas ha lanzado este martes una consulta pública cuyo objetivo es recabar el punto de vista de todos los afectados: tanto anfitriones como plataformas, húespedes, clientes o autoridades públicas. La consulta estará abierta hasta el 23 de diciembre de 2021.

Decisión en 2022

Una vez examinadas todas las contribuciones, la Comisión decidirá si es necesaria una ley a escala europea o basta con un instrumento de derecho blando, como una recomendación no vinculante. Una decisión que está prevista para el primer trimestre de 2022.

Dos son los problemas fundamentales que inquietan particularmente al Ejecutivo comunitario en el ámbito de los servicios de alquiler a corto plazo y que por ello podrían ser objeto de regulación en la UE. En primer lugar, la falta de transparencia. Las plataformas de reserva en línea como Airbnb suelen tener datos sobre los apartamentos turísticos pero, excepto en el ámbito de la fiscalidad, no los comparten con las autoridades públicas.

Esto se debe a menudo, entre otras cosas, a la incertidumbre sobre las normas aplicables y a las preocupaciones en materia de privacidad. El resultado es que a las autoridades públicas les resulta difícil evaluar el volumen exacto de apartamentos turísticos en sus respectivas áreas de responsabilidad. "La aplicación de la ley se vuelve difícil cuando las autoridades no están en condiciones de evaluar quién alquila qué", señala Bruselas.

Para abordar la falta de transparencia, muchas autoridades han comenzado a poner en marcha sistemas de registro para anfitriones. Por su parte, las plataformas de reserva en línea (en concreto Airbnb, Booking, Expedia y Tripadvisor) han alcanzado un acuerdo con Eurostat para suministrarle datos estadísticos. Pero la Comisión considera que estas iniciativas no abordan todas las necesidades y ha situado el refuerzo de la transparencia como una de las prioridades de su actuación.

Restricciones y límites

El segundo ámbito que el Ejecutivo comunitario se plantea regular es el de las restricciones de acceso al mercado impuestas a estos servicios de apartamentos turísticos. Los diferentes Estados miembros que han intervenido en el sector han diseñado requisitos muy diversos. Algunos han implantado un sistema de autorización previa para los anfitriones, mientras que otros se conforman con un mero registro.

También las limitaciones para los anfitriones varían mucho de un lugar a otro, desde fijar un número máximo de noches al año en que se pueden alquilar propiedades, hasta establecer un tope de ingresos por estas prácticas o incluso prohibir totalmente los apartamentos turísticos. Algunos países distinguen en su legislación entre los anfitriones que ofrecen alojamiento a título privado y los que lo hacen de forma profesional, pero otros no establecen esta separación.

En la consulta pública, la Comisión pregunta a todos los afectados cuáles de estas restricciones son más eficaces y aceptables. También plantea si los anfitriones profesionales deberían estar sujetos a las mismas reglas que los hoteles para garantizar una competencia en igualdad de condiciones.

La legislación de la UE ya permite imponer restricciones y condiciones a la prestación de un servicio, si es necesario para lograr un objetivo de interés público legítimo y se hace de forma proporcionada. Sin embargo, pese a las aclaraciones ofrecidas por la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, Bruselas cree que todavía existe "mucha incertidumbre" sobre las medidas que las autoridades pueden adoptar y hacer cumplir a los anfitriones de los apartamentos turísticos y otros proveedores de servicios, como las plataformas.

Por su parte, las iniciativas reguladoras horizontales de la UE, como la nueva Ley de Servicios Digitales, tienen como objetivo imponer obligaciones armonizadas a las plataformas online, incluidas aquellas que se dedican al alquiler a corto plazo. Aun así, el Ejecutivo comunitario considera que puede ser necesaria una iniciativa específica consagrada a este sector con el fin de garantizar un "desarrollo equilibrado" de los apartamentos turísticos en la UE y afrontar los problemas peculiares del sector.