El expresidente de la Sepi, Vicente Fernández Guerrero, junto a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, en un acto en la Fábrica de Moneda y Timbre en 2018.
Fin al 'caso Aznalcóllar', una década de litigios judiciales que pusieron en el foco al hombre fuerte de Montero en la Sepi
La Audiencia de Sevilla no encuentra pruebas de que Vicente Fernández favoreciera al consorcio ganador en el concurso de la mina.
La ministra mantuvo vacante la presidencia de la Sepi 18 meses a la espera de que fuera desimputado.
Más información: La Audiencia de Sevilla absuelve a los 16 acusados, entre ellos al expresidente de la SEPI, por el 'caso Aznalcóllar'
Tras una década de batalla judicial, la Audiencia de Sevilla concluye: no hubo irregularidades en el concurso minero que otorgó al consorcio Minorbis-Grupo México los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar.
Es decir, Vicente Fernández, hombre fuerte de María Jesús Montero en la Sepi –cuya presidencia tuvo que dejar, precisamente, al ser imputado en la causa– no cometió tráfico de influencias, fraude, malversación, negociaciones prohibidas ni prevaricación ambiental.
Son los delitos que le adjudicaban las acusaciones ejercidas por Emerita Resources España, empresa que perdió el concurso; Andalucía Mining y la Federación Provincial de Ecologistas en Acción.
Los tres pedían para Fernández penas de prisión que llegaban a un máximo de ocho años según la infracción, multas millonarias y elevados periodos de inhabilitación.
Todo porque, sostenían, el expresidente de la Sepi había sido pieza clave en el supuesto amaño de la concesión, por la que también sentaron en el banquillo a otras quince personas. Todas han sido también absueltas por la Audiencia de Sevilla, aunque ninguna con la relevancia política de Fernández.
El relato que las partes, sobre todo Emerita, ha presentado en este juicio clave extendido desde marzo a julio de este año le situaba como el gran desatascador del concurso, que buscaba un futuro para una mina histórica en Andalucía y que se resolvió en febrero de 2015.
Entonces, Fernández era secretario general de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Y, por tanto, tenía responsabilidad directa sobre la que era directora general de Industria, Energía y Minas, encargada de resolver el proceso. También sobre los componentes de la Mesa de Contratación y de la Comisión Técnica.
Una 'llamada' determinante
A partir de este punto, los abogados de Emerita –incluso el presidente de la compañía en España, Joaquín Merino– han presentado ante el tribunal la siguiente idea: Fernández intervino a favor de los dueños de Magtel, los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, y lo hizo de forma directa.
La corta de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).
¿Cómo? A través de una llamada cuya existencia el propio Fernández no negó en un principio, aunque sí la puso en duda después y, en todo caso, desmintió que su contenido fuese el que le atribuye la empresa perdedora del concurso.
Según Merino, en una reunión en abril de 2014, Mario López Magdaleno le transmitió que quería quedarse con hasta el 15% del valor del proyecto de la mina a través de una suerte de acuerdo empresarial entre Emerita y Magtel.
![Juicio oral, con las cuestiones previas, del caso de la adjudicación de los derechos mineros de Aznalcóllar.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/03\/03\/sevilla\/928417783_253567732_320x180.jpg"])
O así asegura Merino que lo entendió originalmente: "Le dije que el porcentaje dependía de lo que contribuyera a la sociedad", apuntó ante la Audiencia.
Pero, sostiene, Magdaleno le corrigió pronto. "No te estás enterando. Vengo a pedirte que negociemos un 15% a cambio del proyecto", asegura que dijo el dueño de Magtel, que habría afirmado entonces que tenía "la llave del concurso" por sus buenas relaciones con la Junta de Andalucía.
Es decir, si quería ganar, tenía que dar el 15% a Magtel. Lo que siguió fue, según su relato, el rechazo: "Le dije que eso no era negociable. Al estar listados en la Bolsa de Toronto tenemos altísimas regulaciones y este tipo de situación no se puede dar", contó en el juicio.
El presidente de Emerita España contó que entonces Magdaleno abandonó la reunión anunciándole que recibiría una llamada que le haría "cambiar de actitud" y, cinco minutos después, afirma, le telefoneó Vicente Fernández.
"Me pregunta cómo va el proyecto y cómo va marchando todo. Le dije que acababa de estar Magdaleno y me dice que él vería bien un acuerdo", sostuvo Merino, que se sintió entonces "extorsionado". Es una versión diferente a la dada en fase de instrucción.
![Miguel Ángel González, director de operaciones del proyecto, frente a la corta de la que se extraerán los minerales.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2023\/11\/28\/actualidad\/813178793_237975232_320x180.jpg"])
Entonces, Merino dijo que le pareció que Magdaleno iba "de farol". También sostuvo ante la fiscal que fue él en realidad quien dijo a Fernández: "acaba de estar este señor (Magdaleno) con la intención de llegar a un acuerdo, ¿a ti qué te parece?", para sostener después que su interlocutor le respondió que aquello era una "cosa entre empresas, en el ámbito privado" y que no tenía "mucho más que decir".
Para la Audiencia de Sevilla, estos cambios de versión, y que nadie haya escuchado más que su parte de la conversación –siendo éstos además "testigos de mera referencia, empleados con intereses a su favor"– "debilitan su testimonio".
Cae así la "prueba" a la que otorgaban mayor valor incriminatorio las acusaciones. "No resulta concluyente ni convincente, al existir dudas sobre su realidad", apunta el fallo.
También se cuestiona que, dada la "impactante frase" de Magdaleno y que efectivamente llegara la llamada prometida, "no se pusiera el 'manos libres' para que los presentes escucharan lo que se decía".
Así las cosas, para el tribunal no hay indicios, "sólo meras sospechas y especulaciones". La acusación contra Fernández y los otras quince personas sentadas en el banquillo es, concluye diez años más tarde, "infundada".
De hecho, condena al pago de costas a las tres acusaciones porque aprecia "connivencia" entre ellas "en el mantenimiento de su posición incriminatoria, con el perjuicio moral y económico que ello ha conllevado".
Los trabajos de la mina, en marcha
Es un final que se intuía en Sevilla. Principalmente porque la Fiscalía había solicitado la absolución de todos los encausados. Pero también porque en el fondo rondaba la idea de que la historia estaba resuelta: de hecho, la mina recibió los permisos definitivos de la Junta de Andalucía para ser operada por el concesionario esta primavera.
No era ésta poca cosa. La reapertura de la mina de Aznalcóllar se había convertido en un trauma. La rotura de su balsa en 1998, cuando el yacimiento era explotado por Boliden, llegó a amenazar Doñana y fue la segunda mayor crisis ambiental de España, sólo superada por la del Prestige.
Lanzar un concurso para volver a operarla era delicado. Que ese concurso se sumiera justo el día después de su resolución en una batalla legal que ha durado una década lo convirtió en asunto de alta tensión política.
El Gobierno de Juanma Moreno insistió en que llevarían todos los plazos de los procesos ambientales al extremo para garantizar la seguridad plena de la operativa. Y así ha sido: este mayo, más de un año después de lo previsto inicialmente, la sociedad que explotará la mina, Minera Los Frailes, tuvo luz verde.
Antes de que llegara la sentencia. Ahora, con el fallo sobre la mesa, Emerita parece pasar página. "Asumimos la resolución desde el máximo respeto institucional", han dicho en un comunicado en el que apunta que pasa a centrarse en el desarrollo de su proyecto industrial minero IBW en la provincia de Huelva.
Mientras, Los Frailes, participada mayoritariamente por Grupo México, empieza a desarrollar su inversión, que ascenderá a 450 millones de euros para extraer zinc, plomo y cobre durante veinte años.
Y Fernández respira tranquilo.
