El transporte público se va a enfrentar durante los próximos meses a una tremenda encrucijada. Por un lado, debe seguir siendo el elemento vertebrador de la movilidad de las principales ciudades españolas para lo que deberá tener sus capacidades al máximo. Pero por otro, las restricciones sanitarias por el coronavirus y el temor a infectarse de los usuarios van a provocar importantes disminuciones de usuarios e ingresos.

Un cóctel envenenado cuya primera consecuencia va a ser un tremendo impacto económico en las cuentas de todos los operadores de transporte público. Las previsiones que los distintos departamentos de movilidad y transporte han presentado al Gobierno indican que, sólo contando los tres meses que van desde la puesta en marcha del estado de alarma hasta el final del plan de desescalada anunciado por Pedro Sánchez, las pérdidas superarán los 500 millones de euros.

Los principales damnificados de esta situación serán los consorcios de transporte de la Comunidad de Madrid y Cataluña. En el caso de la red madrileña, el recorte de ingresos en marzo y abril se estima ya en 127,1 millones de euros. Una cifra que seguirá creciendo, al menos, hasta los 250 millones. Y es que, los cálculos de este departamento señalan que, en las actuales circunstancias, su sistema de transporte sólo podrá transportar 2,5 millones de viajeros diarios. Una cifra que representa el 45% de la capacidad existente antes de la crisis.

En Cataluña, por su parte, el impacto está siendo de la misma dimensión. En concreto, los Transportes Metropolitanos de Barcelona han comunicado que han dejado de ingresar 30 millones de euros al mes debido a la reducción de pasajeros sufrida por las restricciones de movilidad impuestas en las últimas semanas. Si se tiene en cuenta el resto de transportes de la Comunidad Autónoma, el impacto de estos meses podría llegar a los 170 millones.

Pérdidas generalizadas

La situación en el resto de servicios de transporte es igual de complicada que en los casos de Madrid y Cataluña. Un oscuro horizonte que los distintos consejeros de las las Comunidades Autónomas le comunicaron el lunes al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Así las cosas, el siguiente grupo de Comunidades Autónomas afectadas serían País Vasco y Valencia. En ambos casos, el impacto previsto para estos tres meses rondaría los 15 millones de euros, según las primeras estimaciones que manejan. 

En un siguiente escalón estarían Andalucía y Aragón. Para los servicios de transporte de estos territorios la caída de ingresos prevista se acercaría a los ocho millones de euros. En el resto de territorios las cantidades serán más bajas, pero la incidencia para la viabilidad de servicios de transporte sería igual de importante.

Plan de rescate estatal

Ante este panorama, cada vez son más las voces que solicitan la puesta en marcha de un plan de rescate a escala estatal para el sector del transporte público. El objetivo de esta iniciativa sería afrontar tanto el impacto que la crisis ya está teniendo sobre empresas y profesionales como en el futuro próximo. Hay que recordar que estos cálculos recogen sólo el impacto hasta finales de junio. La incógnita de julio en adelante es total.

En este sentido, el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, realizó durante la reunión del lunes con Ábalos una propuesta de las necesidades que el sector va a tener en los próximos meses. Un plan que, a su entender, debe incluir un fondo estatal para la movilidad y el transporte para Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que permita a las administraciones regionales y locales garantizar la sostenibilidad del transporte, mantener el empleo y facilitar la recuperación una vez finalice la crisis sanitaria.

Además de este plan, los diferentes responsables de transporte han pedido que desde el Gobierno se abran soluciones de financiación específicas para el transporte público lo antes posible. En este sentido, han pedido que el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aporte urgentemente las contribuciones que anualmente realiza a la financiación de los servicios de transporte.

Contar con estas capacidades ayudaría a las compañías a afrontar con garantías el incremento de gastos que tendrán que afrontar durante las próximas semanas en las que deberán tener sus sistemas de transporte a la máxima capacidad. Una medida que el ministerio capitaneado por José Luis Ábalos está estudiando, pero que aún no ha comunicado si va a articular en las próximas semanas. 

Así las cosas, el sector del transporte público se enfrenta a unas semanas cruciales para que las ciudades españolas puedan recuperar parte de su actividad económica y, además, se tomen las decisiones necesarias para evitar que metros, autobuses y trenes de Cercanías se conviertan en focos de contagio. El éxito de estas medidas marcará, en gran parte, el futuro de la salud de los usuarios y de las empresas.