La Comisión Europea ha abierto este martes una investigación en profundidad sobre las subvenciones por valor de 9 millones de euros que el Gobierno valenciano ha concedido a la aerolínea Air Nostrum para la renovación de su flota. Sospecha que esta inyección podría vulnerar las normas de la UE que limitan las ayudas públicas.

La primera subvención, por valor de 3 millones de euros, fue aprobada por el Gobierno valenciano en 2018. Además, tiene la intención de conceder otra ayuda por un importe máximo de 6 millones de euros durante el periodo 2019-2020. El objetivo declarado de estas medidas es apoyar a la compañía en la compra de aviones más respetuosos con el medio ambiente.

Las autoridades españolas sostienen que la medida está cubierta por las directrices comunitarias sobre las ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía. Unas directrices que permiten a los Estados miembros apoyar iniciativas que tengan una incidencia positiva en el medio ambiente. Por ejemplo, porque reducen el consumo de combustible, el ruido o los gases de efecto invernadero.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario discrepa de esta interpretación. En primer lugar, duda de que la ayuda del Gobierno valenciano a Air Nostrum tenga un "efecto incentivador". Por ello, investigará en particular si la decisión adoptada en 2017 por la aerolínea de adquirir diez aviones Bombardier CRJ-1000 más eficientes en términos de consumo de combustible fue consecuencia directa de la ayuda o si se habría realizado en cualquier caso, incluso sin subvenciones.

En este sentido, Bruselas resalta que "Air Nostrum ya había renovado su flota con 18 aeronaves Bombardier CRJ-1000 antes de 2017 sin ayuda alguna".

La Comisión cuestiona además el procedimiento escogido por la aerolínea para la renovación de su flota. Según las normas de la UE, este tipo ayudas públicas para proteger el medio ambiente sólo pueden usarse para apoyar las inversiones de las compañías beneficiarias.

Para que un arrendamiento financiero pueda considerarse una inversión, el contrato tiene que establecer la obligación (y no sólo la posibilidad) de comprar la aeronave. "Hoy por hoy, la Comisión tiene dudas de que el tipo de arrendamiento financiero utilizado por Air Nostrum cumpla esta condición", ha informado en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario seguirá ahora investigando para determinar si se verifican o no sus sospechas. La apertura de un expediente formal brinda a todas las partes interesadas la posibilidad de formular alegaciones, pero no prejuzga el resultado final de la investigación. Las normas de la UE no establecen ningún plazo para finalizar este tipo de procedimientos por ayudas públicas ilegales.