El último presidente de Banco Popular, Emilio Saracho, ha apuntado a la gestión de la anterior directiva del banco como responsable de las dificultades financieras que la entidad no fue capaz de superar durante su presidencia.

El exbanquero ha acudido en la mañana de este miércoles a declarar a la Audiencia Nacional y ha respondido a preguntas del juez, José Luis Calama, y el fiscal de la causa. En el interrogatorio, Saracho -que asumió las riendas de la entidad 108 días antes de su resolución- ha asegurado que se quedó "sorprendido" por la situación en la que estaba la entidad cuando comenzó a pedir datos al equipo heredado de Ron.

Fuentes judiciales presentes en la sala han explicado a EL ESPAÑOL que Saracho no ha sido agresivo contra Ángel Ron. Es más, afirman que ha sido correcto al referirse al anterior presidente, pero sí ha dejado entrever que su línea de defensa será apuntar al equipo de colaboradores más estrecho de su antecesor.

En ese sentido, ha señalado sus conversaciones con la directora de riesgos, Carmen Riveras, o el papel del número dos de Ron, Francisco Gómez o del secretario de la entidad, Francisco Aparicio, en la gestión de la crisis.

Sin mencionar a Ron, Saracho ha dejado claro ante el juez que un presidente es responsable de la gestión de su equipo.

Ampliación de capital

Según Saracho, cuando el Popular amplió capital en el año 2016, con Ron como presidente, lo hizo en 2.500 millones de euros, cuando eran necesarios 8.000 millones de euros.

Sobre esta operación, el exbanquero ha introducido elementos importantes al señalar al anterior consejero delegado, Francisco Gómez, como artífice de la idea de financiar la recompra de acciones de Popular, una operación que quedó oculta de los balances del banco y luego fue un problema para la entidad, que en 2017 tuvo que reexpresar sus cuentas.

Tal y como había avanzado EL ESPAÑOL, en su declaración se ha referido a la sorpresa que supuso para él encontrase con un banco que no era capaz de cifrar en febrero de 2017 cuántas provisiones necesitaba. Para ello, encargó una tasación de los activos.

También se ha referido a su llegada forzada a la entidad, tras recibir llamadas de la CNMV con la noticia ya en conocimiento de los inversores.

Saracho se enfrenta a tener que rendir cuentas por un delito de manipulación de mercado. Dentro de este apartado, ha sido importante su afirmación de que no le consta que en el consejo se produjeran filtraciones a la prensa con informaciones que provocaron la caída de la acción.