El Tribunal Supremo ha vuelto dar un nuevo revés a la banca, esta vez en la forma en la que tienen que llevar a cabo los desahucios. Aplica la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en esta materia, y concluye que una entidad financiera sólo podrá solicitar una ejecución cuando exista un incumplimiento grave del contrato. 

Más claro todavía, cuando un banco presente al juzgado una petición de desahucio, el magistrado tendrá que comprobar el plazo de la hipoteca, los importes pendientes, y determinar si las cuotas impagadas son suficientes como para que se considere que hay gravedad en el impago. 

La sentencia se ha conocido este miércoles, y en ella los magistrados optan por cambiar la cláusula de vencimiento anticipado, en las que el desahucio se ejecute basándose en un impago -como establecía la ley hasta 2013- o de tres -como se impuso luego- por la redacción que impone la nueva Ley Hipotecaria en vigor desde junio.

17.000 ejecuciones

De esta manera, se eleva la deuda mínima para poder iniciar la ejecución del préstamo a 12 impagos (o el 3% de la deuda) en la primera mitad del préstamo, o 15 cuotas (o el 7%) en la segunda mitad. El Supremo además propone una solución para los desahucios judicializados por cláusulas abusivas que están paralizados en los tribunales. Unas nuevas condiciones que afectarían a unas 17.000 ejecuciones judicializadas.

De esta manera, insta a sobreseer las causas previas a 2013 y a las posteriores a este año en las que el desahucio se haya ordenado por menos impagos de los que dicta la nueva Ley Hipotecaria (12 impagos como mínimo).

Pese a ello, se queda abierta la puerta a nuevos litigios en la que los bancos puedan sustituir la redacción abusiva de las cláusulas por la nueva redacción impulsada por la nueva Ley Hipotecaria. En este caso, cada una de las entidades deberá emprender litigios individuales para cada una de las ejecuciones puestas en marcha.

Índice hipotecario IRPH

En cualquier caso, los afectados por estos desahucios -unas 17.000 judicializadas- ganan tiempo ya que los procesos iniciados por las entidades para desahuciarles quedarán en suspenso en la mayoría de los casos.

Este es el segundo varapalo para la banca en menos de 48 horas. El martes el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Maciej Szpunar, dictaminó que el controvertido índice hipotecario IRPH no está excluido del ámbito de la directiva sobre cláusulas abusivas y puede ser controlado judicialmente pese a estar regulado por el Banco de España.

Es decir, los jueces españoles deben verificar si los bancos que lo usaron informaron con transparencia a sus clientes: de lo contrario, tienen que anularlo por abusivo y obligar a devolver el dinero cobrado de más.

La banca española se juega hasta 44.000 millones de euros en este veredicto, según los cálculos de Goldman Sachs. Las principales entidades han reconocido una exposición de 16.500 millones. Caixabank es el banco que más dinero tiene en juego: 6.700 millones de euros, según sus cálculos. Le sigue el Santander con 4.300 millones de euros; BBVA sería la tercera más afectada con 3.100 millones, seguida de Bankia con 1.600 millones de euros. Por último estaría el Sabadell, con cerca de 800 millones.