Prepárense porque vienen curvas. Las empresas de VTC no han dicho la última palabra tras el decreto aprobado por Fomento para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor. Los propietarios de las licencias están ya analizando palabra a palabra la normativa para lanzarse a una ofensiva jurídica en defensa de sus intereses.

Se sienten perjudicados por el Gobierno, ya no sólo porque pretenda cambiarles las normas a mitad de partido; también porque establece un marco normativo que convierte en “un lío” la reglamentación de las VTC. Y es que, desde la publicación del Decreto, tanto Comunidades como Ayuntamientos podrán empezar a exigir a estas empresas normativas en cuanto a horarios, precontratación, prestación de servicio, tipología de vehículo, etc.

Los empresarios del sector no dan crédito a que, a partir de ahora, tengan que cumplir diecisiete normativas autonómicas, más otra por cada ciudad que regule una VTC. Todo eso hasta que, dentro de cuatro años, algunos Ayuntamientos decidan poner en marcha la ‘licencia urbana’. Es el período de indemnización que Fomento otorga al sector por el cambio en las reglas de juego, aunque se podrían sumar otros dos años de moratoria si se comprueba que no es suficiente para amortizar las inversiones.

Lagunas jurídicas

“Estoy preparando una demanda millonaria”, exclama uno de esos empresarios. “Estamos dando una imagen de república bananera, que nos lleva hacia atrás en lugar de avanzar hacia adelante como otros países”, dice otro. Y es que, el decreto da una de cal y otra de arena al dejar entrever que hay que ‘taxificar las VTC y uberizar el Taxi’.

Los ‘amos de la VTC’ creen que el decreto deja innumerables lagunas jurídicas, por mucho que Fomento lo niegue, que les servirán para atacar la normativa. Por tanto, se preparan para una batalla legal que puede durar años. Algunos de ellos creen, incluso, que tendrán que actuar en distintos frentes a medida que las Comunidades y los Ayuntamientos vayan estableciendo regulaciones.

En Fomento aseguran no temer nada en absoluto. Las fuentes consultadas explican a este diario que el decreto está ‘blindado’ jurídicamente y, por tanto, resultará muy difícil que nadie pueda hincarle el diente en los juzgados.

Las asociaciones

Desde la patronal del sector, Unauto, alertan de que se ponen en peligro 15.000 puestos de trabajo. Lamentan también la falta de diálogo del Gobierno, aunque desde el Ejecutivo insisten en que todos los actores implicados han conocido en todo momento la estructura que iba a tener el Decreto.

¿Y qué dicen los taxistas? Desde Élite Taxi y Caracol celebran lo conseguido. El portavoz de Élite, Tito Álvarez, explica a EL ESPAÑOL que “no nos convence el período de indemnización de cuatro años, pero ya tenemos más cosas para poner límites a las VTC”.

Tito asegura que “van a estar hiper reguladas”, y que van a luchar para conseguir que es les impongan limitaciones horarias, días libres, especificaciones en el tipo de coches que pueden usar para prestar servicio, etc. Desde Fedetaxi, en cambio, no están tan contentos, creen que el Gobierno debería haber sido más agresivo en los plazos para que los Ayuntamientos puedan cercar a Uber y Cabify.

Habrá que ver cómo evoluciona, pero todo apunta a que la ‘Guerra del Taxi’ continúa y que tan sólo hemos asistido al fin de una batalla que dará comienzo a otra.