La Diputación Permanente del Parlament de Cataluña ha aprobado el decreto del Govern por el que se constituirá un ente público para gestionar Aigües Ter-Llobregat (ATLL), la compañía que abastece de agua a unos 4,5 millones de habitantes de esta comunidad, después de que una la sentencia que el Tribunal Supremo anulara hace unos meses el contrato de concesión adjudicado en 2012 a Acciona.

El Decreto establece que la gestión de la producción y suministro de agua potable de ATLL pasa a manos de Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat.

Esta norma ha sido avalada en el Parlament gracias a los votos de JxCat, ERC y PSC-Units, mientras que el PP ha votado en contra y el resto de grupos se han abstenido.

El vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha defendido el decreto en nombre del Govern y ha recordado que la recuperación pública de ATLL era un mandato del Parlament, que instaba al Govern a revertir la concesión si el Supremo ratificaba su sentencia, tal como ocurrió en febrero. "Hoy lo que hacemos es que ATLL vuelve a ser pública y aprobamos su gestión directa", indicó.

Aragonès ha valorado que se podrían haber optado por otras opciones como un nuevo concurso de adjudicación, pero que con la creación de Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat se garantiza el control público del agua y la Generalitat se convierte en "gestor directo".

Además, ha destacado que el decreto del Govern incorpora la participación ciudadana con dos vocales en el consejo de administración que representarán a la organización de consumidores más representativa del área que abastece ATLL y de la mayor entidad ecologista de la zona.

INDEMNIZACIÓN A ACCIONA

Sobre la indemnización que la Generalitat previsiblemente deberá abonar a la actual concesionaria, Acciona, por la nulidad del contrato, Aragonès ha detallado que una comisión determinará la compensación a la compañía.

"Las cifras que se han conocido no tienen por qué coincidir con la final", ya que se realizará un análisis para determinar cuánto hay que indemnizar, según ha indicado.

Acciona calcula en 308 millones de euros el importe que debe recibir. En concreto, calcula que la Generalitat le deberá reembolsar 268,8 millones por el canon pagado por la concesión que aún no se ha amortizado y otros 39,5 millones por las obras de mejora acometidas en instalaciones de la ATLL. A ello se sumaría lo que pudiera corresponderse al reclamar daños perjuicios.

De su lado, el conseller de Economía ha asegurado que no se aplicará ningún incremento de tarifa este 2018 como ya ocurrió en 2017, por lo que se ha dejado sin efecto el cambio tarifario que se había aprobado con anterioridad.