En un comunicado, la sociedad aclara que la decisión responde al "daño económico que están generando las administraciones públicas tanto a la cooperativa como a sus asociados, en vez de presentar una propuesta ganadora para todos", según su máximo responsable, José María Escrivá.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social acordó en agosto de 2017 descalificar a cooperativa por varias infracciones, entre ellas por asociar a falsos autónomos.

La Unidad Especializada en el Área de Seguridad Social de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia elaboró un informe que indicaba que los socios trabajadores de la cooperativa eran simulados, ya que en realidad se trataba de "profesionales trabajadores por cuenta propia dedicados a cualquier actividad" obligados a emitir factura a sus clientes y cumplir con su régimen fiscal.

El informe, sobre el que se pronunció favorablemente la abogacía del Estado, indicaba que durante sus dos años de funcionamiento ha tenido en alta a más de 5.000 afiliados distintos, que se mantienen durante "escasos días" dando lugar a una "vinculación anómala", ya que normalmente los trabajadores de cooperativa tienen carácter indefinido.

La cooperativa, por su parte, alega en su nota que la presentación del concurso de acreedores se debe exclusivamente a laúnica deuda con Hacienda y la Seguridad Social, debido al adelanto de un IVA y cuotas que la cooperativa aún no ha cobrado, ya que sale de facturas impagadas por "retraso" de la propia Administración.