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Las opciones privadas para salvar al Popular se multiplican a golpe de demanda

Si la resolución del Popular fue precipitada o si podría haberse salvado de otra forma, será algo difícil de acreditar. Pero alternativas privadas existían. Más allá del conocido interés del BBVA, Barclays o Deutsche Bank, el torrente de demandas ha sacado a la luz nombres como Pimco, Allianz y otros inversores dispuestos a rascarse el bolsillo para salvar al banco.

7 marzo, 2018 12:20

El bufete de abogados Kirkland & Ellis ha abierto un nuevo melón en el `caso Popular¿ al presentar en un Tribunal de Nueva York una reclamación de arbitraje internacional contra España y el propio Santander para que la entidad entregue una serie de documentos que ayuden a la defensa de los afectados.

En este caso, el despacho, a través de Javier Rubinstein, defiende a un grupo de inversores mexicanos liderados por Antonio del Valle, que contaban con un 4% del capital del banco antes de la resolución. En concreto, se trata de 44 ciudadanos mexicanos y 10 sociedades entre las que figuran nombres sorprendentes como el de BBVA Bancomer (filial de BBVA), que aparece en el listado como grupo fiduiciario, además de otros fondos, firmas de inversión y una inmobiliaria.

Todos ellos habían adquirido 172.516.812 acciones de la entidad y 9.950.000 bonos antes de la resolución, valorando su inversión en 470 millones de euros en el transcurso de más de tres años. Más allá de las cifras, la importancia de la documentación aportada para sus reclamaciones reside en que las mismas sacan a la luz información clave sobre las alternativas que se manejaban para salvar Popular sin llegar a la resolución.

Para empezar, los afectados revelan la carta que BBVA escribió al propio FROB manifestando su interés en el Popular y las quejas por el escaso tiempo para analizar y preparar su oferta por el banco. ¿Si se dispusiera de información suficiente que permita analizar debidamente la operación y se pudieran modificar las condiciones, BBVA sí estaría interesado en participar en la misma ¿a la que también habían intentado entrar CaixaBank, Bankia y Sabadell-¿, indicaba la entidad en su misiva al organismo.

Los inversores mexicanos recuerdan, además, que el Gobierno español mantuvo ¿negociaciones secretas¿ con el Santander de forma paralela antes de que el Proyecto Hipócrates, con el que se iniciaba el proceso de subasta del Popular, viese la luz. E ¿incluso antes de que la JUR tomase ninguna decisión sobre la resolución¿.

Dispuestos a 'soltar'

Entre las alternativas privadas que también se manejaron entonces, pero que no vieron la luz finalmente, destacan una serie de conversaciones entre los inversores mexicanos y el Banco de España en la que los mismos, con Del Valle al frente, se comprometían a invertir 1.000 millones de euros en una ampliación significativa de capital del Popular.

La misma a la que otras entidades como Barclays o Deutsche Bank se habían comprometido a acudir. En una carta remitida al Popular el 3 de junio, la firma de inversión británica confirmaba su apoyo al aumento de capital explicando que ¿Popular es una franquicia sólida y tiene potencial para brindar un rendimiento de capital atractivo a nuevos inversores¿. En la carta,aseguraba que habían discutido la operación de forma interna y, basándose en su análisis y experiencia en casos similares, consideraban que dicha ampliación, estimada en 4.000 millones de euros de los que Barclays se comprometía a `ocuparse¿ del 50%, ¿sería bien recibida por el mercado¿.

Dos días después, el 5 de junio, Deutsche Bank también mostraba su interés en asegurar el 50% del posible aumento de capital bajo ciertas condiciones. ¿Querido Emilio (Saracho), tras muchos comités y revisiones hemos enviado a Miguel Escrig una carta en la que expresamos el interés en asegurar el 50% de la ampliación (¿)¿, rezaba la misiva, en la que el banco alemán aseguraba haber estado trabajando varias semanas en la solución planteada: la ampliación con el apoyo ¿de un grupo significativo de inversores ancla que garantizasen idealmente el 50%¿.

Y aquí otro punto clave. En su carta, la firma asegura que ya había mantenido para entonces contacto con ¿grandes patrimonios, institucionales antiguos y nuevos del banco¿, que garantizarían un buen final de la operación.

Según las reclamaciones interpuestas por los inversores mexicanos, entre estos inversores estaría también PIMCO, que ¿expresó su compromiso de proveer hasta 300 millones de euros¿ en la ampliación.

Del mismo modo, aseguran que un número de inversores actuales y potenciales habían confirmado también su interés en participar en dicho aumento de capital. Y aquí otra novedad. Según las fuentes y los documentos consultados ¿entre ellos, se encontraba el inversor chileno Andrónico Luksic quien, junto con el Sr. Antonio del Valle, los días antes de la resolución se habían reunido de forma activa con bancos de inversión que habrían apoyado la ampliación de capital del Banco Popular¿. Entre ellos, se baraja el nombre de Allianz, accionista histórico de la entidad con casi un 4% de la entidad. Y que, por cierto, comparte en Allianz Popular el negocio de seguros y gestión de activos del banco, que ahora corre peligro si Santander, que tiene su propia gestora (Santander AM), decide poner fin al acuerdo.

Del mismo modo, la familia Luksic se habría comprometido a hacerse con un porcentaje del capital de la entidad antes de la ampliación, mientras que los mexicanos se harían con otro paquete mayor, con el objetivo de impulsar la cotización de una entidad muy castigada por entonces por las bajadas de rating y la fuga de depósitos.

Sin embargo, todas estas iniciativas privadas se vieron truncadas en la madrugada del 6 al 7 de junio, con la decisión de la JUR de resolver el banco que, como después se ha comprobado, pilló de sorpresa a muchos de los implicados. Los mismos critican también que, además de las alternativas privadas, otras medidas podrían haberse tomado antes de decidir el final de la entidad. Entre ellas, destacan la concesión al Popular de la solicitud de Asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA) por 9.500 millones de euros, frente a los 3.500 millones que se le concedieron finalmente.

Otras opciones que, a juicio de los afectados, habrían ayudado a no degradar el valor del Popular en Bolsa, facilitando una nueva ampliación de capital, hubiese sido que la CNMV prohibiese las ventas en corto, o un papel más activo por parte de la Administración, teniendo en cuenta que, según los demandantes, el consejero Antonio González Adalid ya había mostrado su preocupación por el empeoramiento de liquidez del banco, ¿especialmente tras la retirada de 4.000 millones de euros en depósitos por parte del Tesoro¿.

En este sentido, basan su reclamación en que España no ha respetado las protecciones y garantías que se presuponen por Tratado a los inversores mexicanos en el país, defendiendo que ¿el 4 de junio, tres días antes de que se decidiese la resolución, el FROB puso en marcha el Proyecto Hipócrates para facilitar la eventual adquisición del banco, ignorando cualquier alternativa privada que podría haber evitado la resolución y el daño para los inversores¿.

Los demandantes critican que pese a los detallados horarios establecidos para la subasta del Popular, ¿España realizó una venta fugaz con el fin de asegurar el resultado predeterminado de dejar a Santander como único licitador, sin otorgar a otros ni tiempo ni información suficiente para presentar una oferta dentro del plazo límite establecido¿.

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