Carolina España saluda a Arcadi España, consejera de Andalucía y ministro, respectivamente, de Hacienda.

Carolina España saluda a Arcadi España, consejera de Andalucía y ministro, respectivamente, de Hacienda. Eduardo Parra / Europa Press

Macroeconomía

La nueva financiación de Hacienda obligará al Estado a compensar a las CCAA cuando les fuerce a subir el gasto

La compensación se ejecutará cada cinco años.

La asistencia sanitaria de pacientes residentes en España derivados entre autonomías se deducirá o retendrá de los fondos que reciben los territorios.

Más información: Hacienda ofrece a las CCAA una financiación que prima el gasto sanitario y minimiza el criterio poblacional

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Las claves

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El nuevo modelo de financiación autonómica obligará al Estado a compensar a las comunidades cuando les imponga mayores gastos, como subidas salariales o nuevas prestaciones.

La propuesta de Hacienda incluye mecanismos para que el gasto sanitario entre comunidades se compense directamente a través del sistema de financiación, en lugar de los fondos actuales.

El Gobierno asegura que las regiones dispondrán de 20.975 millones de euros adicionales el primer año, principalmente vía mayor control sobre IRPF e IVA.

Todas las comunidades autónomas, excepto Cataluña, rechazan el borrador presentado por Hacienda, considerándolo insuficiente y poco equitativo.

Las regiones ya tienen en sus manos el borrador del nuevo modelo de financiación autonómica que ha preparado el Ministerio de Hacienda. El documento, de unas 72 páginas, detalla los planes del Gobierno central y recoge algunas novedades que todavía no habían sido desveladas.

Según el texto, al que ha tenido acceso este periódico, el Estado tendrá que compensar económicamente a las comunidades autónomas cuando les obligue a asumir gastos adicionales. Y lo hará a través del sistema de financiación.

Por ejemplo, si se aplican subidas retributivas a los empleados públicos (como las que vienen sucediendo en los últimos años) o se aprueban nuevas prestaciones sanitarias, la Administración Central deberá compensarlo con partidas más elevadas.

Esto es lo que se extrae del espíritu del texto, en un apartado que el Ministerio de Hacienda define como "lealtad institucional".

Bajo esta premisa, "deberá perseguirse el objetivo de evitar, por parte del Estado, efectos financieros sobre las comunidades autónomas como consecuencia de modificaciones legales, tanto por el lado del gasto como del ingreso".

"Sin perjuicio de lo anterior, la Administración General del Estado (AGE) se compromete a establecer los mecanismos que garanticen que las normas estatales que supongan incrementos de gasto o reducciones de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas contengan la valoración correspondiente".

"Además, cada cinco años, determinará el impacto, positivo o negativo, de las actuaciones legislativas del Estado y de las comunidades autónomas, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Compensación

"La valoración resultante se compensará, en su caso, como modificación del Sistema de Financiación para el siguiente quinquenio".

Por otro lado, el texto también recoge una fórmula para solventar un problema endémico del sistema sanitario español: cómo compensa o paga una autonomía a otra que da asistencia sanitaria a uno de sus residentes.

A día de hoy, esto se hace a través del Fondo de Cohesión Sanitaria y del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). Sin embargo, las propias autonomías admiten que estas fórmulas, en estos momentos, no funcionan.

Por ello, Hacienda plantea que el gasto que genere la asistencia sanitaria de un residente de una autonomía en otra distinta se pague, directamente, a través del nuevo modelo de financiación.

"Los saldos netos negativos que resten por asistencia sanitaria prestada a pacientes residentes en España derivados entre comunidades autónomas y del Fondo de Garantía Asistencial y por gasto real" serán "deducidos o retenidos, según proceda, de los importes satisfechos por todos los recursos del Modelo de Financiación".

Además, los fondos extra que reciban las regiones a través del nuevo sistema de financiación estarán libres de restricciones a la hora de desembolsarlos. Al menos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

"El gasto adicional que las comunidades autónomas financien con los recursos permanentes" del nuevo modelo de financiación "no computarán a efectos de la regla de gasto".

El Gobierno defiende que su propuesta permitirá a las regiones manejar 20.975 millones de euros adicionales en su primer año en vigor.

La mayor parte de esta cantidad -16.000 millones- procedería de incrementar la capacidad tributaria de las regiones. Concretamente, aumentaría el IRPF y el IVA que manejan las autonomías (controlarían el 55% y el 56,5% de cada figura tributaria).

Además, se incluirían dentro de los recursos del sistema de financiación los impuestos sobre el Patrimonio, sobre los depósitos bancarios (el impuesto a la banca), sobre actividades del juego y sobre el depósito de residuos en vertederos.

El resto vendrá de una serie de transferencias adicionales del Estado a través de un fondo de nivelación vertical, que contará con 19.000 millones de euros. "El objetivo inicial es reducir en dos tercios la distancia de cada autonomía respecto a la que tiene más recursos, que es la Comunidad de Madrid".

Con este fondo, junto con otro de nivelación horizontal, Hacienda pretende que garantizar que "todas las comunidades alcancen un 75% de la media de recursos por habitante ajustado determinada".

Cabe recordar que, además de estos fondos, hay otros elementos que complementarían la financiación de determinados territorios.

Se trata del Mecanismo IVA pymes, el fondo climático y la garantía de statu quo.

A día de hoy, con estos mimbres, varios analistas y think tanks han cargado contra la nueva propuesta de Hacienda. Se considera que no fomenta la corresponsabilidad y que está diseñado para favorecer a Cataluña.

De hecho, en estos momentos, sólo Cataluña bendice el nuevo modelo. Todas las comunidades autónomas, incluidas las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias, rechazan la propuesta del Ministerio de Hacienda.

El departamento de España tratará con las regiones, en una comisión técnica, el nuevo modelo en una reunión el día 14 de julio. El 29 del mismo mes se celebrará una cumbre con las autonomías para tratar, en general, el nuevo modelo.

Sin embargo, lo que no está claro es cuál es su futuro legislativo. El Ministerio indica que el correspondiente anteproyecto de ley no irá al Consejo de Ministros hasta pasado el verano, y no da fecha para su entrada al Congreso. Todo parece indicar que no podrá ser aprobado antes de 2027. Si es que un Congreso cada vez más dividido le diera el visto bueno, claro.