Bruselas promete un ahorro de 8.000 millones a las empresas
Bruselas promete un ahorro anual de 8.000 millones para las empresas con menos burocracia tributaria
La reforma pretende crear un marco común de incentivos fiscales para fomentar la inversión empresarial en I+D.
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La Comisión de Ursula von der Leyen sigue avanzando en su agenda de desregulación com el objetivo de impulsar la competitividad de la economía europea. Bruselas ha presentado este miércoles un amplio paquete de simplificación de la normativa tributaria de la UE con el que busca reducir la burocracia y generar un ahorro estimado de unos 8.000 millones de euros anuales para las empresas. De esa cifra, alrededor de 3.300 millones procederían de la reducción de costes administrativos.
La principal novedad de la propuesta es la creación de un marco común de incentivos fiscales para fomentar la inversión empresarial en investigación e innovación. Bruselas confía en que esta medida refuerce el atractivo de la UE para nuevos proyectos tecnológicos y contribuya a impulsar la actividad económica, con un impacto estimado del 0,2% anual sobre el PIB europeo.
"Europa necesita normas más sencillas para lograr mejores resultados. Nuestras propuestas de simplificación fiscal ofrecen soluciones que mejorarán de forma radical la claridad y la seguridad jurídica tanto para las empresas como para las administraciones tributarias", sostiene el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis.
"Nuestras propuestas también ayudarán a eliminar obstáculos a la inversión transfronteriza y a la actividad económica, reforzando el Mercado Único de la UE y avanzando hacia la Unión de Ahorros e Inversiones", ha asegurado Dombrovskis.
Durante la última década, la UE ha desarrollado de forma significativa su marco de fiscalidad directa, con reformas orientadas a responder a los retos de la globalización, la digitalización, el auge de la planificación fiscal agresiva y la necesidad de reforzar el funcionamiento del mercado interior.
Aunque este marco ha permitido avances relevantes, la acumulación de iniciativas legislativas ha incrementado la complejidad del sistema y los costes de cumplimiento para las empresas que operan a nivel transfronterizo, admite el Ejecutivo comunitario.
El paquete de simplificación propuesto este miércoles -que todavía debe ser debatido por la Eurocámara y los Gobiernos de los 27- busca corregir estas distorsiones y asegurar un sistema de fiscalidad directa más coherente, proporcionado y eficaz. Su objetivo es simplificar la normativa existente, reducir las cargas administrativas innecesarias, aumentar la seguridad jurídica y facilitar la actividad empresarial en el mercado interior.
La reforma introduce la exención de retenciones en origen en los pagos transfronterizos entre empresas de la UE -dividendos, intereses y cánones-, eliminando trámites previos y acelerando los procedimientos de devolución. Bruselas calcula que este cambio supondrá un ahorro de unos 5.300 millones de euros al año y reducirá los costes asociados a la financiación transfronteriza.
El plan también busca reducir obstáculos a la actividad empresarial y a la financiación. Para ello, se eliminan algunas restricciones consideradas innecesarias y se simplifican normas fiscales que afectan a la deducción de intereses. Según la Comisión, estos cambios permitirán ahorrar más de 500 millones de euros anuales en costes administrativos y de cumplimiento.
El comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis
Otro de los objetivos es reducir la complejidad del sistema eliminando duplicidades en la normativa fiscal. En concreto, se suprimen solapamientos entre distintas reglas internacionales, lo que reducirá cargas administrativas y supondrá un ahorro adicional de unos 160 millones de euros al año para las empresas.
Finalmente, la reforma busca hacer más sencilla la cooperación entre países de la UE en materia tributaria. Para ello, se unifican varias normas existentes y se reducen las obligaciones de información en determinados casos, especialmente para grandes empresas y plataformas digitales.
Con estos campos, se espera recortar un 35% el volumen de declaraciones y ahorrar unos 40 millones de euros anuales, al tiempo que se simplifican trámites para el comercio digital y se mejora la identificación de los contribuyentes.
En paralelo, la Comisión ha propuesto este miércoles simplificar las normas de etiquetado energético y de neumáticos para hacerlas más claras y fáciles de aplicar por fabricantes y distribuidores, sin reducir la información disponible para los consumidores.
El cambio introduce más flexibilidad en la forma de mostrar las etiquetas -incluyendo opciones digitales como códigos QR o pantallas electrónicas- y adapta su uso a distintos canales de venta, como compras online, ventas a través de instaladores o productos no expuestos en tienda.
