Inés Olóndriz, presdienta de AIReF
El Gobierno usa el fondo para emergencias del Estado para tapar agujeros de la prórroga presupuestaria, según la AIReF
El ente analiza los riesgos fiscales que afrontan las Cuentas Públicas. Destaca que España afronta 6.000 millones por acciones legales contra el Estado.
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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha hecho un nuevo análisis de los riesgos fiscales que afrontan las cuentas públicas. Y, entre ellas, denuncia el mal uso que hace el Estado del Fondo de Contigencia. Concretamente, que casi la mitad de los millones de euros de este fondo para emergencias se emplea para gasto previsible o no urgente.
Se trata de una situación que la AIReF ya había observado. La cuestión es que el ente alerta de que ahora también se está empleando para 'tapar' agujeros generados por la prórroga presupuestaria.
Así lo indican fuentes de la Autoridad, que indican que varios millones de euros del Fondo de Contingencia se están empleando para elevar créditos infradotados de la prórroga presupuestaria. Esta es una de las razones que han llevado a que el 71% de gasto ejecutado del fondo haya sido para abonar partidas no imprevisibles.
Por otra parte, el organismo ha calculado que el gasto de la Administración Central en sentencias ascendió a 19.407 millones durante el periodo 2014-2025, lo que equivale a un gasto medio anual de 1.617 millones.
El organismo independiente que dirige Inés Olóndriz ha publicado este miércoles su segunda opinión sobre riesgos fiscales, en la que profundiza en el análisis iniciado en 2025 sobre riesgos macroeconómico, ambientales y legales.
Además, ha ampliado su evaluación a dos nuevos ámbitos: las garantías públicas y las empresas públicas.
La AIReF ha cuantificado que, en estos años recientes, las sentencias judiciales contra el Estado tuvieron un impacto conjunto sobre el déficit público superior a 14.400 millones de euros. En concreto, el efecto ascendió a más de 11.200 millones en 2024, el 0,7% del PIB , y a 3.100 millones en 2025.
Impacto en el déficit
Desde la AIReF destacan el volumen que ha supuesto, por ejemplo en 2024, la sentencia por el IRPF de pensionistas de mutualidades laborales (casi 6.000 millones de euros) o por la incostitucionalidad de la reforma del impuesto sobre Sociedades (más de 3.000 millones).
De cara al futuro, el mayor riesgo pendiente ahora y que además presenta un panorama judicial bastante complejo, según la AIReF, es la declaración como contrario a la normativa comunitaria del tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos.
Hasta ahora, se ha registrado un impacto en el déficit en 2026 por importe de 316 millones, más intereses.
Con todo, la AIReF ha insistido en la necesidad de reforzar la recopilación, actualización y transparencia de la información relativo a los procedimientos judiciales con posible impacto fiscal.
En su análisis, la AIReF también ha actualizado el coste fiscal asociado a desastres naturales y otros eventos excepcionales, que sitúa en 65.085 millones de euros entre 2005 y 2025 --a precios de 2023--.
Esta cifra incluye el gasto destinado a obras de emergencia y ayudas a damnificados (16.500 millones), las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros por riesgos hidrológicos, meteorológicos y geofísicos (12.800 millones) y otros costes de respuesta como los asociados al Covid, con un coste superior a 35.000 millones.
Como ejemplo, la AIReF apunta a que el impacto de la dana de Valencia en octubre de 2025 habría supuesto más de 8.000 millones de euros en aplicaciones del Fondo de Contingencia y otras medidas, además de unos 4.200 millones en indemnizaciones del Consorcio.
Para mejorar el análisis de estos riesgos, la AIReF ha planteado mejorar las fuentes de información sobre desastres naturales, hacer explícito su coste fiscal en los Presupuestos, crear una base de datos del coste fiscal de los costes naturales y elaborar estrategias públicas de gestión de estos riesgos, tanto en la Administración Central como en las comunidades autónomas.
En el ámbito macroeconómico, el análisis muestra que los 'shocks' macroeconómicos han sido relevantes para explicar la evolución del PIB per cápita y que su impacto puede trasladarse a las variables fiscales.
Por ello, la AIReF considera necesario que la planificación fiscal incorpore análisis de sensibilidad y escenarios que permitan evaluar las posibles desviaciones de las previsiones centrales.
En este sentido, el organismo ha propuesto a los ministerios de Hacienda y Economía incorporar análisis de errores de previsión y cuantificar los riesgos macroeconómicos que subyacen a las previsiones macroeconómicas y fiscales con análisis de sensibilidad.
La opinión incorpora el análisis de las garantías públicas los compromisos legales vinculantes que asumen las administraciones públicas para hacer frente al servicio de una deuda en nombre del beneficiario.
En este sentido, la AIReF señala que las garantías públicas se han utilizado de forma intensiva en episodios de crisis, como la financiera de 2008 o la pandemia del Covid. Durante la pandemia, los programas de avales elevaron el stock de garantías hasta el 16% del PIB.
Posteriormente, este stock de avales se ha reducido de forma acusada y se situó en el 6% del PIB a finales del 2025, por debajo de otros países del entorno y con tendencia descendiente, aunque se mantiene en niveles muy elevados en términos históricos.
En el caso de los avales Covid articuladores a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) el saldo vivo de estas líneas se situaba en torno a 24.000 millones de euros en diciembre de 2025. La exposición en operaciones en situaciones de mora ascendía a unos 7.500 millones, inferior a la registrada en diciembre de 2024.
La AIReF ha advertido de que las garantías siguen constituyendo un pasivo contingente relevante, cuya evolución debe ser objetivo de seguimiento continuo.
Por ello, y dado que considera que la información se encuentra "muy dispersa y resulta incompleta", la AIReF ha propuesto al Banco de España publicar un análisis lo más desagregado posible para mejorar la trazabilidad y comparabilidad entre las distintas fuentes de información --Banco de España, Cuenta General del Estado y Eurostat--.
Además, ha planteado la explotación estadística de la Central de Información de Riesgos para evaluar los perfiles de riesgos de las líneas de avales con garantía estandarizada.
La opinión incorpora también por primera vez un análisis de las empresas públicas desde la perspectiva del riesgo de reclasificación sectorial. La AIReF analiza más de 1.600 entidades --empresas públicas, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles--, con un pasivo conjunto equivalente al 9% del PIB en 2024.
La Opinión también revisa el fenómeno de reclasificación sectorial en los últimos 15 años. En este periodo, más del 60% de las entidades analizadas (579 entidades) han pasado de no consolidar dentro de las AAPP a hacerlo. Las reclasificaciones han generado un impacto promedio reducido en la deuda pública, de 500 millones de euros anuales, excluyendo el impacto singular de la Sareb.
