Arcadi España, ministro de Hacienda, y Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía.

Arcadi España, ministro de Hacienda, y Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía. Carlos Luján / Europa Press.

Macroeconomía

El escudo antiopas ha obligado a 386 empresas extranjeras a pasar por el Gobierno para invertir en España desde 2022

En 2025 se analizaron 130 operaciones, de las que 116 se autorizaron sin condiciones y otras 14 se validaron sujetas a compromisos.

Más información: El Gobierno prevé otra prórroga del escudo antiopas para inversores europeos con la excusa de la guerra de Irán

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Las claves

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Desde 2022, 386 inversores extranjeros han tenido que someterse al control del Gobierno para invertir en empresas españolas.

En 2025 se analizaron 130 operaciones, de las cuales 116 se autorizaron sin condiciones y 14 con compromisos voluntarios de los inversores.

El escudo antiopas afecta tanto a inversiones extracomunitarias como europeas en sectores estratégicos, y se prevé prorrogar su aplicación hasta al menos 2027.

El 80% de las solicitudes controladas en 2025 procedían de fuera de la UE, principalmente de Estados Unidos (40%), Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos (14% cada uno).

Desde 2022, el Gobierno ha obligado a 386 inversores extranjeros a someterse al procedimiento de control del Ejecutivo para aprobar su entrada en compañías españolas. La Administración no hace públicos los nombres de estas compañías.

Así consta en el último informe de Control de Inversiones Extranjeras correspondiente a 2025, elaborado por la Secretaría de Estado y Comercio y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

En él se indica que el año pasado se analizaron 130 operaciones, de las que se autorizaron 116 sin condiciones y otras 14 se validaron sujetas a compromisos presentados voluntariamente por los inversores.

Estamos ante un crecimiento del 40% respecto de las 93 presentadas en 2024 (8 con condiciones), el mayor aumento desde que existe la herramienta. En 2023 se registraron 88 (8 con condiciones) y en 2022 se analizaron 73 (9 con condiciones). Sólo se han rechazado dos solicitudes hasta la fecha.

El también conocido como escudo antiopas está en marcha desde 2022 y da al Gobierno la potestad de autorizar la entrada de empresas extranjeras (incluso las de la UE) en sectores estratégicos.

Se trata de inversiones superiores a los 500 millones de euros o en porcentajes superiores al 10% en cotizadas, un 5% para compañías relacionadas con contratos de Defensa.

La herramienta fue aprobada durante la pandemia como una medida de emergencia, pero en 2023 el Gobierno hizo permanente el bloqueo a empresas de fuera de la Unión Europea y ha prorrogado sucesivamente el control para compañías comunitarias.

La última prórroga para empresas de la UE expira a finales de este año. Pero este diario ya ha informado de que la intención del Gobierno es extenderla nuevamente, al menos hasta final de esta legislatura en el año 2027.

Este escudo se ha utilizado en cuatro años para frenar operaciones como la entrada de Vivendi en Prisa, la de los húngaros Magyar Vagon en Talgo y ha autorizado otros desembarcos como la llegada de la saudí STC a Telefónica.

En el mundo empresarial se considera que, desde su existencia, este escudo antiopas se ha utilizado para controlar la inversión y para influir en los proyectos de empresas extranjeras.

Sin embargo, el Gobierno defiende esta herramienta como la forma de defender empresas estratégicas y de adaptar las necesidades de inversión a la soberanía española.

En todo caso, su influencia en la inversión extranjera ha sido creciente. Sólo en 2025 se recibieron un total de 196 solicitudes en materia de control de inversiones extranjeras.

Esto representa un crecimiento del 19% con respecto a 2024, manteniéndose la tendencia observada en años anteriores. De ellas, 130 se analizaron y 51 fueron archivadas por no estar sujetas al régimen de control. Es decir, se dio el plácet sin pedir autorización.

Medidas de mitigación

De las analizadas, se autorizaron 116 sin compromisos y 14 sujetas a condiciones. Entre estas "medidas de mitigación" se encuentran las que garantizan el correcto suministro de insumos fundamentales.

Y también se incluye la limitación del acceso a información sensible, preservar la soberanía del dato, asegurar la independencia financiera, garantizar la independencia de los órganos de gobierno y la libertad editorial y creativa en medios de comunicación.

El 80% de las solicitudes de autorización sometidas a control en 2025 correspondieron a inversores últimos con residencia fuera de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio.

Dentro de ellos, el 40% de las operaciones corresponden a compañías de Estados Unidos. De hecho, las solicitudes con inversores estadounidenses crecieron un 35% con respecto a 2024.

Origen de la inversión

El resto de países con más solicitudes para invertir en empresas españolas fueron Reino Unido (14%), Emiratos Árabes Unidos (14%), China (6%)y Canadá (3%).

Los sectores económicos de actividad en los que más operaciones fueron objeto de escrutinio en 2025 fueron Tecnologías de la Información y Comunicación (17%), Industria (15%), Automóvil y Aeronáutico (11%).

La justificación para suspender del régimen general de libre circulación de capitales (activar el escudo antiopas) se fundamentó en un 42% de los casos en que la sociedad adquirida disponía de tecnologías críticas; en un 22%, en que suministraba insumos fundamentales, y en un 19%, en que tenía acceso a información sensible.

Con todo, el balance que hace el Gobierno de esta herramienta es muy positivo. "El mecanismo de control de inversiones ha demostrado ser un sistema equilibrado que compatibiliza la atracción de inversiones y la protección de los intereses esenciales nacionales", dice en el balance de 2025.

¿Nueva prórroga para la UE?

De hecho, deja la puerta abierta a la prórroga del control de inversiones de la Unión Europea, como ya ha contado este periódico "De cara al próximo año, se seguirá trabajando en esta línea: manteniendo el equilibrio entre la apertura económica y la seguridad nacional", indica el Ministerio de Economía.

"Para ello, el análisis riguroso de las operaciones, la seguridad jurídica, proporcionalidad, predictibilidad y accesibilidad serán los pilares sobre los que se seguirá sustentando el mecanismo español de control de inversiones", concluyen.