El Gobierno prevé otra prórroga del escudo antiopas para inversores europeos con la excusa de la guerra de Irán

Y quieren hacerlo aprovechando el convulso escenario económico mundial que ha generado la guerra de Irán. Un argumento —el de las sucesivas crisis— que se ha usado para anteriores prórrogas de este mismo escudo tras la irrupción de la pandemia.

La herramienta faculta al Ejecutivo para decidir sobre las inversiones en grandes cotizadas que superen el 10% del capital —el 5% en caso de empresas relacionadas con la Defensa— o que superen los 500 millones de euros.

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La última prórroga se aprobó a comienzos de 2025 por dos años, incluyendo 2025 y hasta finales de 2026. Era la tercera vez que se hacía tras instaurarse en 2020 para evitar que fondos internacionales oportunistas entrasen en compañías españolas estratégicas. Empresas que por los efectos de la pandemia registraban mínimos en sus cotizaciones bursátiles.

En 2020 se lanzaron dos excepciones normativas al libre régimen de inversión extranjero, uno para empresas de fuera de la UE y otro para compañías comunitarias.

En 2023 se actualizó la ley de inversión extranjera y se incorporó el escudo antiopas para inversores extranjeros de manera permanente y siempre en compañías estratégicas.

Pero el bloqueo a empresas europeas se ha ido prorrogando con decretos puntuales. Primero se justificó por la guerra de Ucrania, luego por la crisis energética y la guerra de Gaza. Y ahora —dicen las fuentes consultada— el contexto invita a utilizar la guerra de Irán como excusa.

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El Gobierno siempre ha sostenido que la prórroga del escudo antiopas se hace para defender a las empresas españolas ante las arremetidas de fondos oportunistas.

No obstante, en el sector empresarial se considera que es otra herramienta más de intervencionismo político y gubernamental, que Moncloa usa para controlar a las grandes corporaciones y lograr que los inversores extranjeros se plieguen a sus demandas.

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En esta clave, el Gobierno cree que es necesario mantener el control en empresas europeas al menos un año más. Un 2027 en el que tendrán lugar elecciones generales y en el que acaba la actual legislatura.

Es el mismo argumento para no realizar una prórroga de dos años —como en 2025— que podría beneficiar políticamente a un eventual Gobierno del Partido Popular (PP) a partir de 2028.

Pero la justificación pública será otra. El propio Pedro Sánchez ya dijo el pasado viernes que estamos ante una crisis económica de alcance "insospechado" y que "será grave".

Vaivenes de la bolsa

Y este es el discurso que se mantendrá a partir de ahora. Incluso si la guerra acaba, transmiten que estamos ante un remezón económico que se mantendrá todo el año y que podría contagiar a 2027.

Así, se sostiene que los vaivenes recientes de la bolsa se mantendrán, por lo que el riesgo para las grandes empresas estratégicas seguirá siendo importante.

Para ello, el Gobierno quiere aprovechar los cambios que requiere el nuevo reglamento provisional de control de la inversión extranjera de la Unión Europea.

Nuevo reglamento europeo

El proyecto comunitario busca un marco de inversión equilibrado y proporcionado, "centrado en las tecnologías e infraestructuras más sensibles, respetuoso con las prerrogativas nacionales y eficiente tanto para las autoridades como para las empresas".

Entre los grandes cambios se incluye un marco común de sectores protegidos que, en el caso español, pasa por incluir como sectores estratégicos a las materias primas críticas, infraestructuras electorales o determinadas entidades financieras.

En acuerdo con esta norma, España también debería participar en la creación de una nueva base de datos compartida para prevenir la elusión y facilitar el intercambio de experiencia relevante entre autoridades.

Y también obligará a crear un portal único opcional para la presentación electrónica de solicitudes de inversión extranjera, que se establecerá si al menos nueve Estados miembros lo solicitan; y un marco común de aclaración de los factores de riesgo para la evaluación de estas operaciones.