El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.
La Ley de Industria llega tarde, mal y nunca: su contenido se queda obsoleto ante la nueva normativa europea
Las empresas industriales confían más en una aplicación directa de las directivas comunitarias que en la norma española, paralizada en el Congreso.
Más información: Bruselas avisa que la reforma laboral de Sánchez retrasa al sector público y provoca que la productividad se estanque.
La Ley de Aceleración Industrial que la Comisión Europea lanzó hace dos meses ha despertado las expectativas entre el sector industiral español para recuperar el Proyecto de Ley de Industria, que lleva casi un año y medio paralizado en el Congreso de los Diputados.
Las grandes patronales industriales españolas claman ante los partidos políticos para “darle una oportunidad” al texto que se aprobó en diciembre de 2024 (con datos de 2023), aunque haya que darle un vuelco al contenido para adaptarlo al giro industrial que se ha dado desde entonces.
La norma ha sufrido ya medio centenar de aplazamientos para introducir enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, que no ven clara una aprobación a corto plazo.
Desde el ámbito de la industria básica advierten que retraso acumulado que lleva el texto ha dejado obsoleto su contenido. La opción en la que las grandes empresas con intereses europeos confían es que el Acta de Aceleración se convierta en directivas de aplicación directa en España.
A pesar de ello, los empresarios admiten que, si la normativa europea entra en vigor antes, el país habrá perdido una oportunidad de agilizar el desarrollo de su industria y aprovechar mejor el impulso de los fondos Next Generation.
![La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/05\/12\/actualidad\/1003744242601_262910051_320x180.jpg"])
La iniciativa comunitaria, amparada en los informes Draghi y Letta, plantea medidas concretas a corto plazo que pueden suponer una desventaja si no se pueden aplicar en España con toda su amplitud.
De entrada, en 2029 se pretende reducir un 25% los trámites burocráticos para crear empresas industriales estratégicas y para realizar contratos, un recorte que en el caso de las pymes se pretende llevar hasta el 35%.
Ese atajo es fundamental, por ejemplo, para las empresas medianas de seguridad y defensa, centradas en el desarrollo de tecnología dual. La burocracia española actual alarga hasta 18 meses el cierre de contratos en el sector, cuyo objetivo es ahora más el mercado europeo que el nacional.
El propio presidente de la patronal TEDAE, Ricardo Martí-Fluxá, admitía esta semana en un encuentro con el resto de sectores afectados, que la Ley de Industria es una oportunidad “imprescindible” para aunar capacidades y lograr la deseada “autonomía estratégica”.
![Captura de pantalla 2026-05-13 133247.png](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/05\/13\/actualidad\/1003744244336_262936230_320x120.jpg"])
Y esa autonomía, a su juicio, es “capacidad de decisión para garantizar que en un entorno incierto se puede actuar con eficacia e impulsos propios, sin depender de factores internos que escapan a nuestro control”.
En esa misma línea reclamaban un impulso a la ley los responsables de otras patronales, como Ametic, Asebio, Feique, Farmaindustria o el Foro de las Empresas Innovadoras (FEI), unidas en este empeño con los sindicatos UGT y CCOO.
“El problema es que la aritmética parlamentaria en este momento no da margen para aprobar la norma en el Congreso”, admitía uno de los ponentes al evento, con pocas esperanzas de que se pueda aprobar la ley en esta legislatura.
Hay que recordar, además, cómo la aprobación de la Ley de Industria se retiró de los hitos a conseguir en el Plan de Recuperación para desbloquear la llegada de los fondos europeos.
![Cargador para coches eléctricos](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/12\/19\/elandroidelibre\/1003744063506_260583398_320x240.jpg"])
La norma pretendía aprobar un marco flexible y un recorte de la burocracia para facilitar la ejecución de los PERTE enmarcados dentro del Plan de Recuperación y básicos en la reindustrialización que plantea el Gobierno de Sánchez.
Frente a ello y, con la ley en un cajón del Congreso, lo que se ha producido en la recta final de los fondos es un resurgimiento de las dudas sobre el impacto que debían haber producido en la inversión industrial.
Incluso se está generando la incógnita de si se llegarán a obtener todas las ayudas a fondo perdido de los Next Generation antes de que finalice el plazo para pedirlas, en agosto de este año. Además de una fiscalización desde Bruselas por el uso de ese dinero para financiar pensiones o gasto corriente.
El director general de Feique (industria química), Juan Antonio Labat, se ha mostrado siempre muy crítico con la falta de competencias del Ministerio de Industria, cuando más necesarias son. “Está lleno de buenos profesionales, pero sin un presupuesto relevante ni las herramientas necesarias”, aseguraba en un encuentro sobre la Ley de Industria la semana pasada.
![img3a.jpg](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/05\/08\/actualidad\/1003744239045_262865102_320x240.jpg"])
En esa misma línea, la presidenta del FEI, Carmen Vela, dejó muy claro que el momento actual “obliga a tener una Ley de Industria”. “Necesitamos un marco regulatorio abierto, flexible y de obligado cumplimiento; si Europa va por un mercado único integrado, no podemos tener una normativa interna que lo fragmenta por CCAA”, advirtió.
Fomentar el Made in Europe y el Made in Spain desde la UE en el ámbito industrial es una de las pocas cosas en las que estas grandes patronales están de acuerdo con los sindicatos, a pesar de que la debilidad política del Gobierno no permite sacar adelante la norma española.
Incluso desde las centrales sindicales se considera que el texto de hace año y medio podría valer como base de debate para zanjar cuestiones como la formación cualificada, la internacionalización, la flexibilización administrativa o la colaboración público privada.
Las últimas declaraciones de los responsables del Ministerio de Industria han reconocido la necesidad de renovar la norma. Habría que introducir cuestiones como el impacto que la inteligencia artificial va a tener en el sector, la salvaguarda de sectores estratégicos, la transferencia de tecnología en las inversiones extranjeras o la descarbonización.
