Arcadi España, ministro de Hacienda.
La decisión del Gobierno de no adaptar el IRPF a la inflación cuesta entre 250 y 2.163 euros al año a cada contribuyente
El Consejo General de Economistas carga contra la variabilidad fiscal entre autonomías.
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A las puertas de que se inicie una nueva campaña de la declaración de la Renta, la polémica vuelve a rodear al IRPF. Concretamente, por la decisión del Gobierno de no deflactar este impuesto y adaptarlo a la inflación de los últimos años. Esto cuesta a cada contribuyente entre 250 y 2.141 euros al año.
Así lo indica el Consejo General de Economistas, que este martes ha presentado un nuevo informe sobre la tributación en España. En él se analiza el efecto de la no deflactación de la tarifa del IRPF, a nivel estatal, y de la falta de actualización de los mínimos personales y familiares y otros parámetros en un entorno inflacionista.
Según los ejemplos elaborados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (que pertenece al Consejo), un contribuyente con una renta de 25.000 euros paga, como mínimo, 250 euros adicionales al año por este fenómeno, conocido como progresividad en frío.
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Un ciudadano con una renta de 30.000 euros paga al año hasta 352 euros más en IRPF por esta circunstancia. El que tenga unos ingresos de 45.000 abona un extra de hasta 533 euros.
Quien cobre 70.000 euros, abona hasta 769 euros más. El ejemplo más elevado que ponen los economistas es una renta de 400.000 euros, que paga hasta 2.163 euros adicionales por la no deflactación del impuesto.
Este extra es consecuencia de no ajustar el impuesto a la inflación acumulada entre 2022 y 2026, indican los economistas, que admiten que varias comunidades autónomas sí han aplicado la susodicha deflactación. Aunque lo han hecho sólo ocasionalmente y no todos los años.
Durante la presentación de estos datos, Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente de los Economistas, avisaba de que es necesario abordar una revisión de la fiscalidad no sólo estatal, sino también regional.
Vorágine
"La vorágine normativa de las comunidades autónomas sobre los tributos cedidos genera desigualdades entre los ciudadanos según sea el lugar de su residencia", avisa. Es decir, que vulnera la equidad fiscal.
"Los expertos del REAF han contabilizado, este año, más de 1.100 impactos normativos que constatan el uso intensivo de la actividad legislativa en materia fiscal de las comunidades autónomas, lo que dificulta enormemente el conocimiento de las normas fiscales por parte de los ciudadanos que tienen derecho a aplicarlas", añade.
Además, ha denunciado la "Improvisación sobre la aplicación de las normas" fiscales a escala estatal. "Es una situación legislativa que deriva de la política".
