Montero deja Hacienda tras ocho años de subidas de impuestos, sin reforma fiscal, ni financiación autonómica

Acaban así casi ocho años de mandato fiscal en los que la política y médica (su formación) ha ejecutado casi un centenar de subidas tributarias y ha creado nuevos impuestos.

Pero poco más. La que hasta ahora era una de pocas las integrantes del Gobierno que se mantenía desde la llegada de Pedro Sánchez con la moción de censura de junio de 2018, ha incumplido la gran mayoría de sus compromisos.

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La reforma fiscal nunca se ha ejecutado (al menos por completo), la propuesta de financiación autonómica tampoco se ha llevado al Congreso y no ha habido Presupuestos Generales del Estado nuevos desde 2023, antes de que empezara esta legislatura.

Un periodo, por cierto, en el que la recaudación de las Administraciones Públicas se ha disparado. Se ha pasado de los 208.685 millones de euros de 2018 a los 320.000 estimados de 2025. Un 53,3% más que ingresos anuales en sólo ocho años.

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Montero llegó de Andalucía donde acumuló cargos públicos durante 14 años en la Junta del PSOE (desde 2024) para estrenarse como ministra en el primer gobierno de Sánchez en 2018.

Debutó con una dura negociación con Podemos. Y de dicho diálogo salió un proyecto presupuestario que se truncó desde el principio, con una enmienda a la totalidad.

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No sería un comienzo fácil, en especial porque desde un comienzo estuvo en el ojo público al compaginar su cargo con el de Ministra Portavoz y ser la cara visible del incipiente gobierno socialista.

Un cargo que mantiene hasta julio de 2021 cuando se centra exclusivamente en el Ministerio de Hacienda. Con la llegada de la nueva legislatura (en noviembre de 2023) asume la responsabilidad de vicepresidenta cuarta.

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Y en diciembre es designada vicepresidenta primera en sustitución de la entonces ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que se marchó a dirigir el Banco Europeo de Desarrollo (BEI).

Como ella misma dijo, deja la Moncloa como "la mujer que más poder ha acumulado en la historia de la Democracia", aunque siempre sometida a unos irregulares apoyos parlamentarios y al cálculo político de Pedro Sánchez, que ha supeditado su estabilidad política a la gestión fiscal.

Como sus principales hitos destaca la aprobación de tres Presupuestos Generales del Estado (PGE) consecutivos (2021, 2022 y 2023) pero con cinco fracasos (2019, 2020, 2024, 2025 y 2026).

Fondos europeos

En una de sus últimas declaraciones como ministra ha dicho que las cuentas de 2026 "están listas", pero que tocará a su sucesor presentarlas. Una promesa con escasa credibilidad ya que lleva un año repitiendo el mismo mantra y anunciando unos PGE que nunca llegaron.

Desde la salida de Calviño en diciembre de 2023 asumió en solitario la gestión de los fondos europeos Next Generation. Donde tampoco se ha realizado una gestión óptima.

España ha adjudicado hasta la fecha 65.390 millones de euros, una cifra insuficiente a falta de siete meses para que expire el plazo para gastarlos.

Nuevos impuestos

De esta manera, después de cuatro años del Plan de Recuperación, cada vez está más cerca la posibilidad de que España tenga que renunciar a una parte importante de estos recursos. Un montante que varios expertos consultados por este diario cifran en torno a los 20.000 millones.

Desde el punto de vista fiscal, ha impulsado más de 80 subidas de impuestos y cotizaciones sociales, según los cálculos de diversos economistas, incluyendo nuevos impuestos (banca, energéticas, plásticos, residuos, tasa digital) y el alza de IRPF para algunos tramos, Sociedades y para grandes fortunas.

Es verdad que en los últimos cinco años la recaudación por IVA se ha disparado por el crecimiento de la inflación, pero también es cierto que gran parte del aumento de los ingresos fiscales viene de la subida de los impuestos a las rentas del trabajo, algo que se atribuye directamente al aumento de la presión fiscal.

Financiación autonómica

Sin embargo, su gran punto en contra ha sido la imposibilidad de cerrar una nueva financiación autonómica. Desde que comenzara esta legislatura ha negociado con los partidos independentistas y nacionalistas de Cataluña y de País Vasco, pero sin llegar a nada claro.

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